Hacia un estado regional, síntesis de autonomía y unidad

Veinticuatro presidentes de diputaciones provinciales iniciaron ayer en la Generalitat de Valencia, el seminario de estudios sobre áreas regionales, organizado por la delegación interprovincial de estudios de Administración Local del Reino de Valencia. Las dos primeras ponencias presentadas subrayan un denominador común: España exige una regionalización, sin privilegios de determinadas áreas geográficas, que potencie las haciendas regionales. Este Estado regional actuaría de síntesis entre los partidarios de las autonomías y los defensores del Estado unitario.

Miguel Herrero y R. de Miñ...

Veinticuatro presidentes de diputaciones provinciales iniciaron ayer en la Generalitat de Valencia, el seminario de estudios sobre áreas regionales, organizado por la delegación interprovincial de estudios de Administración Local del Reino de Valencia. Las dos primeras ponencias presentadas subrayan un denominador común: España exige una regionalización, sin privilegios de determinadas áreas geográficas, que potencie las haciendas regionales. Este Estado regional actuaría de síntesis entre los partidarios de las autonomías y los defensores del Estado unitario.

Miguel Herrero y R. de Miñón, letrado del Consejo de Estado, expuso la ponencia regionales y Ley de Régimen Local.» Presentó cuatro presupuestos políticos de terminantes en la futura articulación de la Ley de Bases de Estatuto de Régimen Local, de noviembre de 1975; primero, la realidad plural de España exige para subsistir una constitución regional, centra da en la organización de la autonomía de sus regiones; segundo, esta regionalización no debe ser privilegio de unas zonas periféricas; tercero, no implica necesariamente uniformidad en las formas de organización regional, aunque ésta sea una meta deseable y alcanzable; cuarto, las tradiciones forales, de fácil manipulación por la monarquía, pueden ser instrumento para esta nueva ordenación regional.

«La mente del legislador de 1975 —dijo-—, no fue especialmente favorable a los planteamientos regionalistas, pero el texto articulado de la ley puede no sólo desarrollar las virtualidades de la ley, sino corregir muchos de sus defectos.» Las opciones son claras: o se mantiene el centralismo con cesión a las presiones insalvables, o se articula un cuerpo nacional de regiones autónomas.

La actualidad del tema viene dada por la afloración del problema regional después de una etapa del franquismo marcadamente centralista. Cuatro comisiones están estudiando en los últimos doce meses regímenes especiales para nueve provincias y existen dos conciertos económicos especiales. Estas provincias, Vizcaya, Barcelona, Álava, Guipúzcoa, Baleares, Gerona, Lérida, Navarra y Tarragona, ocupan junto con Madrid los diez primeros puestos de la renta nacional per cápita, lo que supone un claro error de discriminación contra la igualdad regional española.

Por otro lado, están en cartera las peticiones de 39 provincias que solicitan un régimen especial.

Según Miguel Herrero, a una regionalización verdaderamente política que beneficiará a ciertos españoles, se opone la técnica descentralizadora administrativa aplicable al resto de la nación. «Una ley de bases —manifestó— que hubiera tratado abiertamente el tema regional habría facilitado la solución.» Subrayó que de las tres fórmulas que contempla la Ley de Bases (derechos forales de Navarra, Álava y Canarias, régimen de carta y mancomunidad interprovincial), estas dos podrían ser buen instrumento descentralizador si los ayuntamientos y diputaciones se abren plenamente a las fuerzas políticas de sus respectivos territorios. La reivindicación regionalista es necesaria para potenciar los presupuestos de la ley. El futuro texto articulado debe prever que quien los aplique pueda no contar con el cauce orgánico actualmente vigente. Esto afectaría a la elección de los diputados por los concejales, cuya singular procedencia en el sistema político español queda clara.

La articulación estado-regiones podría formularse por medio de la figura del delegado o comisario gubernamental, que siguiendo el modelo italiano, asumiría funciones distintas a las del actual gobernador civil. Estas serían coordinar los servicios periféricos del Estado en el área, coordinar éstos con los regionales y representar al Gobierno nacional.

Hacienda y región

Gonzalo Martínez Díez, catedrático de Historia del Derecho Español en Valladolid, y Santiago Rodríguez Miranda, abrigado del Estado, presentaron la ponencia sobre Sistema fiscal y regímenes especiales de autonomía, tema debatido-a lo largo de la tarde.

Esta ponencia presentaba un presupuesto de partida, consistente en la imposibilidad de regionalismo sin hacienda regional libremente autogobernada por la región. A lo largo de la intervención quedó patente el carácter «inadmisible de unas cuantas regiones que pretendan sacudir individual y egoístamente el centralismo del poder central». El regionalismo es un avance administrativo, una conquista de autogobierno que se debe a todas las regiones por igual y al mismo tiempo, debe ofrecer en lo económico igualdad de oportunidades a todas las regiones: «No es admisible en una comunidad nacional, regiones o provincias de primera clase con régimen especial y regiones o provincias subyugadas a las que se niegue ese mismo derecho.» De esta forma se obtendría un mayor equilibrio regional y redistribución de las rentas, pues el proceso industrializador ha creado «situaciones que podríamos calificar de verdadero colonialismo para las zonas más deprimidas, que ven absorbidas por las m ricas sus ahorros, sus materias primas y sus hombres en emigración forzosa». Esta desigualdad la calificaron los ponentes de amenaza grave para la futura convivencia nacional, «pues tarde o temprano las colonias acaban por despertar».

Partidarios de una fórmula intermedia entre Estado unitario y Estado federal, proponen el Estado regional: «Es hacia esta forma de Estado intermedio o regional hacia la que camina la España de 1976.» Los modelos fiscales a imitar son el francés y el italiano.

La apertura del seminario estuvo presidida por Mariano Nicolás García, gobernador civil de Valencia. Asisten el director general de Administración Local, Antonio Gómez Picazo, y los presidentes de las diputaciones de Albacete, Alicante, Ávila, Barcelona, Burgos, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Guadalajara, Guipúzcoa, Jaén, Las Palmas, Lérida, Logroño, Madrid, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Valencia, Valladolid y Zaragoza.