Vecinos de una urbanización de Tenerife se niegan a pagar la contribución

Quinientas setenta y seis familias, que habitan en la urbanización de viviendas sociales César Casariego, en Santa Cruz de Tenerife, se niegan a abonar al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) la cantidad de 5.000 pesetas, que éste les exige en concepto de amortización mensual. Los vecinos consideran que la misma es excesiva y la comparan con la de otras urbanizaciones similares en la isla, que no superan las 2.500 pesetas.«Nos resistimos a pagar dicha suma y a firmar los contratos que nos proponen, porque los que aquí vivimos somos gente poco pudiente, y por eso, precisamente, se no...

Quinientas setenta y seis familias, que habitan en la urbanización de viviendas sociales César Casariego, en Santa Cruz de Tenerife, se niegan a abonar al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) la cantidad de 5.000 pesetas, que éste les exige en concepto de amortización mensual. Los vecinos consideran que la misma es excesiva y la comparan con la de otras urbanizaciones similares en la isla, que no superan las 2.500 pesetas.«Nos resistimos a pagar dicha suma y a firmar los contratos que nos proponen, porque los que aquí vivimos somos gente poco pudiente, y por eso, precisamente, se nos concedieron estas viviendas sociales», declaró Valentín Estévez, presidente de la asociación de vecinos de la comunidad.

Las quejas de los vecinos hacen alusión, además, a las deficiencias de construcción e infraestructura con que les fueron entregadas las viviendas. «Las cocinas no están azulejadas, los cuartos de baño están incompletos, los desagües son insuficientes para desalojar las aguas negras, no hay alumbrado público y hasta las puertas fueron hechas con un material demasiado frágil». Asimismo, solicitan una distribución menos discriminatoria de las casas.

Estas familias empezaron a vivir en dicha urbanización en marzo de, 1979. y hasta un año después no recibieron los primeros recibos de amortización. El delegado provincial del MOPU. José Sáenz. señaló a este periódico que «los vecinos se equivocan al establecer comparaciones con otros polígonos de viviendas sociales de concesión anterior, ya que los costes aumentan, y para eso está la ley de Protección Pública de la Vivienda».