Navafría: 310 hectáreas de pastos se pueden convertir en suelo urbanizable

Una delegación de vecinos de Navafría, término enclavado en la sierra de Guadarrama, se entrevistó ayer con el gobernador civil de Segovia para exigir garantías de la definitiva anulación de unas normas complementarias y subsidiarias que podrían suponer la desaparición de los núcleos rurales que existen en esta zona.El período de información pública de las citadas normas finalizó el 31 de marzo de este año. Desde entonces, se encuentran paralizadas en la delegación que el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid tiene en Segovia, con ciertas garantías verbales, de cara a los vecinos, de que el...

Una delegación de vecinos de Navafría, término enclavado en la sierra de Guadarrama, se entrevistó ayer con el gobernador civil de Segovia para exigir garantías de la definitiva anulación de unas normas complementarias y subsidiarias que podrían suponer la desaparición de los núcleos rurales que existen en esta zona.El período de información pública de las citadas normas finalizó el 31 de marzo de este año. Desde entonces, se encuentran paralizadas en la delegación que el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid tiene en Segovia, con ciertas garantías verbales, de cara a los vecinos, de que el proyecto no seguirá adelante.

El peligro que representan estas normas reside en que dan prácticamente vía libre a la conversión de esta parte de la sierra de Guadarrama en una zona más de expansión para los madrileños. El bajo precio de los terrenos, unido a las inmejorables condiciones de la zona, podría dar paso libre a la construcción incontrolada de viviendas que acabarían por suprimir a la agricultura y la ganadería de este pueblo. Punto más preocupante aún si se tiene en cuenta que este es el único modo de vida de las cuatrocientas familias que habitan actualmente en Navafría.

El primer paso de cara a la transformación de este pueblo fue la venta del Retamal (véase EL PAÍS del 21 de marzo y 25 mayo). La finca, de sesenta hectáreas de pastos de usos comunales, fue vendida por el Ayuntamiento hace dos años por valor de seis millones de pesetas. La única condición puesta por el alcalde a los tres compradores fue que contaban con un plazo de dos años para empezar a construir doscientos chalets.

El único, problema es que el suelo de la finca está calificado de rústico y para poder construir en él era necesario cambiar su calificación. Las normas subsidiarias, actualmente paralizadas, contemplan la transformación necesaria para que los chalets puedan ser construidos.

La disconformidad e indignación de los vecinos se hizo notar desde el primer momento. Setenta vecinos presentaron un recurso a la totalidad de las normas, junto a otro firmado por AEPDEN, con la intención de que el proyecto municipal se viniera abajo. Al margen de su disgusto por las construcciones previstas, las familias de este pueblo, que viven de la agricultura y ganadería, no parecen dispuestas a consentir que las cuatrocientas cabezas de ganado que poseen no dispongan de la única finca, con alternancia de la dehesa, a la que pueden llevar a sus animales.