Comandos de ETA y de los GRAPO juzgados en la Audiencia Nacional

Dos juicios, uno contra un comando de ETA Político- militar y otro contra cuatro miembros de los GRAPO, se celebraron ayer ante la Audiencia Nacional. En ambos juicios se produjo la expulsión de algunos de los procesados, que insultaron a los componentes del tribunal y manifestaron que únicamente podían ser juzgados por la clase obrera.En el juicio al comando de ETApm comparecieron Victorio Garay Zaureguizar, Gustavo Acevedo, Juan Ignacio Bilbao, Javier Esteban Visarte y Juan Ignacio Zárraga, acusados de un robo de escopetas y explosivos, de otro robo de armas y explosivos cuando eran transpor...

Dos juicios, uno contra un comando de ETA Político- militar y otro contra cuatro miembros de los GRAPO, se celebraron ayer ante la Audiencia Nacional. En ambos juicios se produjo la expulsión de algunos de los procesados, que insultaron a los componentes del tribunal y manifestaron que únicamente podían ser juzgados por la clase obrera.En el juicio al comando de ETApm comparecieron Victorio Garay Zaureguizar, Gustavo Acevedo, Juan Ignacio Bilbao, Javier Esteban Visarte y Juan Ignacio Zárraga, acusados de un robo de escopetas y explosivos, de otro robo de armas y explosivos cuando eran transportados de Bilbao a Santander y de un atraco a la sucursal de Las Arenas (Bilbao), el 17 de enero de 1978, por valor total de ocho millones de pesetas. El fiscal solicita para Garay penas que suman 33 años de privación de libertad, dos para Acevedo, veinte para Bilbao, 31 para Vidarte y quince para Zárraga. Los procesados Acevedo y Bilbao fueron expulsados de la sala de audiencia, así como el público, que aplaudió las palabras de este último procesado, que afirmó que debía ser juzgado por un tribunal compuesto por la clase obrera de Euskadi.

Por su parte, los miembros de los GRAPO, José María Sánchez Casas, Alfonso Rodríguez García, María del Carmen López Anguita y Manuel Parodi fueron juzgados por el atraco cometido el 23 de junio de 1979 a la sucursal de la gestoría Toledo, situada en la calle del General Ricardos, de Madrid. Los procesados se confesaron, a lo largo del interrogatorio, autores del hecho que les imputa el fiscal. Este último solicitó para cada uno de los procesados cinco años de prisión menor. Sánchez Casas habló en nombre de todos los procesados y manifestó, en vez de contestar a las preguntas del fiscal, que había sido torturado en la cárcel de seguridad de Herrera de la Mancha. Parodi, por su parte llamó fascistas a los magistrados y agregó que únicamente podía ser juzgado por la clase obrera. El presidente del tribunal ordenó la expulsión de todos los procesados.