"Cumbre" de asociaciones de vecinos en Valencia

Los delegados de las federaciones y coordinadoras de asociaciones de vecinos participantes en el encuentro estatal celebrado en Valencia el pasado domingo, se pronunciaron en contra del decreto-ley de 27 de abril sobre regulación de asociaciones de vecinos por considerar que el fin de esta norma es la división del movimiento ciudadano. El documento, en el que se recogían estas conclusiones, fue firmado por los delegados de Barcelona, Badalona, Sabadell, Tarragona, Murcia, Córdoba, Castellón, Valencia, Alicante, Jaén, Málaga y Canarias. El representante del País Vasco no firmó el documento porq...

Los delegados de las federaciones y coordinadoras de asociaciones de vecinos participantes en el encuentro estatal celebrado en Valencia el pasado domingo, se pronunciaron en contra del decreto-ley de 27 de abril sobre regulación de asociaciones de vecinos por considerar que el fin de esta norma es la división del movimiento ciudadano. El documento, en el que se recogían estas conclusiones, fue firmado por los delegados de Barcelona, Badalona, Sabadell, Tarragona, Murcia, Córdoba, Castellón, Valencia, Alicante, Jaén, Málaga y Canarias. El representante del País Vasco no firmó el documento porque ellos no se habían planteado este problema, ya que «allí las entidades ciudadanas están reconocidas en todos los organismos oficiales, pese a estar sin legalizar». El delegado de Madrid tampoco ratificó el documento en base a que la Federación que representaba había ya aceptado las condiciones impuestas por decreto, con lo que se había conseguido la normalización de más de setenta asociaciones que llevaban largo tiempo esperando su legalización.

Las medidas acordadas en el encuentro para conseguir la suspensión del decreto fueron solicitar una entrevista antes de las elecciones con el presidente del Gobierno, señor Suárez, a la que asistirá un representante de cada uno de los países que integra el Estado español y en la que se presentará un documento en el que se pide la suspensión del real decreto hasta que las nuevas Cortes que resulten de la convocatoria del 15 de junio puedan discutir una nueva normativa que regule a las asociaciones de vecinos.La segunda medida acordada en el encuentro fue exigir a todos los partidos políticos que de alguna manera han actuado dentro del movimiento ciudadano para que se pronuncien públicamente sobre el tema e incluyan en sus programas las principales reivindicaciones planteadas en las asociaciones de vecinos. Los partidos a los que se convocará de manera general son el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Comunista (PC) y los partidos demócratacristianos. Además de estos, cada asociación convocará a los grupos políticos que actúen en su entidad.

El punto más conflictivo del decreto es el que se refiere al uso obligado de patronímicos tanto por las asociaciones que aún están sin legalizar como por aquéllas que se normalizaron por la ley de 1964 sobre derecho de reunión y asociación.

La Federación de Asociaciones de Barcelona manifestó en el encuentro la decisión unánime de todas las asociaciones que la integran -aproximadamente cien- de no cambiar el nombre con el que fueron legalizadas y que las identifica con la demarcación territorial que representan por otra denominació diferente, mas teniendo en cuenta que las asociaciones vecinales barcelonesas funcionan legalmente desde 1970.

La situación expuesta por el delegado de la Federación madrileña, se diferenciaba básicamente con Barcelona en el hecho de que anteriormente a este decreto, la mayoría de las asociaciones de vecinos madrileñas permanecían sin legalizar. De las cien asociaciones que integran la Federación de Madrid, más de 77 estaban sin normalizar.

Respecto al problema del patronímico, Madrid manifestó que no acababa de entender la importancia que se le daba al tema. «No es demasiado importante -explicó- en un mismo barrio existe más de una asociación, lo que importa es trabajar y los vecinos irán a la asociacion que mas luche por sus problemas. Además, ya la ley del 64 permitía que en un mismo barrio existiera más de una asociación. La gente quiere trabajar dentro de un marco legal y nosotros hemos conseguido tras la legalización, que la gente venga de forma masiva a interesarse en la asociación.»

Tras señalar el representante madrileño que él no firmaría el documento, pese a estar en parte de acuerdo con las líneas que se mantenían, los representantes de Alicante y Córdoba recriminaron a Madrid su actitud «antiunitaria y personalista». Tras unos momentos de ligera tensión, intervino Barcelona para intentar conciliar posturas y conseguir que Madrid firmara el documento, lo que finalmente no se consiguió.