La demolición del Algarrobico enfrenta de nuevo al Gobierno y la Junta tras el choque por Doñana

Cuando parecían suturar las heridas que el conflicto que la ley de ampliación de regadíos en Doñana abrió entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, otro símbolo medioambiental andaluz ―en este caso de atentado urbanístico contra un paisaje natural―, el hotel ...

Cuando parecían suturar las heridas que el conflicto que la ley de ampliación de regadíos en Doñana abrió entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, otro símbolo medioambiental andaluz ―en este caso de atentado urbanístico contra un paisaje natural―, el hotel del Algarrobico, en el parque natural de Cabo de Gata (Almería), ha vuelto a enfrentar a ambas administraciones. El anuncio de la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, de iniciar los trámites de la expropiación para acometer su demolición, ha pillado por sorpresa al Ejecutivo del popular Juan Manuel Moreno, que en estos años ha defendido la vía de la anulación de la licencia de obras, que corresponde al Ayuntamiento de Carboneras y que lleva una década sin ejecutar, como la más rápida para acabar con esa construcción.

“Es una deslealtad”, señaló el martes la portavoz de la Junta, Carolina España, sobre la iniciativa del Gobierno, minutos después de que la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, informara de que el Consejo de Ministros había acordado la declaración de utilidad pública de los terrenos en los que se asienta El Algarrobico, el paso previo para la adopción del acuerdo de urgente ocupación, que iniciaría los trámites hasta la efectiva expropiación. El Estado es competente para expropiar el 40% del suelo y del 60% debería encargarse la Junta porque “el edificio está fuera de dominio público, en terrenos privados parcialmente afectados por la servidumbre de protección”, indicó Aagesen, y es el Gobierno andaluz quien puede adentrarse más allá de ese límite. Al Ejecutivo de Moreno no le ha gustado verse señalado en un proceso que, recuerda, inició un Ayuntamiento socialista y que contó con el aval de una Junta que también dirigía el PSOE.

Porque en este nuevo frente, más allá de qué vía es más expeditiva para hacer desaparecer un edificio que lleva varado en la playa dos décadas por la maraña judicial y la desidia institucional, subyace un pulso político por quién consigue atribuirse el mérito de haber acabado con esa aberración urbanística. Moreno se había arrogado esa iniciativa e incluso apeló a un pacto como el de Doñana para demoler el Algarrobico, aunque en este tiempo no ha adoptado ninguna medida concreta al respecto. Ahora es Montero, la nueva líder de la oposición en la comunidad, quien ha tomado la delantera.

Ambas administraciones han apelado estos días al protocolo de protección de la playa de Algarrobico que firmaron en 2011 ―en el que el Gobierno asume los costes de la demolición y la Junta los de desescombro y adecuación del arenal―. El Ejecutivo central, para dirimir allí los pasos a seguir tras el cambio de estrategia para demoler el hotel, y el andaluz, para recordar que, en la última reunión del comité de seguimiento de ese protocolo, de marzo del año pasado, la representante del Miteco se posicionó a favor de “la necesidad de que recaiga la nulidad de la licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras, para poder continuar” con “la demolición del edificio”, de acuerdo con el acta de ese encuentro.

Esa es la vía que defiende la Junta de Andalucía que ha renunciado a ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre los terrenos que el Tribunal Supremo le reconoció en 2016 y para el que consignó 2,3 millones de euros en los juzgados, y a la vía de la expropiación. “Nuestro gabinete jurídico considera que la fórmula más rápida es la de restablecer la legalidad urbanística de la playa, que pasa por que el Ayuntamiento cumpla con la sentencia”, afirmó en mayo del año pasado el entonces consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco.

En 2021, el TSJA obligó al Ayuntamiento de Carboneras a iniciar el expediente de revisión de oficio de la nulidad de la licencia de obras, un trámite que ha venido incumpliendo desde entonces, pese a los sucesivos ultimatos del alto tribunal, el último el pasado mes de diciembre. La Junta, que recuerda que el consistorio está gobernado por Ciudadanos y PSOE, el mismo partido que otorgó la licencia en 2003, calcula que, de cumplirse con la sentencia, el Algarrobico podría demolerse en seis meses y duda de que la tramitación de la expropiación vaya a desarrollarse en los cinco meses que ha fijado el Gobierno, porque entiende que los recursos que pueda interponer la constructora Azata eternizarían el proceso en los tribunales.

Pero no está tan claro que la vía más rápida sea la de la revisión de oficio por parte del Ayuntamiento. “Para ello, el consistorio tiene que dictar el acto administrativo, que requiere un dictamen previo del Consejo Consultivo, después exigir a la empresa que asuma la demolición, esperar dos meses a que cumpla y, si no lo hace, es el Ayuntamiento quien tendría que asumir la ejecución subsidiaria que tiene un coste inasumible para esa administración. Para que ese gasto lo realizarán el Gobierno y la Junta, se tendría que firmar un convenio para darle cobertura jurídica”, indica Roberto Galán, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. Galán apunta, además, que en el caso de la expropiación, sería muy complicado, con todas sentencias que han declarado la ilegalidad del hotel, que un tribunal suspendiera los trámites, si Azata llegara a recurrir, y tampoco afectaría un litigio sobre el justiprecio a pagarle a la empresa, porque también se dirimiría por otra vía.

“La opción del Gobierno parece más operativa, pero para ello, lo más conveniente sería que las dos administraciones fueran de la mano”, indica el profesor. De momento, la Junta no se ha pronunciado sobre si, llegado el caso, ella también acometería los trámites de la expropiación de los terrenos sobre los que tiene competencias.