El año fiscal

Los delitos que se cometen en España están adquiriendo formas de insólita agresividad, y concretamente los delitos terroristas llegaron a alcanzar cotas inimaginables durante 1980, según la memoria del fiscal general del Estado. El caudal delictivo se mantuvo en niveles ordinarios y se instruyeron 12.773 procesos menos que en el año anterior, pese a lo cual existe el dato preocupante de que los delitos acceden a formas más amenazantes y peligrosas.En el año 1980 se incoaron en España 747.806 procesos. Los delitos que más aumentan son los dirigidos contra la seguridad interior del Estado...

Los delitos que se cometen en España están adquiriendo formas de insólita agresividad, y concretamente los delitos terroristas llegaron a alcanzar cotas inimaginables durante 1980, según la memoria del fiscal general del Estado. El caudal delictivo se mantuvo en niveles ordinarios y se instruyeron 12.773 procesos menos que en el año anterior, pese a lo cual existe el dato preocupante de que los delitos acceden a formas más amenazantes y peligrosas.En el año 1980 se incoaron en España 747.806 procesos. Los delitos que más aumentan son los dirigidos contra la seguridad interior del Estado -en los que se incluyen atenados y desacatos-, la salud pública -comprendido el problema de la droga-, los homicidios y, los denominados delitos contra la honestidad.

La nieniorlzi del fiscal comenta que las violaciones en grupo aparece como una nueva forma delictiva, en la que los componentes de dichos grupos «abusan salvaje y sucesivamente de sus cuyas vivencias de atroz y a veces prólongada brutalidad deja profundas huellas en aquella, contribuyendo a la creación de una atmósfera de zozobra e inseguridad ciudadana».

Por lo que se refiere a delitos de robo (210.517 en total, 1.276 más que en el año anterior), se detecta con frecuencia la utilización de armas peligrosas y letales, «con indiferente desprecio por la vida humana, al punto de ocasionar la muerte ociosa e innecesaria a sus Cines».

A su vez, los delitos contra el honor aumentaron en un 10%. A este respecto, la memoria dice que «el uso natural y necesario de la libertad de expresión y el deber de respeto a la imagen, intimidad o buen nombre de los demás entran en una situación esencialmente conflictiva con ocasión de la lucha política».

Por lo que se reciere al terrorismo, en 1980 resultaron víctimas del mismo 121 personas, y asimismo fueron heridos 78 civiles, seis militares y 48 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

El fiscal destaca, no obstante, que la principal preocupación del Estado en 1980 fue el hallazgo de los medios adecuados para conbatir el terrorismo con eficacia, y alude a las disposiciones legales elaboradas ese año. Asimismo destaca dos notas positivas en la lucha contra el terrorismo: el despertar de la solidaridad ciudadana en lo que se refiere a España y el principio sostenido por el Gobierno británico respecto al carácter no político del delito terrorista.

Buena parte de la Memoria está dedicada a destacar el ritmo acelerado del tráfico de estupefacientes. «La penetración de buena parte de la sociedad española en el mundo apocalíptico de la droc,a se ha consolidado», asegura el fiscal. En 1980. fueron detenidas 9.176 personas por tenencia y tráfico de estupefacientes, y decomisados 11. 156 kilos de cannabis, 58.192 gramos de cocaína, 6.129 gramos de heroína y 14.868 dosis de LSD. Treinta personas murieron por sobredosis.

Las causas criminales incoadas por infracciones relacionadas con la libertad de expresión descendieron espectacularmente. En Madrid fueron planteadas ocho querellas por el ministerio público: dos por delito de escándalo público, una por delito contra la religión católica y cinco por injurias a clase determinada del Estado.

La Memoria atribuye ese descenso al «reconocimiento por la Prensa de que el ejercicio a la libre información no es absoluto e ilimitado», y a la mayor comprensión de los citados en las informaciones respecto a que «la crítica, cuando no tiene por fin la injuria o el menosprecio, redunda en beneficio de todos».

«Problema candente y que no puede soslayarse», añade el fiscal, «es el que plantea el secuestro de publicaciones. Desaparecido el secuestro administrativo y dejando la posibilidad de la medida al arbitrio judicial, surge aquél, dado el plazo perentorio de media hora que para el depósito de diarios y semanarios señala el artículo 12 de la vigente ley de Prensa. Tan corto lapso de tiempo impide el estudio del texto posiblemente delictivo, planteamiento de la querella, presentación de la misma al organismo judicial competente y que éste, en tiempo hábil, pueda realizar el secuestro acordado».