Noventa abogados denuncian ante la Audiencia presuntas torturas en Herrera de la Mancha

Noventa abogados de todas las zonas del Estado presentaron ayer ante la Audiencia Nacional una nueva querella contra el director, subdirector, tres jefes de servicio y diecisiete funcionarios de la cárcel de Herrera de la Mancha por torturas, coacciones, violaciones de correspondencia y privaciones indebidas a presos del citado centro penitenciario. Con éstos son ya 145 los abogados que han denunciado el trato a los internos en Herrera o se han querellado contra los responsables de la cárcel.

Según informó un grupo de letrados, la querella se presentó ante la Audiencia Nacional, dada la...

Noventa abogados de todas las zonas del Estado presentaron ayer ante la Audiencia Nacional una nueva querella contra el director, subdirector, tres jefes de servicio y diecisiete funcionarios de la cárcel de Herrera de la Mancha por torturas, coacciones, violaciones de correspondencia y privaciones indebidas a presos del citado centro penitenciario. Con éstos son ya 145 los abogados que han denunciado el trato a los internos en Herrera o se han querellado contra los responsables de la cárcel.

Según informó un grupo de letrados, la querella se presentó ante la Audiencia Nacional, dada la trascendencia del tema y la ideología, falta de medios para instruir un sumario al respecto, demostrada por el juez de Manzanares, Eduardo Hijas.Fuentes de los abogados denunciaron, asimismo, la nota policial distribuida hace unos días por el Gobierno Civil de Madrid, en la que se daba cuenta de la detención de ocho presuntos delincuentes de los que el principal encartado es Daniel Pont, antiguo y conocido miembro de la Coordinadora de Presos en Lucha (Copel), detenido cuando estaba en su casa.

Según los letrados, las acusaciones que se hacían a este grupo de detenidos era haber cometido un supuesto atraco, vender algunas cantidades de hachís y tener dos pistolas. La nota policial afirmaba que uno de los detenidos tenía documentos de la Copel -el más actual de ellos de hace dos años, según los abogados- Aunque posteriormente se dijo que los detenidos tenían planeado secuestrar a algunos jueces, por lo que pasaron diez días en poder de la policía al aplicárseles la ley antiterrorista, uno de los letrados presentes informó que el atestado remitido por la policía al juez central, «no hace ni remota alusión a esos hipotéticos secuestros, por lo que tal atestado fue remitido por el juez central al juzgado de instrucción ordinaria, dada la escasa consistencia de aquél».

Durante los diez días de detención, los interrogatorios policiales se centraron en la cárcel de Herrera de la Mancha y en los posibles conocimientos que los detenidos tuvieran de los abogados que presentaron la querella contra los funcionarios de la prisión.

Los letrados hablaron también sobre un télex de la agencia Europa Press, del pasado día 27 de febrero, según el cual la policía investigaba posibles relaciones entre los detenidos como presuntos miembros de Copel y GAPEL (Grupos Armados de Presos en Lucha) y algunos abogados. A juicio de los querellantes contra los funcionarios de Herrera, las fuentes de la noticia provenían de círculos penitenciarios y no policiales. «Hay dos grupos de policías», dijeron, «que le están segando la hierba bajo los pies a Francisco de Asís Pastor, jefe superior de policía de Madrid, y van contra la democracia de forma descarada. Ellos pretenden hacer un montaje de cierta envergadura para evitar que el asunto de Herrera de la Mancha siga adelante. »

Resucitar a Copel y GAPEL

«Las suposiciones de que algunos abogados estaban encubriendo o colaborando con grupos o bandas armadas, parten del Gobierno y son de hace unos meses», dijeron los letrados. «En un momento de baja de la imagen policial por las demostradas conexiones de algunos de sus miembros con la ultraderecha, necesitan jugar sucio con los abogados que no estamos dispuestos a callar. Por eso se han inventado el intento de resucitar la Copel y los GAPEL y no quieren admitir que la tortura sigue siendo una práctica generalizada en el Estado. Tras la detención de estos ocho supuestos relacionados con Copel y GAPEL, el juez del juzgado central levantó acta de que dos de ellos presentaban lesiones. Y al juez nadie le pidió que lo hiciera. Los ocho presuntos delincuentes fueron detenidos por policías del grupo cuarto de la brigada judicial. »Los abogados mostraron declaraciones de los presos sobre torturas en Herrera de la Mancha e hicieron un resumen de las épocas por las que había atravesado el tema de este centro, desde el final del mandato de García Valdés como director general, «con los intentos de mantener que nuestras denuncias provenían de enfrentamientos con él, por lo que habíamos ido a Herrera "a dar un paseo penitenciario", como decía el propio García Valdés».

La segunda etapa fue la petición de tres millones de pesetas de fianza para admitir la querella de 36 abogados y las negativas del juez Eduardo Hijas a admitir los procesamientos de seis funcionarios, pedidos por el fiscal. Dentro ya de la tercera etapa se pretenden demostrar conexiones entre abogados y presos. Finalmente, habría que reseñar las declaraciones del nuevo director general de Instituciones Penitenciarias, Enrique Galavís, hace unos días, en las que explicaba por qué estaba al frente de las cárceles un ingeniero electromecánico, como es él y no un jurista. Decía que hay que construir «cajones de hormigón armado». No puede negarse que Galavís es el López Rodó de las cárceles, el hombre del desarrollo carcelario a quien sólo le interesa construir edificios.