Proceso en Lisboa de dos dirigentes de extrema izquierda
El juicio de los dirigentes de la organización izquierdista Partido Revolucionario del Proletariado (PRP), que se inició el lunes en Lisboa, divide a la opinión portuguesa y moviliza la atención de juristas demócratas de varios países.La prensa de derecha exige un castigo «ejemplar» para Isabel do Carmo y Carlos Antunes, presentados como émulos portugueses de las Brigadas Rojas y otros terroristas internacionales. Para la izquierda, y no sólo, ya que uno de los abogados de la defensa es el diputado «reformador» de Alianza Democrática, Sousa Tavares, se trata de un caso de represión política....
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El juicio de los dirigentes de la organización izquierdista Partido Revolucionario del Proletariado (PRP), que se inició el lunes en Lisboa, divide a la opinión portuguesa y moviliza la atención de juristas demócratas de varios países.La prensa de derecha exige un castigo «ejemplar» para Isabel do Carmo y Carlos Antunes, presentados como émulos portugueses de las Brigadas Rojas y otros terroristas internacionales. Para la izquierda, y no sólo, ya que uno de los abogados de la defensa es el diputado «reformador» de Alianza Democrática, Sousa Tavares, se trata de un caso de represión política.
Hace dieciocho meses que 38 militantes del Partido Revolucionario del Proletariado están presos, acusados de una decena de atracos, atentados y robos de armas, y su detención fue rodeada de una publicidad y espectacular despliegue policial poco comunes en Portugal. Pero todos los que fueron juzgados hasta la fecha (unos ocho) fueron absueltos por «falta de pruebas». El único condenado (a dieciséis años de cárcel) vio la sentencia anulada por la posterior detención, y confesión de los verdaderos autores del atraco de que era acusado.
Isabel do Carmo y su marido responden ahora del crimen de «autoría moral» de estos y otros delitos. Es esta figura de «autor moral», que constaba de la legislación penal portuguesa anterior al 25 de abril, y que no ha sido anulada, que merece el repudio de un grupo de juristas de varios países occidentales, que se reunieron en Lisboa el pasado domingo.