Diagnóstico favorable, con serios reparos técnicos

Casi doscientas personas siguieron ayer con atención la primera sesión sobre La Constitución a debate, que ofreció un primer diagnóstico políticamente favorable al anteproyecto de Constitución, aunque los expertos plantearon, sin embargo, objeciones técnicas.El criterio general de los ponentes fue estimar el anteproyecto de Constitución apto, en general, para desembocar en un texto constitucional válido, pero susceptible de perfeccionamiento.

Sin embargo, los ponentes señores Alzaga, Lucas Verdú, Martín Retortillo se mostraron muy críticos con el título segundo del anteproyecto, ...

Casi doscientas personas siguieron ayer con atención la primera sesión sobre La Constitución a debate, que ofreció un primer diagnóstico políticamente favorable al anteproyecto de Constitución, aunque los expertos plantearon, sin embargo, objeciones técnicas.El criterio general de los ponentes fue estimar el anteproyecto de Constitución apto, en general, para desembocar en un texto constitucional válido, pero susceptible de perfeccionamiento.

Sin embargo, los ponentes señores Alzaga, Lucas Verdú, Martín Retortillo se mostraron muy críticos con el título segundo del anteproyecto, referente a los derechos y deberes fundamentales, a los principios rectores y derechos económicos y sociales, y a las garantías de los derechos humanos. Las acusaciones de ambigüedad, proligidad y de excesiva retórica al texto constitucional fueron constantes. La crítica se hizo más aguda al referirse a la configuración del estado social de derecho prevista en el anteproyecto. A este respecto, se puso de manifiesto que el anteproyecto no concreta el estado social de derecho que proclama. Su reconocimiento es puramente formal y programático, y más que al estado social de derecho, el anteproyecto se refiere al estado liberal de derecho cuyos principios fundamentales son la libertad e igualdad formales.

Hubo quien, como el profesor liberal Muñoz Salvadores, calificó al anteproyecto de «plagio constitucional», y opinó que la Constitución deberían redactarla los expertos; y quien, como el profesor socialista López Riaño, estimó que son los políticos los que deben elaborarla, porque cuentan con la representación popular. El diputado de UCD Oscar Alzaga terció en la polémica para señalar que el PSOE, históricamente, aceptó la colaboración de técnicos.