El Gobierno paraliza el plan de Doñana por una amnistía a algunos agricultores ilegales decretada por la Junta

Menos de tres meses después, el publicitado acuerdo del Gobierno y la Junta de Andalucía por Doñana está ahora mismo en el aire. El Gobierno ha paralizado temporalmente el pacto sellado el 27 de noviembre con el Ejecutivo andaluz (PP) para solucionar, mediante un plan social de 350 millones de euros, el conflicto con los agricultores freseros que esquilman el acuífero bajo este espacio natu...

Menos de tres meses después, el publicitado acuerdo del Gobierno y la Junta de Andalucía por Doñana está ahora mismo en el aire. El Gobierno ha paralizado temporalmente el pacto sellado el 27 de noviembre con el Ejecutivo andaluz (PP) para solucionar, mediante un plan social de 350 millones de euros, el conflicto con los agricultores freseros que esquilman el acuífero bajo este espacio natural. El motivo esgrimido por el Ministerio para la Transición Ecológica es una reforma legislativa exprés del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla que amnistía a algunos de estos freseros ilegales, publicada ya en el Boletín Oficial y pendiente de convalidación por el Parlamento andaluz este miércoles. Según el departamento de Teresa Ribera, aunque sigue activo el marco de actuación de Doñana de 2022, de momento se bloquea el acuerdo de noviembre de 2023 con la Junta.

La ministra y vicepresidenta tercera ha anunciado este lunes, en una rueda de prensa en Madrid: “Mañana teníamos una jornada prevista con ayuntamientos, centros académicos y agricultores para conversar de los términos exactos sobre las medidas acordadas en noviembre y ahora llamaré al presidente [andaluz] porque la voy a suspender. Estoy sorprendida y lo lamento profundamente. Por ahora cautela, pero suspendo la jornada de mañana”.

Ribera ha añadido: “Me preocupa lo que he visto, publicado ya en un diario oficial. Para Moreno Bonilla, el acuerdo por Doñana era bastante importante, no sé si ha habido un malentendido por el camino, pero el decreto ley que nos encontramos por sorpresa nos hace pensar que es necesaria la cautela sobre lo ocurrido. De un día para otro, se ha producido una legalización retroactiva de usos agrarios en suelo forestal”. Los servicios jurídicos del ministerio están analizando ahora la reforma exprés prevista por la Junta andaluza, y también está por ver si Ribera y Moreno se reunirán el jueves, tal y como estaba previsto.

Este lunes por la tarde ambos han conversado y tras el riesgo de ruptura, el presidente andaluz ha ofrecido rectificar su decreto ley incluyendo las modificaciones necesarias en otra disposición que esta semana se aprobará en Consejo de Gobierno, para así eliminar las referencias a la posibilidad de una amnistía. La Junta quiere acudir al ministerio para que su portavoz, Ramón Fernández Pacheco, y su consejero de Presidencia, Antonio Sanz, expliquen los cambios al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, un encuentro que está pendiente de cerrarse.

La semana pasada, la Junta abrió la puerta a amnistiar a algunos de los agricultores del entorno de Doñana que han agravado el deterioro del parque al agotar su acuífero con sus invernaderos ilegales de fresas. Eso sí, lo ha hecho con un lenguaje alambicado y en solo tres párrafos dentro de un decreto ley de 600 páginas y un expediente de 1.927 folios. El Gobierno autonómico reforma su ley forestal para poner una alfombra roja a los agricultores con frutos rojos en suelo forestal junto a la reserva ecológica y otros cultivos en cualquier otra zona de Andalucía.

La aprobación del decreto ley en el pleno del Parlamento está prevista para el miércoles, por lo que todo marcha contra reloj. La Junta presentó a la oposición sus 600 páginas de decreto ley hace una semana con un plazo exprés de siete días, lo que provocó la protesta de los diputados y una bronca con acusaciones de “cacicada” al PP andaluz.

Ante la reacción de Ribera y su anuncio de suspensión, ahora Moreno se ha abierto a recular: “La Junta no actúa en este caso unilateralmente ni de espaldas a nadie (…). Por parte del Gobierno de Andalucía no existe ningún problema en sentarnos con el ministerio, escuchar su propuesta y buscar una fórmula para la redacción del artículo. Tardaremos dos minutos en ponernos de acuerdo”, avanzan fuentes cercanas a Moreno.

El cambio legal previsto es sutil pero efectivo: la ley andaluza avalaría que a partir de ahora, los agricultores sancionados los últimos 30 años por haber puesto cultivos —de regadío o de secano— donde había bosques de pinos, chopos o eucaliptos —especies de ciclo corto— sean eximidos de dichas multas administrativas. Es decir, que si la ley forestal andaluza prohibía desde 1992 a un agricultor plantar fresas donde antes había plantado árboles, para así favorecer la regeneración de los montes andaluces, ahora se elimina esa prohibición.

Sobre todo, este cambio normativo prevé que el agricultor no tenga que afrontar las multas impuestas hasta el momento por eliminar esas explotaciones intensivas de árboles, porque la Junta decreta la retroactividad de la medida. El decreto ley beneficia a algunos de los agricultores ilegales multados en el entorno de Doñana, pero también a muchos otros que en distintas comarcas andaluzas han infringido la ley por el cambio de uso de suelo hasta ahora prohibido. Está por ver aún el número de hectáreas de regadío que se verían beneficiadas junto a Doñana.

El artículo 242 del decreto previsto ocupa solo tres párrafos que modifican la ley forestal de Andalucía de 1992. La Junta alega que “se limita a adaptar la ley forestal andaluza a la estatal”, según fuentes de Presidencia, pero en realidad va mucho más allá: al cambiar su redactado, en Andalucía desde ahora se podrá retornar a usos agrícolas un suelo que antaño fue forestal mientras los árboles “se encuentren presentes” y no por el tiempo mínimo estipulado para especies de ciclo corto, tal y como fija la ley estatal. Es decir, si ardieran los árboles, el agricultor puede plantar fresas o tomates y no está obligado a replantar el bosque.

Además, si por ejemplo hace cinco años un agricultor decidió arrasar un bosque de pinos para cambiarlo por invernaderos de fresas y fue multado por los agentes medioambientales de la Junta, ahora estas sanciones serán perdonadas si el agricultor recurre sus multas, al esgrimir el cambio legal en marcha. “Se excluye el carácter forestal de aquellas superficies que, reuniendo las características descritas en el primer párrafo de este apartado, hayan sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad a su entrada en vigor”, reza el texto propuesto por el PP andaluz.

Juan José Carmona, representante de agricultura en la organización ecologista WWF, censura la amnistía diseñada por Moreno: “Diga lo que diga la Junta, hay una amnistía porque archiva los expedientes por transformación ilegal del suelo de forma retroactiva. Si en 1994 un agricultor puso eucaliptos y luego invernaderos, ahora se escapa y se le perdona la infracción”. Los ecologistas desconocen cuántas hectáreas en el entorno de Doñana se beneficiarán del cambio legislativo previsto por los populares, pero también más allá del parque, porque los cambios de usos de suelo forestal se han producido en toda la región.

Carmona cuestiona la fórmula elegida por la Junta del decreto ley, ya que elude todos los informes técnicos preceptivos para su aprobación urgente, también criticada por la oposición política. La norma modifica de una tacada 176 normas y los grupos políticos solo han tenido siete días para analizarla al evitar el PP que se tramite como proyecto de ley, y por tanto, que la oposición pueda presentar enmiendas de mejora o supresión. “¿Qué urgencia tiene esto? Ninguna. El ministerio debería exigir al menos la eliminación de la retroactividad de la norma porque carece de lógica”, critica el portavoz de WWF.

La reforma exprés del decreto ley abre muchos otros interrogantes que con su urgencia de tramitación parlamentaria los populares han intentado evitar. Por ejemplo, si los agricultores que cambiaron dicho uso de suelo tienen o no derecho a acogerse a las ayudas previstas en el plan social de 350 millones, que ofrece hasta 100.000 euros por hectárea a los agricultores que eliminen sus invernaderos, también a aquellos que burlaron la ley y con pozos ilegales esquilmaron el acuífero de la reserva.

Este cambio de suelo forestal a agrícola previsto fue tildado de “engaño de Moreno” por el PSOE andaluz, según avanzó este lunes la Cadena SER: “A escondidas, sin participación, sin debate y desdiciéndose de lo que acordó con el Gobierno de España, vuelve a querer colarnos su propuesta de cambiar suelos forestales por agrícolas en toda Andalucía y especialmente en el entorno de Doñana. O esto se cambia o ya le anuncio que nos veremos en el Tribunal Constitucional”, ha advertido el líder socialista, Juan Espadas, en la red social X (antes Twitter).

Mientras, la polémica proposición de ley presentada en el Parlamento por el PP andaluz para ampliar regadíos junto a Doñana y que supuestamente iba a ser retirada tras la firma del pacto con Transición Ecológica, como anunció Moreno en noviembre, sigue vigente y está colgada en la web del Parlamento andaluz, por lo que sigue adelante con su tramitación.

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