PSOE no defendérá ante el Pleno del Congreso su voto particular sobre la República
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no defenderá ante el Pleno del Congreso que debatirá el proyecto de la Constitución su voto particular en favor de la República. El PSOE ha mantenido diez enmiendas y votos particulares al texto aprobado en la Comisión, entre los que no figura ninguno relacionado con la forma de Gobierno. Por el contrario, los socialistas seguirán defendiendo en el Pleno del próximo día 4 la supresión de la mención a la Iglesia católica en el texto constitucional.El plazo para la presentación de escritos para la modificación del proyecto de Constitución se cerró ayer...
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El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no defenderá ante el Pleno del Congreso que debatirá el proyecto de la Constitución su voto particular en favor de la República. El PSOE ha mantenido diez enmiendas y votos particulares al texto aprobado en la Comisión, entre los que no figura ninguno relacionado con la forma de Gobierno. Por el contrario, los socialistas seguirán defendiendo en el Pleno del próximo día 4 la supresión de la mención a la Iglesia católica en el texto constitucional.El plazo para la presentación de escritos para la modificación del proyecto de Constitución se cerró ayer a las doce de la noche. A media tarde, el secretario del grupo parlamentario de Unión de Centro Democrático (UCD), Blas Camacho, anunció que su partido no presentaría ninguna enmienda, dado que el proyecto recogía bien las redacciones propuestas por UCD, bien las que se habían acordado por consenso.
El grupo parlamentario que hasta las nueve de la noche de ayer había presentado mayor número de escritos de modificación era Alianza Popular, que defenderá ante el Pleno 37 redacciones alternativas a otros tantos artículos.
Las discrepancias más importantes formuladas por AP son las relativas al término nacionalidades, que solicita sea suprimido, y al título VIII, en el que se regulan las comunidades autónomas. Otras enmiendas afectan a la cooficialidad de las lenguas maternas, el uso preferente de la bandera nacional, la misión de las Fuerzas Armadas de garantizar la unidad de España; no enumeración de los tres Ejércitos como integrantes de las mismas, para soslayar la problemática de la Guardia Civil, el reconocimiento del derecho a la vida, nueva redacción del artículo relativo a la enseñanza, exigencia de un referéndum en el caso de que prospere la solicitud de regulación del divorcio, indemnizaciones previas a las nacionalizaciones, creación de un Consejo de la Corona, facultades extraordinarias del Rey en casos de emergencia nacional, negativa al sistema electoral proporcional y supresión de la posibilidad de que se creen jurados.
Por su parte, tanto los socialistas como el Grupo Comunista defenderán enmiendas encaminadas a constifucion al izar la abolición de la pena de muerte, la mayoría de edad a todos los efectos a los dieciocho años y el derecho a la sindicación y afiliación política de los jueces, fiscales y magistrados, así como una nueva redacción de los artículos que regulan el derecho de asilo y la garantía de acceso de todos los grupos políticos a los medios de comunicación del Estado.
Los socialistas proponen también la no constitucionalización del derecho a crear fundaciones y la reducción de las funciones del Consejo de Estado a la de asesor del Gobierno y no de la Administración, como aprobó la Comisión.
El Grupo Comunista, que presenta diecisiete escritos de modificación, defenderá una regulación más concreta del derecho al uso de la lengua materna, la sustitución del reconocimiento de la libertad de cátedra por la libertad de expresión docente, la composición mínima del Congreso por 350 diputados, una distinta composición del Senado, a fin de que responda al concepto de Cámara de las nacionalidades, mejorar la capacidad de iniciativa legislativa de los diputados, supresión de los tribunales de honor y la posibilidad de modificar los Presupuestos Generales del Estado.
El PCE defenderá también la supresión de la disposición transitoria octava (antigua séptima), por la que las Cortes actuales asumen las competencias establecidas en la Constitución, y nuevas redacciones de los artículos relativos al estado de excepción y a las mociones de confianza y censura en el Congreso.