El pleno de la diputación recorta el poder personal de su presidente

El pleno de la Diputación Provincial de Madrid aprobó ayer la creación de un consejo de coordinación por el que el presidente de este organismo, Carlos Revilla, delega poderes en los diputados presidentes de comisiones. Este consejo estará integrado por el presidente de la diputación, los dos vicepresidentes, diez diputados socialistas y cinco comunistas.

Los diputados centristas se abstuvieron en la votación de este punto sin plantear grandes problemas, para pasar después a dar una dura batalla en temas de poca importancia y en términos, que obligaron al vicepresidente Luis Larroque a ...

El pleno de la Diputación Provincial de Madrid aprobó ayer la creación de un consejo de coordinación por el que el presidente de este organismo, Carlos Revilla, delega poderes en los diputados presidentes de comisiones. Este consejo estará integrado por el presidente de la diputación, los dos vicepresidentes, diez diputados socialistas y cinco comunistas.

Los diputados centristas se abstuvieron en la votación de este punto sin plantear grandes problemas, para pasar después a dar una dura batalla en temas de poca importancia y en términos, que obligaron al vicepresidente Luis Larroque a invitarles a visitar el juzgado de guardia.La sesión ordinaria -se celebró otra extraordinaria destinada a la aprobación de presupuestos para llevar agua a varios pueblos- entró en materia al dar lectura, el presidente, de los decretos en los que se recoge la creación del mencionado consejo de coordinación. Este se reunirá semanalmente y los temas que se traten se aprobarán por mayoría, excepto que los asuntos tratados requieran ser discutidos por la asamblea de diputados, que forman la mayoría.

Ataque del ex presidente centrista

Después de que Enrique Castellanos, portavoz de UCD y último presidente digital de este organismo, calificara el proyecto de "fantasmada», se produjeron varias intervenciones en las que no hubo excesiva beligerancia. Al llegar al punto veinticuatro, relativo a la compra de una nave industrial en Alcobendas para instalar en ella la imprenta provincial, la sesión -que se prolongaría durante cinco horas largas- cambió de tono con las reiteradas y agrias intervenciones del señor Castellanos.

Este leyó una carta firmada por 34 de los 36 trabajadores de la imprenta -distribuida minutos antes- en la que se asegura que el traslado es innecesario, y protestan por lo que ellos consideran u n trato discriminatorio ante las cuatro personas que han llegado a este departamento como expertas en la renovación tecnológica de la imprenta.

El diputado socialista Luis Moreno aseguró que el traslado de los trabajadores no va a suponer ninguna clase de problemas, y recordó que son también el cuerpo que más altos salarios tiene dentro de la diputación.

La distribución de la carta fue aprovechada por Enrique Castellanos para asegurar que, tanto él como su grupo, tienen un total respeto por el funcionariado, y pidió que el tema quedara sobre la mesa hasta que el equipo de gobierno de la diputación negociara una solución con los trabajadores. El presidente Revilla contestó que el tema había llegado con carácter de urgencia y se pasó a la votación, con el resultado de veintisiete votos a favor de la compra de la nave y veintiuno en contra.

Las polémicas tuvieron un pequeño respiro al someterse a aprobación el programa de otras extraordinarias, previsto para 1980 en la provincia, valoradas en 2.441 millones de pesetas. Para ello, hubo total acuerdo con todos los pueblos, a excepción de Galapagar, donde la corporación municipal insiste en realizar las obras de una manera en la que el presidente de la comisión de cooperación, de la que dependen estos temas, no está de acuerdo. El milagro se produjo cuando al intervenir Enrique Castellanos no sólamente afirmó que su grupo respaldaba y aprobaba el programa, sino que felicitó al presidente de dicha comisión en unos términos altamente elogiosos.

El presidente del Consejo de Administración de la Fundación Provincial de Abastecimientos, señor Gutiérrez, diputado comunista, expuso en un punto determinado del pleno una serie de irregularidades existentes en la fundación. Estas consisten en que sóla mente un 30% de los objetos que han entrado al almacén -estaban destinados a abastecer a las 20.000 personas de los centros de la diputación- han sido controlados y que prácticamente toda la mercancía ha sido adquirida a intermediarios, con el consiguiente encarecimiento de los productos. El señor Gutiérrez aseguró que entre los productos almacenados hay cosas tan sorprendentes como 10.000 botellas de whisky, y terminó asegurando que en las memorias de la gestión .se recoge un número indeterminado a distintas regiones para conocer los productos de origen, hecho injustificado cuando los productos se estaban comprando a intermediarios. Para aclarar todo ello se anunció la creación de una auditoría, cuyos estudios determinarán las responsabilidades de cada cual.

Enrique Castellanos afirmó que su gestión había sido totalmente transparente y que ello le daba tranquilidad, pero que si les hubieran dejado entrar en el Consejo de Administración de la Fundación les hubieran ayudado a aclarar cosas.

Despues de este asunto, la tensión del pleno llegó a su peor punto, al llegar a una serie de temas de carácter laboral en los que UCD votó en contra de cuatro de ellos, de un total de seis que formaban el bloque. Los términos de legalidad e ilegalidad y política pro personal y antifuncionariado fueron machanocamente utilizados por los diputados.

Como final de las larguísimas discusiones, un grupo de trabajadores despedidos por la diputación que se encontraba en la tribuna pública y a los que Castellanos había defendido recurriendo a cierta dosis de demagogia, protagonizó un incidente cuando uno de ellos salió casi al centro de la sala y, tras dar unas palmadas, gritó un despectivo «viva» a la democracia. Otra de las despedidas le seguiría gritando que si no levantan el puño les ponen en la calle.

Agua para Fuenlabrada, Móstoles, Pinto y Parla

Inmediatamente después de la sesión ordinaria se celebró un pleno extraordinario en el que se acordé subvencionar el plan por el que los municipios de Fuenlabrada, Parta, Móstoles y Pinto podrán contar con agua potable por un importe de 211.237.904 pesetas, con cargo al presupuesto extraordinario.