El juez de Herrera de la Mancha no admite ninguna de las pruebas solicitadas por los abogados

El juez de Manzanares que instruye el sumario relativo a la denuncia presentada por 36 abogados contra el director y, otros veintiún funcionarios presuntamente implicados en torturas y malos tratos a los reclusos de la cárcel de Herrera de la Mancha, ha admitido la querella, para la que había solicitado una fianza de tres millones de pesetas, pero ha denegado todas las pruebas pedidas por los abogados querellantes «por haberse practicado ya unas y por ser innecesarias las restantes», según auto notificado a los letrados el pasado miércoles.Las pruebas que habían solicitado los abogados incluía...

El juez de Manzanares que instruye el sumario relativo a la denuncia presentada por 36 abogados contra el director y, otros veintiún funcionarios presuntamente implicados en torturas y malos tratos a los reclusos de la cárcel de Herrera de la Mancha, ha admitido la querella, para la que había solicitado una fianza de tres millones de pesetas, pero ha denegado todas las pruebas pedidas por los abogados querellantes «por haberse practicado ya unas y por ser innecesarias las restantes», según auto notificado a los letrados el pasado miércoles.Las pruebas que habían solicitado los abogados incluían los extremos siguientes: tomar declaración al director de la cárcel de Herrera y a los funcionarios implicados, que en total son veintidós, tomar, asimismo, declaración a una quincena de presos, clientes de los letrados querellantes, y a una veintena de abogados que ya presentaron una primera denuncia por presuntas irregularidades y malos tratos en el centro, tomar declaración también a catorce funcionarios que afirman haber presenciado los malos tratos infligidos por sus compañeros a los reclusos: examinar determinados libros de la prisión, como el de incidencias, que recoge todos los sucesos que se dan en la cárcel, y una explicación escrita del director sobre los criterios seguidos para trasladar a los presos de un módulo a otro. Asimismo, los letrados solicitaron las hojas de servicio de los funcionarios implicados, en las que consta que han tenido problemas en otras cárceles, y que se les suspendiera de empleo y sueldo mientras dure el sumario.

Tanto el examen de los libros de incidencias como las hojas de servicio de los funcionarios se consideraban por los abogados de gran interés.