La ponencia constitucional puede ser requerida para que informe a la Comisión
La ponencia constitucional, que el martes continuará sus trabajos bajo el compromiso de conflidencialidad de sus deliberaciones, podría ser requerida para que informe a la Comisión a que pertenece, si prospera en la reunión de la Mesa de ésta el propósito de su presidente Emilio Attard (de UCD).Según pudo saber nuestro corresponsal en Valencia, Jaime Millas, en fuentes bien informadas próximas al propio señor Attard, éste podría convocar a la Mesa de la Comisión Constitucional del Congreso que preside, en fecha muy próxima, probablemente el mismo martes, con objeto de tratar de l...
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La ponencia constitucional, que el martes continuará sus trabajos bajo el compromiso de conflidencialidad de sus deliberaciones, podría ser requerida para que informe a la Comisión a que pertenece, si prospera en la reunión de la Mesa de ésta el propósito de su presidente Emilio Attard (de UCD).Según pudo saber nuestro corresponsal en Valencia, Jaime Millas, en fuentes bien informadas próximas al propio señor Attard, éste podría convocar a la Mesa de la Comisión Constitucional del Congreso que preside, en fecha muy próxima, probablemente el mismo martes, con objeto de tratar de la conveniencia de indicar a la ponencia que cuando termine la primera parte de su borrador informe a la Comisión. Los debates de la Comisión, en contra de lo acordado respecto al trabajo de la ponencia, se realizarán en presencia de los informadores, según el consenso inicial existente.
La Mesa de la Comisión Constitucional, que tendrá que estudiar la propuesta de su presidente, está integrada, aderipás de por el señor Attard por los diputados de UCD, Luis Vega Escandón, y del PSOE, Enrique Múgica, como vicepresidentes, así como por José Manuel Paredes (UCD) y Joan Reventós (PSC-PSOE), como secretarios.
En recientes declaraciones, el señor Attard manifestó que de seis a ocho meses es el plazo máximo para elaborar una nueva Constitución especialmente necesaria para acabar con la situación de interinidad producida como consecuencia de haber quedado obsoletas las siete leyes fundamentales franquistas, tras el referéndum del pasado 15 de diciembre.