Querella contra policías en Valladolid por presuntas torturas
Treinta y siete personas han presentado una querella criminal en uso y ejercicio de la acción pública contra los policías de la Brigada de Información que tomaron declaración y participaron directamente o cooperaron en los presuntos malos tratos sufridos por Luis Angel Rodrigo, Mari Luz Prieto y Consuelo López, supuestos miembros del PC (i) entre el 10 y el 17 de noviembre de 1980, fecha en que los tres pasaron a disposición judicial.Los detenidos presentaron el 20 de noviembre una denuncia por presuntas torturas en la comisaría vallisoletana. Entre otros datos se aporta una declaración de los...
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Treinta y siete personas han presentado una querella criminal en uso y ejercicio de la acción pública contra los policías de la Brigada de Información que tomaron declaración y participaron directamente o cooperaron en los presuntos malos tratos sufridos por Luis Angel Rodrigo, Mari Luz Prieto y Consuelo López, supuestos miembros del PC (i) entre el 10 y el 17 de noviembre de 1980, fecha en que los tres pasaron a disposición judicial.Los detenidos presentaron el 20 de noviembre una denuncia por presuntas torturas en la comisaría vallisoletana. Entre otros datos se aporta una declaración de los afectados, un parte médico expedido a Mari Luz Prieto, dos informes del médico forense y un escrito firmado por un llamado colectivo D, en el que se facilitan los nombres de algunos de los supuestos autores de los malos tratos. «En los informes médicos se da cuenta de una serie de lesiones extrañas», dicen los querellantes, «como hematomas en varias partes del cuerpo y, de manera especial, entre los dedos de las manos».
En la acción pública se solicita la práctica de varias diligencias: confirmación de que los detenidos estuvieron en comisaría en las fechas mencionadas, que la policía revele la identidad de los funcionarios que intervinieron en los interrogatorios y el reconocimiento «en rueda» de los denunciantes. «Las dos primeras», añade el escrito, «fueron denegadas, y los policías presuntamente implicados manifestaron al juez que los detenidos poseen un manual de instrucciones de tortura».