Peligrosos sociales
DESDE EL verano de 1970, usted es un peligroso social; al menos, mientras no demuestre lo contrario. Hasta esa fecha, al menos, la vieja ley de Vagos y Maleantes podía ser sorteada mediante la acreditación de un trabajo fijo, o, simplemente, la no comisión de delitos. Pero la promulgación de la aún vigente ley de Peligrosidad Social vino a Institucionalizar el principio que, a la postre, inspiraba la filosofía del régimen anterior: que los ciudadanos son, ante todo sospechosos.Con su capa de modernidad jurídica y con explícitos; propósitos tutelares sobre la sociedad, los legisladores del sete...
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DESDE EL verano de 1970, usted es un peligroso social; al menos, mientras no demuestre lo contrario. Hasta esa fecha, al menos, la vieja ley de Vagos y Maleantes podía ser sorteada mediante la acreditación de un trabajo fijo, o, simplemente, la no comisión de delitos. Pero la promulgación de la aún vigente ley de Peligrosidad Social vino a Institucionalizar el principio que, a la postre, inspiraba la filosofía del régimen anterior: que los ciudadanos son, ante todo sospechosos.Con su capa de modernidad jurídica y con explícitos; propósitos tutelares sobre la sociedad, los legisladores del setenta pergeñaron una de las leyes más reprobables desde el punto de vista cristiano, que pretendían esgrimir: jurídicamente Inaceptable por cuanto la mera potencialidad de delinquir puede ser objeto de privación de libertad, y, finalmente, digna de la apatía snoral y ética de los últimos años en los que se arremetía contra la sociedad permisiva y se relegaba a los desvanes del pensamiento toda filosofía elaborada en torno al concepto de la tolerancia.
A todo ello habría que sumar argumentos menos intelectuales y más concretos. Vaya en honor de algunos altos funcionarios del Ministerio de Justicia su trabajo, lógicamente subterráneo y anónimo, por impedir una ley que sencillamente ni se podía cumplir con arreglo a sus intenciones (buenas o malas) ni se cumple en estos momentos. Y así, la ley de Peligrosidad Social si es mala por paternalista e intrínsecamente represora en las libertades privado es, además, un papel mojado. Porque siendo una ley que pretende reeducar, lo único que hace es encarcelar.
La letra de la ley se expande en elevadas consideraciones sobre la reinserción social de prostitutas, homosexyales, alcohólicos, drogadictos y otros marginados sociales. Pero dada la vetustez de la red penitenciaria española y la carencia de personal cualificado para atender esos teóricos centros de recuperación social, sólo existentes en la mente de los legisladores del setenta, las meretrices, los dipsómanos, los bisexuales o los fumadores de marihuana acaban, si caen bajo esa ley, literalmente en una penitenciaría. Los marginados no se reinsertan así en la sociedad: son marginados definitivamente y educados en la delincuencia.
Contra esta ley han elevado sus voces los abogados y, ahora, los grupos marginales y extraparlamentarios. Grave error el de los partidos con representación en el Congreso de Diputados al tener este y otros temas análogos por baladíes o de menor interés. Son los que configurarán los códigos al nuevo modelo de sociedad ya en marcha, con todos sus titubeos y errores iniciales, pero, que ahí está y no puede ser despreciado.
Y en estos casos lo que los Gobiernos deben arbitrar es la dotación de medíos de educación social; no mecanismos punitivos para colocar tras una reja a los marginados. Es harto fácil castigar o pretender reeducar a quienes abando,nan los caminos de la sociedad convencional. Lo auténticamente progresivo, y también difícil, es erradicar las situaciones de marginación. Acaso la prostitución femenina sea un ejemplo bastante claro. Encarcelar periódicamente a las peripatéticas no resuelve nada y puede hacerse a bajo costo. Empero, promocionar el papel laboral de la mujer y extraerla de su ghetto cultural exige esfuerzos intelectuales y legislativos superiores al del ya célebre alcalde de Rota, que llegó a afirmar que en su ciudad no había prostitución porque estaba prohibida por la ley.
Diríamos en suma que la derogación de la ley de Peligrosidad Social, ahora bandera de los marginados, no es esencialmente un problema político: ante todo es un asunto que afecta a la cultura, a la atención por los demás, a la tolerancia, en suma.