El Parlamento francés restringe el derecho de huelga en la TV

El derecho de huelga en la televisión francesa ha sido limitado por una ley adoptada ayer por la Asamblea Nacional. Comunistas y socialistas se opusieron rotundamente, apoyados por los sindicatos, por considerar que el derecho a la huelga es una libertad fundamental constitucional.La amenaza que pesaba sobre el ejercicio normal de la huelga en el monopolio estatal de la TV francesa se había configurado hace ya varios meses, desde que empezaron a repetirse los «programas mínimos», como consecuencia de movimientos reivindicativos promovidos por un número reducido de huelguistas.

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El derecho de huelga en la televisión francesa ha sido limitado por una ley adoptada ayer por la Asamblea Nacional. Comunistas y socialistas se opusieron rotundamente, apoyados por los sindicatos, por considerar que el derecho a la huelga es una libertad fundamental constitucional.La amenaza que pesaba sobre el ejercicio normal de la huelga en el monopolio estatal de la TV francesa se había configurado hace ya varios meses, desde que empezaron a repetirse los «programas mínimos», como consecuencia de movimientos reivindicativos promovidos por un número reducido de huelguistas.

Una de estas últimas acciones fue protagonizada por tres cuadros, que al ser objeto de un cambio en el mecanismo de la TV forzaron el consabido «programa mínimo» que ofrecen los tres canales cuando se ha declarado una huelga.

Según la ley adoptada, en lo sucesivo, cuando se declare una huelga, incumbirá a los presidentes de los tres canales apreciar si es necesario requisar el personal de diversas categorías para asegurar el «servicio normal», es decir, la libertad de huelga queda recortada por dos innovaciones esenciales: primero, una huelga no implicará necesariamente, como antes, el «programa mínimo», y segundo, se introduce una nueva noción de «servicio normal», cuya interpretación no depende más que de los presidentes de los tres canales. Estos puestos de presidente son nombrados por el Gobierno. Los dos partidos de izquierdas con representación en la Asamblea Nacional razonaban en los siguientes términos: si la producción y, distribución de agua, de gas, de electricidad, así como el correo, el teléfono y la policía, son servicios públicos necesarios para el desarrollo normal de la vida colectiva, parece lógico que también sean sometidos al mismo régimen restrictivo.