Juicio en Lisboa contra un miembro de la PIDE

Un miembro de la PIDE (policía Internacional y de Defensa del Estado), acusado de asesinar al militante comunista José Díaz Coelho, está siendo juzgado en Lisboa. En virtud de una ley aprobada por el Consejo de la Revolución en 1975, el ex miembro de la policía política salazarista puede ser condenado a ocho años de prisión.Anteriormente, un juez del Tribunal Militar de Lisboa se había negado a iniciar el proceso por considerar que la mencionada ley era «anticonstitucional». Finalmente, el Tribunal Supremo ha decidido que la ley se ajusta perfectamente a la Constitución y los ex policías s...

Un miembro de la PIDE (policía Internacional y de Defensa del Estado), acusado de asesinar al militante comunista José Díaz Coelho, está siendo juzgado en Lisboa. En virtud de una ley aprobada por el Consejo de la Revolución en 1975, el ex miembro de la policía política salazarista puede ser condenado a ocho años de prisión.Anteriormente, un juez del Tribunal Militar de Lisboa se había negado a iniciar el proceso por considerar que la mencionada ley era «anticonstitucional». Finalmente, el Tribunal Supremo ha decidido que la ley se ajusta perfectamente a la Constitución y los ex policías serán juzgados. Como siempre, los partidos políticos portugueses están divididos en cuanto al tema: comunistas y socialistas son partidarios de que sean juzgados y socialdemócratas y centristas prefieren que el tema sea olvidado.

Oficialmente, la PIDE contaba con unos 2.000 «funcionarios» que perdieron su empleo con el golpe de Estado de «los capitanes». Algunos centenares lograron huir, pero no menos de 1.200 fueron a dar con sus huesos en la cárcel. El tema ha sido siempre polémico, porque las autoridades militares han ido liberando intermitentemente a los antiguos policías. Actualmente, el número de detenidos, entre los que se encuentra su último director, el comandante Silva Pais, no es superior a la decena.

La ley que será aplicada a los «pides» por su retroactividad, y de aquí la acusación de inconstitucionalidad, puede hacer recaer sobre los agentes una condena de dos a ocho años de prisión. La condena, sin embargo, indican las autoridades militares, «les sería impuesta por extralimitarse en sus funciones» y «no por pertenecer a la policía política, razón por la que no todos serán juzgados.

La realización de los juicios contra las «pides» cuenta con la oposición incluso de algunos militares, que consideran que éstos «sólo cumplieron con su deber». Algunos observadores señalan que, como en el caso de los terroristas de extrema derecha, importantes revelaciones que complicarían a personalidades civiles y militares, podrían darse a conocer en estos juicios.