Solicitud de aumento del precio del carbón en un 22%
La patronal del carbón (Carbunión) ha solicitado un aumento del 22,06% en los precios de este producto para 1981, según el texto de una circular enviada por la asociación de antracitas de León a los empresarios mineros. La petición fue presentada el pasado viernes directamente al ministro de Industria, Enrique Bayón, y al director general de Minas, García Eygorri, durante una reunión con representantes de la patronal.La subida podría entrar en vigor a primeros de año, aunque se da como probable que el Ministerio reduzca su cuantía a un 15 % o 20 % de incremento, siguiendo un proceso negociador...
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La patronal del carbón (Carbunión) ha solicitado un aumento del 22,06% en los precios de este producto para 1981, según el texto de una circular enviada por la asociación de antracitas de León a los empresarios mineros. La petición fue presentada el pasado viernes directamente al ministro de Industria, Enrique Bayón, y al director general de Minas, García Eygorri, durante una reunión con representantes de la patronal.La subida podría entrar en vigor a primeros de año, aunque se da como probable que el Ministerio reduzca su cuantía a un 15 % o 20 % de incremento, siguiendo un proceso negociador similar al de años anteriores. Inicialmente, algunos sectores empresariales, vinculados sobre todo a la pequeña y mediana empresa del grupo de antracitas, habían solicitado incrementos del orden del 32% para hacer frente al déficit de explotación acumulado durante los últimos años (alrededor de 1.500 pesetas por tonelada). La petición de la patronal supone el abandono, al menos por un año, de la llamada fórmula paramétrica para la revisión automática de los precios del carbón térmico, anunciada por el Gobierno en el Plan Energético Nacional, que exigía un estudio regionalizado sobre costes de producción y, paralelamente, la Aplicación de precios y subidas de distinta cuantía. La sustitución de la fórmula paramétrica por nuevos precios políticos negociados entre la gran patronal y la Administración perjudica a las pequeñas empresas.