El Departamento de Justicia se suma a la demanda por fraude contra Armstrong

Floyd Landis denunció por fraude al excampeón en 2010

Lance Armstrong cruza la meta en una etapa del Tour de 2004. WOLFGANG RATTAY (REUTERS)

A Lance Armstrong se le multiplican los problemas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido sumarse este viernes a la demanda por fraude que hace dos años interpuso su excompañero de equipo Floyd Landis.

El excampeón podría...

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A Lance Armstrong se le multiplican los problemas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido sumarse este viernes a la demanda por fraude que hace dos años interpuso su excompañero de equipo Floyd Landis.

El excampeón podría ser condenado a devolver al Servicio de Correos de EE UU 90 millones de dólares (unos 68 de euros) por haber incumplido las condiciones del contrato con el US Postal, que obligaban a los corredores a no emplear sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento. El Departamento de Justicia considera que Armstrong defraudó al Gobierno de EE UU al violar la prohibición de dopaje que se especificaba en los estatutos de su equipo, que patrocinaba el Servicio de Correos.

Durante los años en los que el corredor compitió para el US Postal, el Servicio de Correos invirtió en el equipo 30 millones de dólares. Ahora, el Fiscal General de EE UU, Eric Holder, reclama al ciclista el triple de esa cantidad, conforme a la Ley de Fraude, que es la que, sostiene, incumplió Armstrong.

Robert Luskin, uno de los asesores legales del excampeón, ha emitido este viernes un comunicado en el que asegura que su cliente siempre ha tratado de colaborar con los abogados federales pero que “esta en desacuerdo con la afirmación del que el Servicio de Correos ha sido perjudicado” por su escándalo de dopaje. “Los propios informes del Servicio de Correos aseguran que se benefició sobremanera gracias al patrocinio del equipo ciclista, unas ganancias que superan los 100 millones de dólares”, se afirma en la nota.

Uno de los asesores legales del excampeón, ha emitido este viernes un comunicado en el que asegura que su cliente siempre ha tratado de colaborar con los abogados federales pero que “esta en desacuerdo con la afirmación del que el Servicio de Correos ha sido perjudicado”

En junio de 2010, Landis interpuso una demanda civil contra Armstrong en la que aseguraba, entre otras muchas cosas, que había sido testigo de cómo el excampeón guardaba y se inyectaba su propia sangre y que el de Tejas le había provisto en dos ocasiones de hormonas prohibidas antes de las carreras. La decisisón del Departamento de Justicia supone un respaldo y dota de mayor transcendencia a la reclamación del excorredor.

Landis, que fue desposeído del Tour de Francia de 2006 tras dar positivo por testosterona, fue uno de los primeros corredores que acusó a Armstrong de dopaje. En los últimos meses, los abogados del Armstrong habían tratado de llegar a un acuerdo con Landis, pero éste no olvida la ferocidad con la que el primero contraatacó sus denuncias -lo llamó tramposo y traidor-.

El principal escollo al que se enfrenta el Departamento de Justicia es probar que el Servicio de Correos verdaderamente ha salido dañado por el escándalo de dopaje de Armstrong. Los abogados del corredor alegarán que él no defraudó directamente al Gobierno sino a un equipo ciclista, que fue con quien firmó el contrato, y que las transfusiones de sangre no se incluían en el tipo de dopaje que prohibían sus estatutos.

Tras más de 10 años negando de manera tenaz haber tomado ninguna sustancia prohibida a lo largo de su carrera deportiva, Armstrong, finalmente, confesó en televisión haberse hecho transfusiones de sangre y haber tomado EPO desde mediados de los 90 y hasta 2005. El día en que se emitió la entrevista el presidente de la Agencia Antidopaje de EE UU (USADA), Travis Tygart, remitió una carta a Holder en el que le pedía que se sumara a la demanda de Landis, según publica VeloNews.

El miércoles, Armstrong se negó a testificar bajo juramento ante la USADA, perdiendo la posibilidad de conmutar por una prohibición de ocho años, la sanción a participar de por vida en cualquier competición deportiva. El excampeón, que también fue objeto de una investigación criminal que, tras dos años, se cerró abruptamente en 2012, se enfrenta, además a otras demandas civiles por fraude, entre ellas, las de una compañía de seguros de Dallas que le reclama la devolución de los 12 millones de dólares en primas que le abonó por ganar el Tour.

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