Juicio contra dos funcionarios de la Brigada Social de Barcelona

En el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona se celebró la vista del procedimiento judicial contra dos funcionarios de la Brigada de Investigación Social, acusados de lesiones a una detenida por razones políticas, Mercedes Muñoz, de veinte años de edad.Los acusados eran Atiliano del Valle Oter, jefe del tercer grupo, y el inspector Antonio Rizaldos Diaz. Se da el caso de que Atiliano del Valle fue recientemente condenado por otro Juzgado barcelonés, el número 12, a dos penas de arresto de doce días de duración por lesiones a dos detenidos por hechos de carácter político (ver EL PAIS de 2...

En el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona se celebró la vista del procedimiento judicial contra dos funcionarios de la Brigada de Investigación Social, acusados de lesiones a una detenida por razones políticas, Mercedes Muñoz, de veinte años de edad.Los acusados eran Atiliano del Valle Oter, jefe del tercer grupo, y el inspector Antonio Rizaldos Diaz. Se da el caso de que Atiliano del Valle fue recientemente condenado por otro Juzgado barcelonés, el número 12, a dos penas de arresto de doce días de duración por lesiones a dos detenidos por hechos de carácter político (ver EL PAIS de 29 de octubre).

En la vista de la causa no se produjo ni el más leve incidente.Solamente estaban presentes unos pocos compañeros de los acusados, quienes se comportaron con extrema corrección. Igual actitud adoptaron los amigos de la denunciante -mucho más numerosos- y los abogados togados que acompañaban al acusador privado, el letrado Marc Palmés. Este último abogado también intervino en la vista celebrada el pasado día 28 de octubre contra cinco funcionarios del Cuerpo General de Policía, siendo en aquella ocasión agredido.A poco de iniciarse la vista, la señorita Munoz, respondiendo a preguntas del fiscal, manifestó que los acusados la «pegaron constantemente», precisando que lo hicieron «con instrumentos, con las manos y con los puños cerrados». Agregó que estaba «absolutamente segura» de reconocer a los dos funcionarios.

A requerimiento de su abogado, Mercedes Muñoz dijo que Atiliano del Valle le pegó dos o tres veces, mientras que lo hizo muchas más Antonio Rizaldos.

El defensor de los funcionarios interrogó a Mercedes Muñoz sobre las circunstancias de su detención, cuando acababa de colocar una pancarta. Esta manifestó que no se había herido al ser detenida, y, en cambio, repitió que durante su permanencia en las dependencias policiales le habían pegado «patadas, con una barra, golpes contra la pared».

Detención fortuita

A continuación se expusieron las circunstancias concretas de la detención de Mercedes Muñoz, la cual fue fortuita y corrió a cargo del entonces jefe de la Brigada de Investigación Social de Barcelona, y actual jefe superior de Policía de Bilbao, comisario Julián Gil Mensa, y del chófer de éste, el policía armada Tomás Coll.Como punto importante del juicio es de destacar que el actual jefe superior de policía de Bilbao remitió -a través del defensor de los policías- un escrito que favorecía a los funcionarios acusados.

Compareció como testigo de la defensa el policía armada que fue chófer del comisario Gil Mensa, quien precisó también las circunstancias de la detención. Le siguió también como testigo de la defensa el médico forense Juan Camps, quien especificó las lesiones que peritó. Detalló que Mercedes Muñoz presentaba lesiones en los párpados, brazos, muñecas, y pierna izquierda. La certeza del origen de las lesiones era variable, ya que las de las muñecas podrían ser causadas -manifestó el forense- por las esposas, mientras que, respecto a las lesiones de los párpados, el forense ratificó que eran «hematomas derivados de una contusión». El origen de las lesiones en los brazos también fue controvertido por ambas partes.

Por su parte, los policías acusados negaron con energía haber golpeado a la detenida. Atiliano del Valle afirmó que no vio nada anormal en los interrogatorios que él dirigió, precisando que «si lo hubiese visto lo habría impedido ». Añadió que los golpes a los detenidos «están prohibidos por la ley de Enjuiciamiento Criminal y por nuestros superiores».

El inspector Rizaldos manifestó, al ser preguntado que no recordaba quiénes eran los otros funcionarios que participaron en el interrogatorio, ya que había pasado más de un año desde el momento de los hechos (Mercedes Muñoz fue detenida el 5 de diciembre de 1975). Este hecho era importante, por cuanto que la señorita Muñoz siempre declaró que los autores de los golpes fueron cuatro.

Ambos funcionarios juraron por su honor no haber causado lesiones a la entonces detenida, lo cual fue interrumpido por el juez, quien señaló que «el tribunal no había exigido juramento» a los funcionarios.

Cuestión de límites

Finalmente intervino el fiscal, el acusador privado y la defensa. El fiscal puso de relieve como dato importantísimo que el juez de guardia había sido el que había observado las lesiones a la detenida. Y que había sido el mismo juez de guardia el que había iniciado de oficio los trámites que ahora llevaban a la celebración del juicio. Reconoció que había dudas respecto al origen de las lesiones en los brazos pero afirmó que, respecto a las lesiones de la pierna izquierda. «estimamos que está clarísimo».El fiscal afirmó que la prueba máxima era la declaración de la chica. Resaltó que la declarante había afirmado que la intervención de un funcionario era distinta del otro. También afirmó el fiscal que la policía actuó entonces defendiendo «la legislación vigente en aquellos momentos». Añadió que «todo es una cuestión de límites». También manifestó que a la policía se le había dado un poder muy grande que iba a la par con la responsabilidad de su misión. Tuvo frases de elogio para la policía y afirmó que en un Estado de Derecho corresponde a los tribunales «velar por la pureza de este cuerpo». El fiscal terminó pidiendo una pena de cuatro días de arresto para cada uno de los funcionarios sentados en el banquillo.

El abogado Marc Palmés, por su parte, se ratificó en las afirmaciones del fiscal y analizó algunos puntos del juicio a partir de razonamientos propios. Terminó su intervención solicitando dieciséis días de arresto menor para cada uno de los dos funcionarios. Tanto el fiscal como la acusación privada pidieron asimismo 2.000 pesetas de indemnización.

La defensa, por su parte, solicitó la absolución, basándose en que no había sido probada la imputabilidad de las lesiones. La defensa afirmó que «tales lesiones fueron causadas en el momento de la detención».