Los afectados por el embalse de Riaño urgen una solución
Los ayuntamientos y la Asociación de Vecinos de la comarca de Riaño se han dirigido al Consejo de Ministros para urgir una solución al problema planteado por la construcción de un embalse en la zona. El año pasado, los alcaldes denunciaban en un escrito que con esta obra ha sido destrozada toda la estructura socioeconómica de la zona.En los catorce años transcurridos es de la aprobación del proyecto de la obra, se ha venido produciendo una degradación continua de las actividades económicas, culturales y profesionales. Se estima que la renta que generaba la comarca ha disminuido en torno a un ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Los ayuntamientos y la Asociación de Vecinos de la comarca de Riaño se han dirigido al Consejo de Ministros para urgir una solución al problema planteado por la construcción de un embalse en la zona. El año pasado, los alcaldes denunciaban en un escrito que con esta obra ha sido destrozada toda la estructura socioeconómica de la zona.En los catorce años transcurridos es de la aprobación del proyecto de la obra, se ha venido produciendo una degradación continua de las actividades económicas, culturales y profesionales. Se estima que la renta que generaba la comarca ha disminuido en torno a un 70%. La población ha emigrado en su 50%. La cabaña ganadera está envejecida y disminuida a su mitad. La actividad industrial y comercial ha desaparecido en su mayor parte, manteniéndose los elementos indispensables de forma totalmente insuficiente.
En el escrito que ahora han dirigido al Consejo de Ministros solicitan que se ordene el pago inmediato de todas las indemnizaciones tramitadas y resueltas, pero que no han sido hechas efectivas.
Piden también que todo este proceso se lleve a cabo en este año, y que los precios sean actualizados según el índice del coste de la vida oficial. Esta actualización de las indemnizaciones viene explicada porque han transcurrido catorce años desde la aprobación del proyecto de la obra, once desde la iniciación de las obras y cerca de diez desde que se decretó el traslado forzoso de los habitantes de la comarca afectada.