Trabajadores y emigrantes, víctimas de una supuesta estafa

Dieciocho personas podrían haber sido estafadas por un promotor y constructor de viviendas, al que abonaron cantidades superiores al millón de pesetas cada uno, al pesar sobre el edificio, construido por aquél y todavía no ocupado por los afectados, tres embargos.Se trata de un edificio de diez plantas, construido sin licencia y manifiestamente ilegal, ya que en la zona en que se encuentra no se puede edificar más de quince metros de altura y el inmueble tiene treinta. El Ayuntamiento de Vigo había reiterado ya en 1976 una or den de paralización de la obra, pero el promotor y const...

Dieciocho personas podrían haber sido estafadas por un promotor y constructor de viviendas, al que abonaron cantidades superiores al millón de pesetas cada uno, al pesar sobre el edificio, construido por aquél y todavía no ocupado por los afectados, tres embargos.Se trata de un edificio de diez plantas, construido sin licencia y manifiestamente ilegal, ya que en la zona en que se encuentra no se puede edificar más de quince metros de altura y el inmueble tiene treinta. El Ayuntamiento de Vigo había reiterado ya en 1976 una or den de paralización de la obra, pero el promotor y constructor hizo caso omiso de ella. Por esta razón, el Ayuntamiento ha decidido denunciar a aquél ante el juzgado por desobediencia.

Los compradores de la vivienda, en su casi totalidad emigrantes y trabajadores de la industria y el comercio de Vigo, han puesto el caso en manos de un abogado para querellarse contra él por estafa. La situación es bastante compleja, porque el Ayuntamiento ha estudiado la posibilidad de derribar el edificio, pero parece haberse detenido por los perjuicios que causaría a los compradores de las viviendas, gente sin recursos económicos, que se encuentran, además, ante la dificultad legal de que no pueden inscribir su adquisición en el Registro de la Propiedad porque el promotor no ingresó en la delegación de Hacienda la liquidación de la escritura de declaración de obra nueva y división horizontal del edificio. Si los embargos fuesen ejecutados, los compradores perderían su inversión y las viviendas, cuya compraventa figura exclusivamente en documentos privados sin validez legal.

El edificio fue valorado por los técnicos municipales en 35 millones de pesetas, y las obras se encuentran prácticamente terminadas, aunque las viviendas son inhabitables al no haber sido dadas de alta para el suministro de agua y electricidad.