Los sindicatos obreros, ante el pacto social

En el espacio de pocos días, el pacto social ha recibido las adhesiones de Martín Villa en el Club Siglo XXI, y de Noel Zapico en declaraciones a «La Voz Social». Pero también le ha llegado al pacto el rechazo de las centrales sindicales CCOO, UGT y USO. Una misma situación económica es utilizada para justificar el pacto y para atacarlo. Mientras que para Zapico «los empresarios empujados por sus dificultades y los trabajadores por la incertidumbre ante el futuro del puesto de trabajo ven con satisfacción el pacto», y, para Martín Villa, el pacto social resulta «absolutamente nec...

En el espacio de pocos días, el pacto social ha recibido las adhesiones de Martín Villa en el Club Siglo XXI, y de Noel Zapico en declaraciones a «La Voz Social». Pero también le ha llegado al pacto el rechazo de las centrales sindicales CCOO, UGT y USO. Una misma situación económica es utilizada para justificar el pacto y para atacarlo. Mientras que para Zapico «los empresarios empujados por sus dificultades y los trabajadores por la incertidumbre ante el futuro del puesto de trabajo ven con satisfacción el pacto», y, para Martín Villa, el pacto social resulta «absolutamente necesario en circunstancias críticas de la economía del pais», el movimiento obrero organizado ha manifestado públicamente que intentar un pacto social que suponga salvar la crisis económica exclusivamente a costa de los trabajadores es rigurosamente inadmisible.Pero no acaban ahí las diferencias. Así, Mientras que para el presidente del Consejo Nacional de Trabajadores el pacto social es un «objetivo necesario y urgente al efecto de conseguir la paz social, y para el Ministro de Relaciones Sindicales «el pacto social se presenta en las economías occidentales como la solución no sólo posible, sino deseable, para garantizar la paz social», para los sindicatos ilegales la paz, nuestra paz, sólo puede lograrse de manera plena, es decir, sin fraccionamientos que distingan la paz social de otros tipos de paz a través de los pactos políticos interclasistas suscritos por partidos y sindicatos.

Pero el abismo de la discrepancia es aun mayor, ya que las distintas expresiones sindicales entienden que, hoy y aquí, el pacto sería el más idóneo de los medios para frustrar la democratización del país, porque la burguesía, cuya colaboración en nuestras actuales circunstancias es necesaria para lograr la vigencia de las libertades civiles, sólo contribuirá a traerlas si las necesita, y el pacto social contribuye a que la burguesía no necesite las libertades. Para el movimiento obrero, decir sí al pacto social equivale a decir no a la democratización que el país necesita en esta hora. La invitación que el movimiento obrero hace, al empresario, para que éste participe en los pactos políticos, es hoy posible entre nosotros porque, en la lucha por las libertades, trabajadores y empresarios tienen intereses coyunturales comunes. Unos, los trabajadores, quieren el cambio del país, y otros, los empresarios, lo quieren en gran número, y lo necesitan en su totalidad. Pero unos y otros saben que si ese cambio se ve decisivamente frenado, quien lo frene provobaría un proceso de frustración acumulada en las clases populares y en las clases medias que acabaría provocando el uso de fórmulas revolucionarias que los trabajadores y sus sindicatos son los primeros en no querer. De ahí la importancia del pacto político como paso pacífico y necesario para lograr la creación de un marco de libertades civiles de vigencia necesaria para que las relaciones sociales, y por supuesto las laborales, se desenvuelvan civilizadamente entre nosotros.

No al apolíticismo de los sindicatos

Pero de nuevo nos encontramos ante una profunda fisura entre el pensamiento de Martín Villa y el del sindicalismo ilegal. El ministro, en su conferencia en el Club Siglo XXI, ha señalado que el pacto social no requiere el previo pacto político basándose en que «las organizaciones obreras quieren vivir su propio protagonismo, sin quedar en meras sucursales de los partidos». Pero una cosa es que los sindicatos sean autónomos e independientes, y otra la consecuencia a que el ministro llega: «Nada obsta para que se produzca el pacto social sin otros condicionamientos previos». Ello equivaldría a afirmar que el sindicalismo debe ser apolítico y si algo claro hay en el panorama sindical mundial es que el sindicalismo no quiere ser correa de transmisión de ningún partido, y sí quiere tener su propio proyectopolítico, lo que le da derecho a tener opiniones políticas y a participar en pactos políticos, olvidando las viejas fórmulas sindicales puramente reívíndicativas.

No obstante, cabe preguntarse si, logradas las libertades democráticas, podría, o no, hablarse del pacto social. Entiendo que sólo en tal situación cabría analizar, y decidir, si al movimiento obrero le interesa o no algún tipo de pacto dirigido al afianzamiento de la democracia en esos momentos excepcionales. Mi opinión es que lo que sí cabe es que el pacto político interclasista tenga dos fases: la primera, que es la actual, de naturaleza rigurosamente política, que duraría hasta que se instaure entre nosotros la convivencia democrática, y la segundia, de futuro, y de contenido político, económico y social, en la que participarán los sindicatos obreros, las organizacionles patronales y el gobierno democrático surgido de la primera fase del pacto político. Se trataría, por tanto, de un pacto tripartito que, por la mera presencia del gobierno, no podría ser cuestión de todos los días, ya que cuando los gobiernos pactan en el marco de las sociedades capitalistas, declinan temporalmente sus poderes para poder sentarse en la mesa de las negociaciones con obreros y empresarios, y eso sólo sucede excepcionalmente.

Con lo hasta aquí dicho intento demostrar que la distinción entre pacto político y pacto social sólo tiene sentido cuando, como ocurre entre nosotros, los empresarios conciben el pacto social como un medio de congelar salarios, erradicar huelgas y estancar la evolución de las condiciones de trabajo. Pero no es de ese pacto del que estoy hablando, sino del pacto político integral, que, como tal, contendría aspectos de incidencia en las relaciones laborales, de exclusiva aplicación en la excepcional situación de comienzo del disfrute de las libertades democráticas. Este pacto sí que es posible, y a colaborar en su construcción han sido llamados los empresarios por los trabajadores, con la suficiente claridad como para que nadie pueda alegar ignorancia.