Convocadas oficialmente las elecciones generales

Hoy entra en vigor el decreto de convocatoria de las elecciones legislativas, que fue publicado ayer por el Boletín Oficial del Estado. La norma legal resuelve tres temas: la disolución de las actuales Cortes, la convocatoria electoral para el Congreso y el Senado, y la especificación de que el número de escaños a cubrir será el mismo que en los comicios del 15 de junio de 1977. Aún no han sido oficialmente convocadas las elecciones municipales, aunque el presidente Suárez haya adelantado la fecha (3 de abril).

Con la publicación del decreto se pone en marcha un calendario preciso de pl...

Hoy entra en vigor el decreto de convocatoria de las elecciones legislativas, que fue publicado ayer por el Boletín Oficial del Estado. La norma legal resuelve tres temas: la disolución de las actuales Cortes, la convocatoria electoral para el Congreso y el Senado, y la especificación de que el número de escaños a cubrir será el mismo que en los comicios del 15 de junio de 1977. Aún no han sido oficialmente convocadas las elecciones municipales, aunque el presidente Suárez haya adelantado la fecha (3 de abril).

Con la publicación del decreto se pone en marcha un calendario preciso de plazos, que comienza el próximo lunes, día 9, con la fecha límite para que presenten su dimisión las personas que ocupen cargos afectados por incompatibilidad, y termina el 1 de marzo (jueves), en que se celebrará simultáneamente la consulta para el Congreso y el Senado.De esta manera, España entra de lleno en un año electoral, o por lo menos en un primer cuatrimestre caracterizado por la concentración de toda la actividad política en la doble convocatoria electoral. Cálculos oficiosos estiman ya en más de 7.000 millones de pesetas el presupuesto necesario para hacer frente a ambas elecciones en el supuesto de presentación en todas las circunscripciones, mientras la situación económica de casi todos los partidos en la actualidad no parece demasiado brillante.

Por otra parte, fuentes oficiosas aventuran un cambio del sentido de la campaña electoral, dado su carácter de «campaña de invierno»: menos grandes mítines en lugares abiertos y más actos en lugares cerrados, junto con la utilización masiva de los medios de comunicación social y, desde luego, de la televisión, con probables planteamientos en el sentido de organizar grandes debates entre las principales figuras políticas. No obstante, la orientación de la campaña está aún sin delinear en los principales partidos, y en concreto el PSOE comienza esta tarde ese trabajo, mientras UCD lo hace mañana.

Los comicios de este año se convocan con una Constitución ya promulgada, un sistema político en vías de normalización y una transición prácticamente hecha; también se convocan en medio de las consecuencias de la crisis económica y con un ejército de parados muy importante en cuanto a su amplitud.

Al mismo tiempo tienen derecho a voto los comprendidos entre los dieciocho y veintiún años. Estas condiciones no se parecen a las de las anteriores elecciones generales, realizadas en medio de una situación de provisionalidad, sin experiencia electoral alguna, con algunos partidos todavía ilegales -el PCE había alcanzado la legalidad sólo unas semanas antes-; en cuanto a la crisis económica y la situación del País Vasco, el estado de cosas no ha variado sustancialmente, aunque el desgaste en ambos casos sea un factor negativo para el sistema democrático, que lleva año y medio soportando las circunstancias adversas de ambas situaciones.

Incógnitas a despejar

Las elecciones generales tienden, ante todo, a posibilitar la formación de un Gobierno con mayoría parlamentaria estable. El electorado ha de decidir si refuerza lo suficiente al partido centrista para continuar en solitario al frente de la gobernación del país; si la tarea debe ser confiada al centro-izquierda, en caso de que PSOE y UCD queden bastante igualados; y tampoco debe descartarse radicalmente un Gobierno de orientación centro-derecha.

Importa también conocer la relación de fuerzas PSOE/PCE, de manera más definitiva que el 15 de junio de 1977; y, en fin, está por ver si la extrema derecha deja de ser extraparlamentaria, puesto que ya existen suficl entes indicios de que ese sector empieza a considerar que un escaño bien vale la aceptación de la legalidad democrático-constitucional.

En cuanto a la tarea del futuro Gobierno, las decisiones del electorado decantarán una u otra opción y probablemente las campañas harán hincapié en que los cuatro años próximos van a deparar, además de diferentes soluciones para resolver el problema vasco y la crisis económica, una confrontación en muchos temas importantes de política concreta.