Los ingenieros de 28 diputaciones inician un movimiento de apoyo a sus compañeros expedientados en Madrid

Los ingenieros de veintiocho diputaciones provinciales españolas se reunieron el pasado 14 de noviembre en Madrid y acordaron la constitución de una asociación de defensa de sus intereses. Dicha reunión ha sido analizada en medios oficiosos de la Diputación madrileña como la formación de un grupo de presión, integrado por profesionales que ostentan el casi monopolio de la dirección de obras de todas las diputaciones del país, que alcanzan un volumen muy importante. Una de las conclusiones de la reunión fue precisamente exigir del Colegio de Ingenieros el apoyo a Manuel Bada, sobre el que actua...

Los ingenieros de veintiocho diputaciones provinciales españolas se reunieron el pasado 14 de noviembre en Madrid y acordaron la constitución de una asociación de defensa de sus intereses. Dicha reunión ha sido analizada en medios oficiosos de la Diputación madrileña como la formación de un grupo de presión, integrado por profesionales que ostentan el casi monopolio de la dirección de obras de todas las diputaciones del país, que alcanzan un volumen muy importante. Una de las conclusiones de la reunión fue precisamente exigir del Colegio de Ingenieros el apoyo a Manuel Bada, sobre el que actualmente pesa un expediente disciplinario por presunta apropiación indebida de fondos públicos.

El convocante de la reunión, oficialmente, fue José María Gómez-Morán Cima, de la Diputación de Oviedo, y asistieron, además de él mismo, ingenieros de las de Cuenca, Badajoz, Cádiz, Cáceres, Baleares, León, Valencia, Córdoba, Orense, Alicante, Sevilla, Lugo, Guadalajara, Huelva, Ciudad Real, Zaragoza, Teruel, Segovia, Madrid, Albacete, Pontevedra y Toledo. No asistieron, aunque estaban representados por algunos de los asistentes, los ingenieros de Huesca, Bilbao y Navarra. La reunión se celebró en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Madrid, y las conclusiones de la misma se enviaron exclusivamente a aquellos profesionales que ejercen su actividad corno funcionarios en las diputaciones.Los acuerdos fueron: constituir una asociación de ingenieros de caminos funcionarios provinciales, y delegar en los señores Gómez-Morán. (Oviedo), Huseros (Segovia), Bada (Madrid) y Carpintero (Guadalajara), y como sustituto, Criado (Guadalajara), para que se realicen los trámites fundacionales y redacten el proyecto de estatutos.

El punto que puede ser polémico acuerda «exigir del Colegio se esfuerce con todos sus medios en la defensa de los intereses, prestigio y dignidad de nuestro compañero Manuel Bada y ofrecernos personalmente todos y cada uno de los asistentes para cuanto pueda ir en favor de dicho fin».

Los puntos siguientes están también relacionados con este tema. El punto cuarto «lamenta la ausencia en la comisión del Colegio que entiende sobre la cuestión anterior de un representante de los ingenieros provinciales», y el quince exige «que en todas las cuestiones que atañen a nuestra actuación profesional el Colegio cuente con nuestra participación de forma relevante. Protestar por el hecho de que se ha formado una comisión de la zona central en este sentido sin contar con nuestra colaboración».

Estos tres puntos significan, de hecho, que el Colegio abandone el papel de juez que le corresponde en el expediente disciplinario abierto, para pasar a ser beligerante a favor de Bada. De acuerdo con la normativa vigente, el expediente disciplinario y administrativo que se sigue en la Diputación madrileña contra Bada no puede fallarse por el juez instructor, el diputado socialista José Borrell, hasta que el Colegio Oficial al que pertenezca el encausado no haya dictaminado sobre dos cuestiones esenciales: si efectivamente hubo o no hubo falta y si los trámites legales de todo el expediente se han llevado a cabo con la más escrupulosa formalidad legalista.

El Colegio de Ingenieros de Caminos ha creado una comisión para que dictamine sobre este asunto, y es en dicha comisión donde los ingenieros provinciales protestan por no estar presentes. El dictamen del Colegio se une al expediente, y sólo después de este trámite, Borrell estará en condiciones de proponer a la Diputación unas conclusiones, que en este caso, posiblemente, sean sancionadoras.

El último acuerdo de la reunión dice: «Prestar nuestro apoyo a las actuaciones del Colegio en el caso de nuestro compañero Eduardo Sanz Camarillo, por considerar las acciones de la Diputación de Teruel en contra de lo dispuesto en el artículo 7º de la ley de Carreteras». Sanz Camarillo fue otro de los asistentes a la reunión.

Otro ingeniero de caminos consultado por EL PAÍS expresó su opinión de que los que convocaron y asistieron a la reunión estarían, al parecer, preocupados por mantener la situación de privilegio profesional en que hoy se encuentran, ya que prácticamente monopolizan las obras públicas acordadas por las diputaciones, y que suponen un número de proyectos y un nivel de inversión monetaria muy considerable. Un sector de los ingenieros de caminos estarían en contra de esta situación, aunque el Colegio Oficial no se ha definido todavía claramente sobre el tema.

También las diputaciones se reunirán

La reunión de los ingenieros provinciales se ha producido tres semanas antes de la que tienen previsto celebrar los diputados responsables del área de Vías y Obras de las diputaciones del país. En este caso, es presumible que la mayoría de los que asistan pertenezcan a partidos de la izquierda. Desde hace meses, los responsables de dicha área mantienen contactos informales, y a raíz de saltar a la Prensa el asunto de las supuestas percepciones ilegales de los ingenieros madrileños se acordó celebrar dicha reunión de responsables de Vías y Obras. La fecha prevista parece ser el próximo día 5 o 12 de diciembre, y el orden del día incluye, entre otros temas, el de los honorarios de los ingenieros y la reestructuración del funcionamiento del servicio.Preguntado Lorenzo Hernández, diputado comunista por Madrid, responsable de Vías y Obras, sobre la reunión de los ingenieros, manifestó que no tenía conocimiento de la misma ni, lógicamente, de los acuerdos tomados, sobre los que prefirió no pronunciarse.