El cuento

A todos los españoles, llegadas estas fechas, lo que les gustaría es externalizar su gripe. Que la padeciera otro por él. Más o menos eso es lo que aprenden de sus autoridades, empeñadas en quitarse los problemas de gestión de encima. Con el tiempo es posible que lleguen a privatizar la política y se presenten a las elecciones unas concesionarias. La reforma del Parlamento castellano manchego va por ahí.

Con el caramelo de reducir el personal y los gastos en diputados autonómicos, se ha aprobado un formato que reduce la representación política a quienes tienen recursos para vivir de otr...

A todos los españoles, llegadas estas fechas, lo que les gustaría es externalizar su gripe. Que la padeciera otro por él. Más o menos eso es lo que aprenden de sus autoridades, empeñadas en quitarse los problemas de gestión de encima. Con el tiempo es posible que lleguen a privatizar la política y se presenten a las elecciones unas concesionarias. La reforma del Parlamento castellano manchego va por ahí.

Con el caramelo de reducir el personal y los gastos en diputados autonómicos, se ha aprobado un formato que reduce la representación política a quienes tienen recursos para vivir de otra cosa y se presentan bajo una marca establecida y mayoritaria. Lo que la gente le pide a los políticos es que sean útiles y decisivos, no que automutilen la función pública y deleguen en una élite.

En la marea privatizadora, de la cual los ciudadanos ya están advertidos y parecen asumirla sin plantearse dudas, le ha llegado el turno a la limpieza de centros sanitarios. En Madrid, desde hace meses, los profesionales de la sanidad se quejan de la suciedad y la falta de higiene tras externalizar las labores de limpieza de 293 centros de salud de la región. Tanto es así, que las autoridades se dieron por aludidas y después de estudiar las quejas llegaron a la asombrosa decisión de multar a las concesionarias con 70.000 euros. Por lo tanto, las razones para la alarma existen, el mal servicio es patente y lo que nos debería hacer reflexionar es que la multa se limita a una cantidad algo ridícula si tenemos en cuenta que el contrato es de 35,5 millones de euros.

Incluso para los defensores a ultranza de la gestión privada, parece evidente que los Gobiernos no pueden limitarse a entregar esas cantidades ingentes para costear los servicios públicos sin vigilar que el dinero, ya que sale del bolsillo de los contribuyentes, se utilice de manera eficaz y no se derive hacia ganancias abusivas de la empresa y sus directivos mientras el personal es sometido a humillaciones, despidos y precariedad. Para que la gente se crea el cuento de la eficacia privatizadora, al menos nos lo deberían contar mejor. Y no limitarse a corregir lo malo con lo peor.