Una familia de emigrantes, arruinada por varios atentados en Francia, concentrada ante el Instituto de Emigración
Gabriel García Moreno, constructor, de cincuenta años, permanece desde el pasado martes con su mujer y sus ocho hijos ante las dependencias del Instituto Nacional de Emigración, en Rosales, 44, para recordar a las autoridades españolas la obligación de exigir al Gobierno francés el esclarecimiento de los atentados sufridos contra él y su empresa de construcción en la localidad francesa de Saint Flour en 1974, a causa de los cuales toda la familia retornó a España tras protagonizar una huelga de hambre bajo la torre Eiffel, en París.
Desde su regreso a España, la familia ha vivido en con...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Gabriel García Moreno, constructor, de cincuenta años, permanece desde el pasado martes con su mujer y sus ocho hijos ante las dependencias del Instituto Nacional de Emigración, en Rosales, 44, para recordar a las autoridades españolas la obligación de exigir al Gobierno francés el esclarecimiento de los atentados sufridos contra él y su empresa de construcción en la localidad francesa de Saint Flour en 1974, a causa de los cuales toda la familia retornó a España tras protagonizar una huelga de hambre bajo la torre Eiffel, en París.
Desde su regreso a España, la familia ha vivido en constantes condiciones de miseria sin que se llegaran a esclarecer las causas de las agresiones sufridas contra su persona y sin que haya podido recuperar los bienes industriales que poseía, que, según valoración propia, superaban los treinta millones de pesetas, entre la fábrica y los materiales de trabajo.Gabriel García asegura que no depondrá su actitud hasta que obtenga una respuesta formal sobre la investigación y las indemnizaciones que procedan. "Han pasado ocho años y continuamos en la misma situación, pero no estoy dispuesto a que me ocurra lo que a los agricultores españoles, que tengan que tragarse las agresiones francesas. Puede que me muera aquí sentado, pero no nos vamos a mover .
La familia se instaló en Saint Flour en 1960 y empezó a trabajar en la construcción. Nueve años después contaba con una empresa de prefabricados y otra de construcción..
El primer anuncio de lo que iba a ocurrir, sucedió la noche del 27 al 28 de marzo de 1974, cuando le desapareció el camióntaller que utilizaba para su trabajo. Al día siguiente presentó una denuncia en la comisaría, que fue rechazada. Días después, cuando se encontraba trabajando en la fábrica, siete individuos entraron y le propinaron una impresionante paliza, entre amenazas de que o se iba del pueblo o destruirían su industria. Durante las semanas siguientes se encontró con la sorpresa casi cotidiana de la desaparición de grúas, hormigoneras, mármoles y demás maquinaria y material de trabajo. La situacion llegó al extremo de que en octubre de 1974 se celebró una manifestación convocada por el sindicato de la pequeña y mediana empresa a la que asistieron miles de personas de la comarca.
Sin embargo, en mayo de 1975, cuando las cosas le empezaban a ir bien de nuevo, un grupo de diez personas le propinó una nueva paliza. Ante esta situación, la familia acordó abandonar el pueblo y trasladarse a la Embajada española en París.~
El embajador español se negó entonces arecibirles y fueron desalojados del lugar por la policía francesa, ante lo que se trasladaron a la torre Eiffel. Gabriel García comenzó una larga huelga de hambre, que concluyó 31 días después, a raíz de la visita del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina Mauri, quien le pidió que suspendiera la huelga y volviese a España, en donde se le solucionaría su problema económico, al-tiempo que aseguró que se exigirían responsabilidades al Gobierno francés. El huelguista aceptó la oferta y prescindió de la ayuda que en términos semejantes le había ofrecido la central socialista francesa.
De vuelta a España, se encontró con que el director del Instituto de Emigración, Jordana de Pozas, desconocía el caso y no asumió las promesas de Cortina. Solamente tres meses después, a visita diaria, consiguió que el Ministerio de la Vivienda le concediera un piso en San Blas; pero de las investigaciones e indemnizacioñes nadie se acuerda. Como medida de supervivencia, el Instituto le gestionó el cobro del seguro de desempleo (18.000 pesetas al mes), que dejó de percibir en enero de este año. La situación llegó a tal extremo que ahora carecen de lo más elemental para vivir y en Emigración no les reciben. Solamente ayer, al tener conocimiento de la presencia de periodistas, el director del Instituto, Eduardo Ameijide, le invitó a entrar para recordarle las ayudas prestadas a lo largo de estos años, y que. no se puede hacer nada más porque se "crearia una situación de privilegio". "Hemos hecho todo lo posible", dijo a EL PAIS Eduardo Ameiffide, "pero es un hombre que no se aviene a razones y que tengo la sospecha de que tiene problemas mentales", concluyó.