Una investigación imposible

Con esta carta quiero denunciar y hacer patente tanto la falta de interés como la rapidez para cerrar mi caso los tribunales españoles.Mi marido trabajó como suplente durante cinco años en la imprenta Iberus. Murió en dicha empresa, con toda seguridad para mí, en circunstancias sospechosas de asesinato. Su muerte tuvo lugar a primera hora de la mañana, no notificándome de ella la empresa hasta ya entrada la noche, llamándome para presentarme en el depósito de cadáveres con la autopsia ya realizada, evidentemente sin contar con mi autorización. El parte del forense determinó muerte «natural» oc...

Con esta carta quiero denunciar y hacer patente tanto la falta de interés como la rapidez para cerrar mi caso los tribunales españoles.Mi marido trabajó como suplente durante cinco años en la imprenta Iberus. Murió en dicha empresa, con toda seguridad para mí, en circunstancias sospechosas de asesinato. Su muerte tuvo lugar a primera hora de la mañana, no notificándome de ella la empresa hasta ya entrada la noche, llamándome para presentarme en el depósito de cadáveres con la autopsia ya realizada, evidentemente sin contar con mi autorización. El parte del forense determinó muerte «natural» ocasionada por lesión irreversible de los centros neurálgicos.

Así, pues, presenté querella haciendo un recurso de casación contra dicha empresa (según ella no tengo ningún derecho a reclamar), la cual me propuso la cantidad de 80.000 pesetas, siempre y cuando yo desistiera del caso, proposición que, naturalmente, rechacé. Hace unos meses, para gran indignación mía, me encuentro en mi expediente de Magistratura con una firma falsificada que me hace desistir del caso. Nada más en contra de mi voluntad. A pesar de todos los impedimentos que me están poniendo, no pienso desistir en mi empeño por esclarecer la verdad de los hechos.

Ante todo lo dicho, cabe preguntar, ¿qué pasa con los tribunales españoles que no se responsabilizan de esta falsificación? Parece que lo único claro es el tópico de siempre, de que la «justicia» sirve únicamente a unos intereses de clase, sin garantizar la verdadera igualdad de todos los ciudadanos ante la justicia.