Los funcionarios de Herrera de la Mancha se encierran ante la querella por malos tratos
Una parte de la plantilla de funcionarios del penal de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, permanecen encerrados desde el pasado domingo en señal de protesta por «los ataques de un cierto sector de la prensa y un cierto sector de abogados por supuestos malos tratos a los reclusos», según declaró ayer un portavoz de los encerrados. Los funcionarios de otras cárceles españolas adoptaron ayer medidas similares, en solidaridad con sus compañeros de Herrera.
Los encerrados de Herrera han declarado estar «indignados por la falta de defensa de la Administración». Esta sup...
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Una parte de la plantilla de funcionarios del penal de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, permanecen encerrados desde el pasado domingo en señal de protesta por «los ataques de un cierto sector de la prensa y un cierto sector de abogados por supuestos malos tratos a los reclusos», según declaró ayer un portavoz de los encerrados. Los funcionarios de otras cárceles españolas adoptaron ayer medidas similares, en solidaridad con sus compañeros de Herrera.
Los encerrados de Herrera han declarado estar «indignados por la falta de defensa de la Administración». Esta supuesta «falta de defensa» comenzó a diluirse ayer mismo, cuando el portavoz gubernamental Josep Meliá manifestó que el Gobierno mantenía la honorabilidad y profesionalidad de los funcionarios y que este encierro no es más que «un acto simbólico, no parece condenable y merece además la comprensión de la sociedad». También afirmó el señor Meliá que el director general de Instituciones Penitenciarias, Enrique Galavís, se había desplazado al penal de Herrera, hecho que, sin embargo, no se produjo, ya que el señor Galavís no había salido de Madrid hasta bien entrada la tarde de ayer, ni tenía intención de hacerlo «mientras haya abierta una investigación oficial sobre este centro».El desencadenante de este conflicto ha sido la querella presentada el pasado jueves en Madrid por 36 abogados contra veintitrés funcionarios de la cárcel de Herrera. En el texto jurídico de la querella, al que ha tenido acceso EL PAIS, se solicita la suspensión de empleo o cargo mientras dure el proceso a los funcionarios querellados.
La querella afecta también subdirector del penal, Melchor Turiño y a los jefes de servicios Manuel Arcilla, José Barroso y Juan José Hernández. El resto -hasta un total de veintitrés- son funcionarios sin cargo directivo.
Los abogados que han solicitado el proceso definen así, en el texto judicial, el comportamiento de estos funcionarios: «Una puerta con polvo, un gesto interpretado por un funcionario como ofensivo, el hecho de no mirar al suelo mientras se camina, suponía una paliza. El 21 de octubre pasado, Mohamed Abdelete, no pudiendo soportar esta situación, se golpeó voluntariamente la cabeza contra la pared. Se tenían, no obstante, precauciones tales como las de no pegar jamás dentro de las celdas, por el peligro que una caída suponía en un lugar tan reducido; para estos menesteres se utilizaban, entre otros lugares, las oficinas que los funcionarios tienen».
Una buena parte de la plantilla de funcionarios de Herrera la forman personas que en otras cárceles habían sido denunciadas por los presos a causa de los malos tratos. Así, el funcionario Javier Seco tiene un juicio pendiente en Huesca.
El jefe de servicio Barroso acudió también a Cartagena con el fin de presentarse a un juicio por motivos semejantes. Este jefe de servicio se ha caracterizado en una estancia en Herrera por una especial violencia en el empleo de métodos brutales, hasta el punto de que en una ocasión fue advertido por el director del centro que cejara en los golpes, no fuera a cargárselo el primer día.
Sin embargo, el caso más grave, a juicio de los abogados, es el del subdirector, Melchor Turiño, quien, siendo jefe de servicio de la Modelo de Barcelona hasta 1973, fue denunciado varias veces por malos tratos.
Este grupo de funcionarios objeto de la querella son, según los 36 denunciantes, «los que controlan la prisión y tienen atemorizados tanto a los presos como al resto de los funcionarios que no les secunda en sus acciones. Los autores de los delitos denunciados forman un grupo característico: son los mismos que enseñan sus armas por el pueblo de Argamasilla, o que hacen prácticas de tiro en el patio conjunto al bar de la residencia».
Cuando estos hechos trascendieron a la opinión pública a través de la prensa se produjeron serias divergencias entre ellos, partidarios uno de admitir el empleo de la violencia, aunque justificándolo, y negar los malos tratos, otros, la mayoría.
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