El Consejo de Europa se ocupa del olimpismo
Generalizada parece la opinión de que el olimpismo atraviesa uña crisis, de la que sólo podrá salir profundamente reformado. A causa de lo cual, lo peor que le puede ocurrir a nuestro fenómeno es que sus problemas se olviden en el lapso cuatrienal que media entre cada olimpiada, y se caiga así en el letargo únicamente superado en las fechas inmediatas y posteriores a tal celebración.En este marco es importante que los foros de discusión internacional tomen conciencia de modo progresivo de la situación. Más si se trata de instituciones tan prestigiosas, como el Consejo de Europa, que, al amparo...
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Generalizada parece la opinión de que el olimpismo atraviesa uña crisis, de la que sólo podrá salir profundamente reformado. A causa de lo cual, lo peor que le puede ocurrir a nuestro fenómeno es que sus problemas se olviden en el lapso cuatrienal que media entre cada olimpiada, y se caiga así en el letargo únicamente superado en las fechas inmediatas y posteriores a tal celebración.En este marco es importante que los foros de discusión internacional tomen conciencia de modo progresivo de la situación. Más si se trata de instituciones tan prestigiosas, como el Consejo de Europa, que, al amparo de que el olimpismo desborda la mera vertiente deportiva y afecta a las propias raíces de la civilización europea, así como a sus condiciones futuras, se ha ocupado recientemente del tema en su sesión del 26 de septiembre de 1980, tomando como punto de arranque un informe de la Comisión de Cultura y de Educación. Fruto de este debate ha sido la recomendación 900 (1980) referente a los juegos olímpicos y a sus perspectivas de futuro. De todos estos documentos nos ocupamos de seguido.
El informe del señor Druori, en el que se inspiró la recomendación comentada, parte de una premisa de indiscutible verdad: ¿quién se atrevería a negar que reformas y nuevas directrices, inspiradas en el criterio de vuelta a las fuentes, no son indispensables si se quiere perpetuar a los juegos con las significaciones que les son inherentes? A partir de ahí, y tras un estudio, histórico del antiguo y moderno olimpismo, se llega a la conclusión de que a éste le aqueja una acentuada degradación por motivos políticos. Junto a ello se denuncian las lacras que atacan al verdadero espíritu olímpico. Unas de carácter deportivo: la multiplicación de disciplinas, que devalúa las olimpiadas; la presencia cada vez más acusada de los deportes de equipo, frente a las antiguas celebraciones, que sólo conocían los individuales, que fomentan el patrioterismo; la excesiva preparación de los concursantes, que les convierte más en máquinas que en personas en el más amplio sentido de la palabra. Otras de índole económica: el gigantismo, el cual, por los desembolsos que comporta, hace casi imposible en la práctica el principio de rotación de los juegos, ya que únicamente los Estados más poderosos están en condiciones de afrontar tal tarea, y, por fin, la realidad de que aquéllos, más que encuentros deportivos se han convertido en ferias comerciales.
Salvar las Olimpiadas
A la vista de estas circunstancias, la cuestión que plantea el documento comentado es: ¿interesa salvar a las olimpiadas? La respuesta es categórica; sin lugar a dudas, que sí; su razón justificativa no puede ser más convincente y certera: el movimiento olímpico es la expresión de una concepción ideal del hombre y, por ende, de una forma de esperanza para nuestra civilización amenazada.
En efecto, además de la sustitución de los himnos y banderas nacionales por los olímpicos, medidas sólo complementarias o coadyuvantes, propone la puesta en marcha del principio de vuelta a las fuentes. Este postulado tendría como fruto principal la fijación de la sede permanente de los juegos en Grecia, y como secundarios: la simplificación de las competiciones, la supresión del mercantilismo a ultranza, el restablecimiento de los lazos entre las artes y el deporte y, por último, el reencuentro del espíritu de tregua propio de las antiguas olimpiadas.
El punto más destacado de este planteamiento es el de la nueva localización en el solar heleno. En tal sentido, y como fruto de una visita a Grecia de una delegación del Consejo de Europa, Druori propone como futuro emplazamiento olímpico el sur de Pyrgos, entre Epitalión y Zakharo, y el nombre de «Nea Olimpia» para la ciudad olímpica del porvenir. Las ventajas de esta medida, muchas: el escenario griego sería el único aceptado por todas las naciones de buena fe como lugar olímpico; el gigantismo quedaría paliado, pues las instalaciones, con las mejoras oportunas, serían siempre las mis mas y, para acabar, se crearía un foco mundial, permanente y no sólo utilizado cada cuatro años, de entendimiento y comprensión a través de la cultura y del deporte. Para conseguir todo esto el ponente señor Druon sugiere un estatuto internacional de nuevo cuño para la futura localización olímpica: Grecia estaría dispuesta a consentir, según se lee en el informe, una especie de suspensión del ejercicio de su soberanía sobre una porción de su territorio en favor del Comité Olímpico Internacional de modo temporalmente ilimitado. Lo cual, por otra parte, serviría, como ya hemos escrito en alguna ocasión, para objetivizar el lugar de los Juegos y situarlo por encima de las vicisitudes políticas del organizador. El esfuerzo económico que su pondría adecuar las nuevas instalaciones olímpicas a la altura precisada por el deporte actual requeriría -justa contrapartida de la internacionalización- una participación de la comunidad mundial -Estados y organizaciones supranacionales- en su financiación, tarea que, como es claro, no podría quedar en exclusiva en manos de la nación griega.
La Asamblea del Consejo de Europa, inspirándose en el informe glosado, acordó el día 26 de septiembre último, entre otros extremos, que todas las autoridades públicas, organizaciones internacionales y organismos internacionales o nacionales competentes aúnen sus esfuerzos para poner remedio a la politización, el gigantismo, a la comercialización y a todas las desviaciones que comprometen la supervivencia de los Juegos Olímpicos; que a tal efecto, de ahora en adelante, los Juegos Olímpicos de verano se celebren, regularmente y a título definitivo, en un mismo lugar, en su tierra de origen, en las proximidades de Olimpia; que ese lugar, designado como «Nea Olimpia», sea dotado de un estatuto internacional apropiado y emplazado bajo la autoridad del Comité Olímpico Internacional, y que se adopten las disposiciones que permitan llevar a cabo las instalaciones de «Nea Olimpia» gracias a una financiación internacional.
Un paso importante
La recomendación de la Asamblea del Consejo de Europa relativa al olimpismo entraña una gran significación político-deportiva.
En sus consideraciones bulle la idea de que el olímpico es un fenómeno que se incardina en el cimiento de lo que puede denominarse cultura europea y, por consecuencia; mundial y que ha rebasado con creces las fronteras deportivas para situarse entre las preocupaciones de organismos políticos internacionales.
Al propio tiempo es síntoma de que paulatinamente va germinando la conciencia de que el movimiento olímpico no puede continuar por los mismos raíles por los que hasta ahora ha transitado. En esta línea, el estado de opinión internacional de que el olimpismo, que es mucho más que la cita de cada cuatro años, reclama reformas en profundidad, tiene necesariamente que influir en el ánimo de aquellos miembros del Comité Olímpico Internacional que todavía no se acaban de decidir a emprender la senda renovadora.
El camino a seguir es el apuntado por la Asamblea del Consejo de Europa en la recomendación comentada, imbuida, por otra parte, de amor y comprensión hacia el ideario de Pierre de Coubertin. Empero, este es un cometido que si se quiere llevar a feliz puerto precisa prudencia en los métodos y energía en los fines, lo cual tanto tiene que ver con el dicho de «sin prisa, pero sin pausa», actuar tan querido para el actual presidente del Comité Olímpico Internacional, nuestro compatriota Juan Antonio Samaranch.
Luis María Cazorla Prieto es abogado del Estado y letrado de las Cortes Generales.