Un pueblo contra los terratenientes

Todos los habitantes de Pinillos de Esgueva -apenas cincuenta, contando hombres mujeres y niños comparecieron ayer en el juzgado de Aranda de Duero (Burgos) para responder a uno a la misma cuestión: «¿Amenazó usted al señor Larrea?», preguntaba el juez (Los hermanos Larrea son terratenientes en Pinillos.) «Yo, no», negaban todos, y saliéndose del tema decían que lo que querían es que «el pleito de las fincas se solucionara». El pleito de las fincas consiste, según los de Pinillos, en que los hermanos Larrea se han apropiado de casi cuatrocientas hectáreas comunales. El mismo Adolfo Suárez ha s...

Todos los habitantes de Pinillos de Esgueva -apenas cincuenta, contando hombres mujeres y niños comparecieron ayer en el juzgado de Aranda de Duero (Burgos) para responder a uno a la misma cuestión: «¿Amenazó usted al señor Larrea?», preguntaba el juez (Los hermanos Larrea son terratenientes en Pinillos.) «Yo, no», negaban todos, y saliéndose del tema decían que lo que querían es que «el pleito de las fincas se solucionara». El pleito de las fincas consiste, según los de Pinillos, en que los hermanos Larrea se han apropiado de casi cuatrocientas hectáreas comunales. El mismo Adolfo Suárez ha sido invitado a que imparta justicia en el caso.

Los antecedentes del contencioso, que se tramita desde hace algo más de cuatro años en el Juzgado de Aranda, se remontan a 1957, según han contado los habitantes de Pinillos a Pedro Vicente. En ese año los hermanos Larrea comienzan a cultivar las 310 hectáreas que, parceladas en noventa fincas, habían pasado a su propiedad. Sin que conste ninguna modificación legal en el Registro de la Propiedad resulta que, según la junta administrativa de Pinillos, las hectáreas cosechadas por la familia Larrea se aproximan hoy a las setecientas. Este supuesto aumento de la hacienda particular de los Larrea, la atribuyen los vecinos a la usurpación de terrenos comunales que ellos tienen documentados desde principios de siglo o a base de cultivar caminos. En 1974, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la familia Larrea, la Junta Administrativa de Pinillos decide promover una demanda ante el Juzgado de Aranda, al objeto de delimitar judicialmente los bienes de ambas partes. Se encomiendan los vecinos al influyente abogado burgalés José María Codon. Tras un infructuoso acto de conciliación la demanda sigue su tramitación hasta que este mismo año de 1978 es desestimada.

Ante esta sentencia no se interpone ningún recurso de apelación y se inicia un nuevo proceso que incluye ahora a los herederos del fallecido.

El papel de Estado, impreciso-

Por su parte, uno de los Larrea, José María, da a EL PAÍS una versión en nada coincidente con la anteriormente expuesta. Según él, las fincas en litigio fueron compradas en 1914 al Estado por una persona que dos años después se las vendió a José María Larrea Cavia, padre de Jesús Larrea y abuelo de los herederos de José María Larrea, actuales propietarios.

José María Larrea (senior) arrendó sus propiedades a los vecinos de Pinillos y, apremiado por las contribuciones, recuperó las fincas, cuarenta años después, tras un largo proceso, a resultas del cual se vio obligado a indemnizar a los arrendatarios. De ahí vienen, según los Larrea, los enfrentamientos entre la familia y los vecinos del pueblo.

Los Larrea cultivan, efectivamente, unas setecientas hectáreas, pero, según uno de los miembros de la familia, no son ni una más ni una menos de las que fueron adquiridas por su abuelo. En el documento de venta del Estado se fijan unos límites, que son los actuales, y que corresponden al área cultivada, si bien el número de hectáreas que allí se menciona es inferior a las que de hecho contiene esa delimitación. Una cláusula del contrato decía que después de transcurridos catorce años no cabía reclamación por parte alguna.

Una prueba definitiva de que no se han apropiado de lo ajeno es para los Larrea el hecho de que en el catastro de 1957 figuren todas las fincas que actualmente cultivan. «Todo el mundo sabe -dice José María- que cuando se confecciona el catastro, los vecinos del pueblo van diciendo de quién es cada finca.»

En pleno pleito de las fincas, los vecinos y los Larrea son llamados por el gobernador civil a Burgos para aclarar otra denuncia presentada en el mismo juzgado. Esta vez los habitantes de Pinillos acusan a la familia de haber cultivado más de medio kilómetro de caminos. Después de arduas discusiones se llega al acuerdo verbal de repartir la cosecha de los caminos, de la siguiente manera: el 75% para los vecinos, y el resto, para los Larrea. Dicho pacto cae en saco roto pocos días después, cuando los empleados de los últimos procedieron a recoger la totalidad de la cosecha en litigio. Los vecinos, en respuesta hicieron lo propio con unas cuatro hectáreas propiedad de la familia. (Los Larrea dicen que son unas ocho hectáreas.)

Los habitantes de Torresandino, todos a una, transportan los 20.000 kilos de cebada recolectados a la plaza del pueblo y posteriormente lo depositaron en las dependencias de la casa consistorial donde permanecen. Un sargento y un número de la Guardia Civil se trasladaron desde Torresandino a raíz del suceso para confirmar él hecho.

Posteriormente los de Pinillos comenzaron a arar las tierras que, en su opinión, los Larrea venían explotando ilegalmente. Días después, los operarios de los Larrea hacen lo propio, y cuando aparece por allí Jesús Larrea y un sobrino suyo, los vecinos, según la versión de aquéllos, los amenazan e insultan gravemente, hecho que ponen en conocimiento del juzgado de Aranda de Duero, y que llevó a los vecinos de Pinillos a comparecer ayer ante la autoridad judicial.

Cansados de esperar la acción de la justicia, y para evitar problemas de orden público, los vecinos de Pinillos han escrito a Adolfo Suárez para que medie en el contencioso (el chófer del presidente es paisano suyo.) En gestos como éste, José María Larrea no ve otra cosa que «ganas de evitar los tribunales, donde saben que nada tienen que hacer; nosotros sí confiamos en la acción de la justicia».

«Lo que pasa -dice- es que ellos cultivan unas 120 hectáreas en cañadas del Estado, y quieren que aparezcan por algún lado a nuestra costa.» Los vecinos, por supuesto, afirman lo contrario.