Funcionarios de Lugo piden la mediación de Suárez ante la Junta

Continúa el enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Lugo y la Junta de Galicia por el conflicto que desde el pasado mes de diciembre vienen manteniendo los funcionarios municipales, en reivindicación de demandas salariales y por la suspensión, por parte del ente preautonómico, de un acuerdo adoptado en el pleno municipal lucense, según el cual se recompensaba a cada uno de los funcionarios con la cantidad de 70.000 pesetas.Ahora, los funcionarios municipales del Ayuntamiento de Lugo han dirigido al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, una carta, acompañada de 260 firmas en la que critican c...

Continúa el enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Lugo y la Junta de Galicia por el conflicto que desde el pasado mes de diciembre vienen manteniendo los funcionarios municipales, en reivindicación de demandas salariales y por la suspensión, por parte del ente preautonómico, de un acuerdo adoptado en el pleno municipal lucense, según el cual se recompensaba a cada uno de los funcionarios con la cantidad de 70.000 pesetas.Ahora, los funcionarios municipales del Ayuntamiento de Lugo han dirigido al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, una carta, acompañada de 260 firmas en la que critican con especial virulencia al director general de Administración Local de la Junta de Galicia por la suspensión del acuerdo, a la vez que denuncian a la luz pública que también ocupa los cargos de interventor de la Diputación lucense, titular por acumulación de la intervención del Ayuntamiento de Monforte de Lemos y profesor de Economía de la Escuela de Ciencias Empresariales de Lugo. Por ello, los funcionarios lucenses le preguntan al presidente Suárez cómo puede considerarse ilegal un premio de 70.000 pesetas y si no «es más ilegal ocupar varios puestos de trabajo que, distribuidos, resolverían el paro a tres personas».

El conflicto de los funcionarios municipales de Lugo está resultando altamente polémico, por cuanto si en un principio el alcalde de la ciudad vertió duras críticas contra la Junta de Galicia, solicitando una «auténtica autonomía municipal», luego calificó la huelga de ilegal y casi salvaje, y llegó incluso a asegurar que «los funcionarios están torpedeando la gestión de la Corporación».