... pero no todavía

LA REMISION por las Cortes a la Comisión de Justicia, bien dotada de representantes del búnker -desde el obispo Guerra a Blas Piñar- del proyecto de ley que modifica el Código Penal constituye, según señalaba ayer EL PAÍS, el primer tropiezo serio del Gobierno para salir airoso con la reforma. La situación actual de hecho es que los partidos, aprobados por la mañana, eran al menos aplazados esa misma tarde. Han contribuido a ello la lamentable defensa que del proyecto en cuestión hizo la ponencia encargada de sacarlo adelante, la demagogia de los inmovilistas, que supieron moverse en los pasil...

LA REMISION por las Cortes a la Comisión de Justicia, bien dotada de representantes del búnker -desde el obispo Guerra a Blas Piñar- del proyecto de ley que modifica el Código Penal constituye, según señalaba ayer EL PAÍS, el primer tropiezo serio del Gobierno para salir airoso con la reforma. La situación actual de hecho es que los partidos, aprobados por la mañana, eran al menos aplazados esa misma tarde. Han contribuido a ello la lamentable defensa que del proyecto en cuestión hizo la ponencia encargada de sacarlo adelante, la demagogia de los inmovilistas, que supieron moverse en los pasillos de la Cámara, y la propia naturaleza de las cosas. En efecto, pedirle a unas Cortes no representativas, bien obedientes mientras la obediencia era moda y en absoluto democráticas -salvo desde el punto de vista orgánico- que aprueben las leyes de su suicidio, parece demasiado. Y por eso no es difícil predecir que la batalla del Código Penal será la primera, pero tal vez no la última. La oposición democrática insiste reiteradamente en señalar que lo que se está realizando es un experimento de democracia otorgada. Se les dice -esperamos que se les diga- a los hombres de la oposición que pueden asociarse, y cómo, y cuándo. Resulta algo irregular, pero quizás fuera lo adecuado para un período de transición. Sin embargo, quedan todavía las leyes de reforma de la Constitución y la electoral que, según lo previsto, tienen que ser también aprobadas por estas Cortes que ya conocemos. La ley de Asociaciones Políticas -con las adendas del Código Penal- define una selección nacional de quienes pueden entrar en el juego. La reforma constitucional definirá el campo del mismo y la electoral las normas que han de regirlo. Pedirle a la oposición que concurra a todo ello sin consultarla sobre las reglas ni las dimensiones del estadio es poner en serio peligro toda la reforma. En una palabra, traer la democracia a través de instituciones no democráticas resulta empeño tan difícil que su solución -que esperamos pronta- ayudará a resolver también la tan famosa cuadratura del círculo.

La reforma la pueden hacer el Rey o su Gobierno, pero no estas Cortes. Por eso, lo apropiado sería cambiar el signo del referéndum facultando al Rey a traer la democracia por decreto.