La democracia administrada

LA SOSPECHA de que el aplazamiento de las elecciones municipales puede ser la consecuencia de algún acuerdo secreto entre el Gobierno y uno o varios partidos de la Oposición no es una conjetura sin fundamento. Los términos en los que se han expresado los desmentidos al respecto contradicen las realidades tangibles de que poco o nada se está haciendo para preparar las municipales.No vamos a extendernos en argumentos en favor de una renovación democrática de la vida municipal tan importante para la consolidación del sistema pluralista en nuestro país como pueden haberlo sido las elecciones gener...

LA SOSPECHA de que el aplazamiento de las elecciones municipales puede ser la consecuencia de algún acuerdo secreto entre el Gobierno y uno o varios partidos de la Oposición no es una conjetura sin fundamento. Los términos en los que se han expresado los desmentidos al respecto contradicen las realidades tangibles de que poco o nada se está haciendo para preparar las municipales.No vamos a extendernos en argumentos en favor de una renovación democrática de la vida municipal tan importante para la consolidación del sistema pluralista en nuestro país como pueden haberlo sido las elecciones generales a Cortes. Tampoco parece necesario recordar que el probable retraso hasta el otoño de 1978 de la convocatoria de las municipales mantendrá al frente de los ayuntamientos, tres años después de la muerte de Franco, a los alcaldes y concejales designados por el antiguo régimen. Deseamos resaltar ahora otro aspecto significativo de este aplazamiento pactado: la disposición que muestran los estados mayores de algunos partidos, en el Gobierno o en la Oposición, para secuestrar la vida democrática entre las paredes de las sedes de sus organizaciones o de los palacios gubernamentales, y convertir a los electores en mero paisaje de sus grupos familiares y en pasivos receptores de unas decisiones políticas de las que no se facilitan ni siquiera sus antecedentes o cláusulas desconocidas. El silencio informativo en el que se desarrollan los trabajos constitucionales es también importante a este respecto.Las elecciones municipales significarán para los españoles la posibilidad de acabar con la incompetencia y corrupción en los ayuntamientos. Y también representarán la oportunidad de ejercer sus derechos cívicos en el ámbito de la existencia cotidiana. Los habitantes de varios miles de municipios grandes, medianos y pequeños esperan esas elecciones como prueba tangible de que realmente algo ha cambiado en este país, de que la democracia no es una palabra vacía que remite a quienes gobiernan -los de siempre y como siempre- desde Madrid, sino que se concreta en la posibilidad de elegir como alcaldes y concejales a las personas que merecen la confianza del vecindario.

Al Gobierno, y a una parte de la Oposición, sin embargo, las elecciones municipales sólo parecen importarles como dato que puede alterar, en sentido favorable o desfavorable, la correlación de fuerzas con vistas a mantenerse en el Poder, a conquistarlo o a mejorar sus posiciones de influencia en las alturas del sistema político. De esta forma, la vida democrática amenaza con ser transformada en pura caricatura.La política es la profesión de los políticos, en el doble sentido de ocupación lucrativa y de experiencia en la, tarea. Los estados mayores de los dos grandes partidos, del trío que les sigue en importancia y de los autonomistas catalanes y vascos, se reúnen en el palacio de la Moncloa como los ejecutivos de las grandes multinacionales lo hacen en las convenciones de los grandes hoteles. Se ocupan, ciertamente, de resolver, en la medida de lo posible, los problemas del país. Pero también cuidan de proteger sus intereses corporativos y profesionales como clase política, manteniendo en la ignorancia a la opinión pública, sobre todo aquello que consideran materia reservada, sólo apta para ser entendida y apreciada por sus iguales.

Muchos son los peligros que acechan a la democracia que está naciendo en España. No es el menor que los dirigentes de los partidos crean que la política del país se puede seguir haciendo como en los tiempos de la dictadura, o que deben y pueden monopolizar ellos la situación política. Los partidos son necesarios para que el sistema democrático funcione. Pero no resumen en sí mismos, ni con mucho, todas las virtualidades políticas que la democracia encierra. El régimen, ni se acaba ni comienza con ellos.

La democracia sirve para que los ciudadanos elijan a sus gobernantes y para que éstos se sientan obligados a informar de su gestión a sus electores. Si el Gobierno no sólo ignora ese mandato y ese deber, sino que, además, embarca a la Oposición en complicidades de silencio, habremos hecho verdad los proverbios estúpidos sobre la capacidad de inventiva política de los españoles: habremos descubierto la democracia administrada. Lo peor que nos podía suceder.