UGT rompe sus negociaciones con el Gobierno

La Unión General de Trabajadores ha puesto fin, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada ayer, a la ficción de las negociaciones entre el Gobierno y las centrales sindicales. «El Gobierno quiso crear una imagen pública con sus intenciones negociadoras -denunció Nicolás Redondo, secretario general de UGT-, pero nunca deseó que las conversaciones produjeran acuerdos concretos, de ahí que los resultados fuesen nulos.»

Tanto el señor Redondo como los miembros de su ejecutiva, señores Zufiaur y Garnacho, insistieron en que el balance de los contactos de UGT y CCOO con la Administrac...

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La Unión General de Trabajadores ha puesto fin, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada ayer, a la ficción de las negociaciones entre el Gobierno y las centrales sindicales. «El Gobierno quiso crear una imagen pública con sus intenciones negociadoras -denunció Nicolás Redondo, secretario general de UGT-, pero nunca deseó que las conversaciones produjeran acuerdos concretos, de ahí que los resultados fuesen nulos.»

Tanto el señor Redondo como los miembros de su ejecutiva, señores Zufiaur y Garnacho, insistieron en que el balance de los contactos de UGT y CCOO con la Administración eran «plenamente insatisfactorios» y en que su central no volvería a sentarse en la mesa de negociaciones con el Gobierno en tanto éste no cambiara su actitud.Los contactos del Gobierno con las centrales se remontan al mes de julio del pasado año, cuando el señor Jiménez de Parga, ministro de Trabajo en aquel entonces, convocó a CCOO, UGT y USO para exponerles las medidas económicas que iba a aplicar el Gabinete. La posibilidad de un pacto social, rechazado en todo momento por los sindicatos, y el auténtico vacío sindical de aquellos meses convirtió a estos contactos -al igual que el que posteriormente mantendrían, en el mes de agosto, con el presidente Suárez- en meramente informativos, sin ningún resultado concreto. Después del verano, y tras la firma de los pactos de la Moncloa por los partidos políticos (sin que en ellos participaran las patronales y los sindicatos), volvieron a mantenerse nuevos contactos -en alguna ocasión tripartitos: sindicatos, patronal y Administración- con escasos resultados. Las elecciones sindicales fueron más el resultado del acuerdo entre CCOO y UGT que la consecuencia del decreto regulador -confuso y restrictivo- otorgado por el Gobierno.

La crisis de Gobierno de febrero de este año pareció imprimir una mayor efectividad a estos contactos. Abril Martorell, el nuevo ministro de Economía, y Alvarez Rendueles, el secretario de Estado, volvieron a convocar en varias ocasiones, en el plazo de semanas, a los representantes de los sindicatos y de las patronales. Las conversaciones, que nuevamente hicieron creer a los sindicatos que iban a fructificar en acuerdos, se centraron en la confección de un calendario de negociaciones y en la elaboración de un orden del día sobre las mismas. CCOO y UGT, que creyeron en la buena voluntad de la Administración, se pusieron de acuerdo, y en el plazo de unos escasos días -la carta fue fechada el 8 de marzo- remitieron al Gobierno una orden del día para las negociaciones en el que se incluían cinco puntos: el paro (especialmente en sus vertientes agrícola y juvenil), el proyecto gubernamental de flexibilidad de plantillas (exigencia de la patronal), la participación de las centrales en el control de la Seguridad Social y en la gestión de las empresas públicas, el destino del patrimonio sindical y la acción sindical en la empresa, la negociación colectiva y el Código de los Derechos de los Trabajadores. Se acordó crear comisiones mixtas de expertos para los distintos temas -de ello ya se había hablado en agosto, con ocasión de la entrevista de las centrales con el presidente Suárez- y fijar un tiempo tope de tres a cinco semanas para las negociaciones.

Los contactos, como reconoce ahora UGT, fueron nuevamente un espejismo. El Gobierno no ha formalizado buena parte de las comisiones, otras se han reunido escasas veces o ninguna, y entre tanto -de forma unilateral- ha ido dictando decretos sobre los temas a negociar: empleo (decreto sobre empleo juvenil, agilización en las prestaciones de desempleo y coordinación de ayudas al empleo comunitario), Seguridad Social (ya ha trascendido un proyecto de ley sobre gestión de la misma, patrimonio sindical (ya se ha transferido parte del personal de la AISS), empresa pública (existe también un estatuto muy avanzado) y negociación colectiva (también ha aparecido en algún periódico un proyecto gubernamental).

Todo ello muestra, según UGT, la política de apariencias democráticas y hechos consumados del Gobierno.

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