El Ayuntamiento de Pozuelo aprobó ayer el plan de ampliación de la Casa de Campo

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, con los votos en contra de los socialistas, aprobó definitivamente el plan de ampliación de la Casa de Campo, que supone, en líneas generales, la cesión de una parte del término municipal de Pozuelo a la Casa de Campo madrileña, y la construcción de unas 7.500 viviendas en la nueva línea fronteriza, dentro de Pozuelo.El pleno extraordinario convocado al efecto registró numerosos incidentes. El primero y más importante de ellos, denunciado por los concejales socialistas, consistió en que estuvieron presentes en la votación tres concejales, dos de UCD y uno...

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, con los votos en contra de los socialistas, aprobó definitivamente el plan de ampliación de la Casa de Campo, que supone, en líneas generales, la cesión de una parte del término municipal de Pozuelo a la Casa de Campo madrileña, y la construcción de unas 7.500 viviendas en la nueva línea fronteriza, dentro de Pozuelo.El pleno extraordinario convocado al efecto registró numerosos incidentes. El primero y más importante de ellos, denunciado por los concejales socialistas, consistió en que estuvieron presentes en la votación tres concejales, dos de UCD y uno de CD, que son familiares directos de personas propietarias de parte de los terrenos en cuestión. Estos tres concejales, en virtud de esa relación directa con personas interesadas en la aprobación del plan, no habían estado presentes en ningún pleno en el que se tratara el tema desde la constitución del nuevo Ayuntamiento. Sin embargo, ayer sí lo hicieron, y votaron a favor. De haber estado ausentes, el plan no habría sido aprobado, ya que UCD y CD suman once votos, mientras que los seis socialistas, un concejal comunista y tres de la Candidatura del Pueblo (de tendencia izquierdista) hubieran sumado diez votos en contra.

El alcalde, al contrario, señaló a EL PAIS que los tres concejales en cuestión consultaron con sus abogados, y que él mismo elevó una consulta a la Dirección General de Administración Local, y todas las respuestas lo fueron en el sentido de que no existía «interés directo» en el tema por parte de los concejales y que podían hacer uso de sus deberes y obligaciones como tales.

La presencia de los tres concejales en cuestión motivó el que el único concejal comunista y dos de la Candidatura del Pueblo abandonaran la sala en señal de protesta. El tercer concejal de esta última se abstuvo, y los cuatro concejales socialistas presentes votaron en contra. Otro concejal socialista estaba de viaje, y el sexto, Carmelo Criado, presentó su dimisión como tal precisamente por entender que el PSOE no había actuado con suficiente dureza.

En el pleno, el alcalde de Pozuelo, el ucedista Juan Carlos García de la Rasilla, explicó que la Junta de Compensación de Promotores del Plan de Ampliación, la inmobiliaria Urbis entre ellos, estaba dispuesta a hacer una serie de concesiones importantes que justificaban su aprobación definitiva. Entre estas concesiones se incluyen un compromiso de las empresas promotoras de aportar cincuenta millones de pesetas para la construcción de un colector, realizar viales y servicios de urbanización previstos en el plan parcial, compromiso con el Canal de Isabel II para asegurar el abastecimiento de agua a las nuevas edificaciones y encargarse de las conexiones necesarias con la red del pueblo, y, en general, ceder más suelo al Ayuntamiento.

Un portavoz de los concejales socialistas declaró ayer a EL PAIS que su grupo valora positivamente dichas concesiones, pero que entienden que el problema real es que el Plan no tiene en cuenta los intereses de los habitantes de Pozuelo, sino exclusivamente el de las inmobiliarias.