El Gobierno decidió completar la amnistía

La amnistía concedida por el Rey el 30 de julio de 1976 será completada, y para ello, el Consejo de Ministros celebrado ayer con una duración excepcional, desde las diez de la mañana hasta las 10.30 de la noche, con escasos descansos, aprobó las bases a que se ajustarán las distintas medidas de gracia, que en círculos políticos y jurídicos se estima que pueden resolverse en revisión de procesos y en la posible sustitución, en los casos más graves, de la condena anterior por la de extrañamiento.El real decreto-ley sobre relaciones de trabajo, aprobado también ayer por el Gobierno, legaliza la h...

La amnistía concedida por el Rey el 30 de julio de 1976 será completada, y para ello, el Consejo de Ministros celebrado ayer con una duración excepcional, desde las diez de la mañana hasta las 10.30 de la noche, con escasos descansos, aprobó las bases a que se ajustarán las distintas medidas de gracia, que en círculos políticos y jurídicos se estima que pueden resolverse en revisión de procesos y en la posible sustitución, en los casos más graves, de la condena anterior por la de extrañamiento.El real decreto-ley sobre relaciones de trabajo, aprobado también ayer por el Gobierno, legaliza la huelga y crea el fondo de garantía salarial, al tiempo que amplía las causas de despido. En la aplicación de la nueva normativa que el ministro de Trabajo hizo a través de televisión, Alvaro Rengifo fijó los criterios de realismo, libertad, equidad y justicia como inspiradores de la misma, así como culpó a la, anterior legislación laboral de responsable, en parte, de la difícil situación económica actual.

El Gobierno restauró las juntas generales de Guipúzcoa y Vizcaya atendiendo así las propuestas de la comisión para el régimen especial en ambas provincias, y configurándolas como órgano de participación del pueblo vizcaíno y guipuzcoano, a través de sus municipios, en el gobierno provisional.

El Consejo de Ministros suprimió la asignatura de Formación Política en la Universidad.

A propuesta del ministro de la Gobernación, fue sancionada con cinco millones de pesetas la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada, por el apoderamiento de explosivos de que fue recientemente objeto y que se atribuyeron los GRAPO- por falta de custodia y vigilancia.

Sobre la movilización de campesinos durante la semana, el Gobierno no adoptó decisiones, y se limitó a manifestar que comparte y comprende las razones de fondo que han motivado estas manifestaciones.

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