Castilla y León desafía al Gobierno al rechazar el cierre de la estación de esquí de Navacerrada

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), se ha enfrentado al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) por la orden de cierre de la estación de esquí de Navacerrada. Estas instalaciones se encuentran en unos terrenos públicos cuya gestión depende de Parques Nacionales, que el pasado marzo ...

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), se ha enfrentado al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) por la orden de cierre de la estación de esquí de Navacerrada. Estas instalaciones se encuentran en unos terrenos públicos cuya gestión depende de Parques Nacionales, que el pasado marzo alegó motivos ambientales para negar que esta concesión, caducada ese mes, volviese a concurso, como se hizo hace 25 años. Mañueco ha asegurado que “no hay razones políticas o jurídicas para declarar el cierre” y ha generado indignación en el ministerio, que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la Junta. Esta medida, que ya ha sido admitida a trámite, incluye “medidas provisionalísimas” para que “de forma inmediata” se impida judicialmente utilizar estas pistas, si bien la temporada comienza este 1 de diciembre.

La empresa responsable de administrar estas instalaciones, Puerto de Navacerrada Estación de Esquí, ha afirmado que su intención es mantener la actividad ordinaria y pedir una prórroga de dos años por el tiempo que el coronavirus impidió el desarrollo de campañas normales. El ministerio, que se refiere a esta situación como “ocupación ilegal” por haberse terminado el plazo de concesión en marzo, ha insistido en que las declaraciones del dirigente autonómico “parten de una premisa falsa y confunden deliberadamente el esquema de reparto de competencias”. Las competencias sobre este ámbito, señala el departamento que dirige la ministra y vicepresidenta tercera Teresa Ribera, son centrales porque esos terrenos de titularidad pública pertenecen a Parques Nacionales. El ministerio, sostienen sus representantes, emitió en octubre un requerimiento a Castilla y León para que la comunidad actuara en aquello en lo que sí tenía potestad: en la resolución del expediente de la concesión y la garantía de que las instalaciones para este deporte de invierno se retiraban de la cordillera. La orden de marzo indicaba lo que debía hacer la empresa: “Desmontar los remontes y sus zapatas, eliminar edificios y retirar sus escombros, cables y tomas de agua con un plazo que finaliza el día 30 de octubre de 2021”. Ribera ha sostenido este martes que le “preocupa” que una administración autonómica haya incumplido la norma y ha defendido que “esas instalaciones no pueden estar operativas”. “Hemos llegado a judicializar la situación porque creemos que incumple de manera muy clara los límites de lo que corresponde a las administraciones, que es velar por el cumplimiento de la norma”, ha zanjado.

La Junta, añaden portavoces del ministerio, rechazó esta solicitud y provocó que Parques Nacionales haya recurrido a la Abogacía del Estado para presentar un recurso contencioso-administrativo contra el gobierno de Mañueco, que gobierna en el territorio desde 2019 en coalición con Ciudadanos, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. “Como propietarios de los terrenos y visto que la autoridad competente no actúa, tenemos que elevarlo a la justicia”, explican desde el ministerio, que reiteran que ya en primavera le dejaron claro a la Junta que en ningún caso, siempre bajo motivos ecológicos y de protección medioambiental, se iba a volver a sacar a concurso público la explotación para el esquí de esos parajes. Las declaraciones del presidente autonómico han recibido la reprobación ministerial en cuanto a que, según ellos, vulnera “los derechos del propietario del monte” reconocidos en la propia Ley de Montes de Castilla y León y van contra el procedimiento administrativo para otorgar concesiones. Asimismo, consideran que invitan a “la vulneración del Estado de derecho para favorecer el interés privado en lugar del interés general”.

Las palabras de Mañueco, que afirmó que “no hay inconveniente” en que la empresa siga operando en Navacerrada, han recibido el apoyo de dos figuras claves de su partido. Su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respaldó a su compañero este mismo lunes, fecha en la que el barón popular aprovechó una rueda de prensa en Madrid junto a Ayuso para anunciar su desafío al Gobierno. El presidente de la formación conservadora, Pablo Casado, ha expresado con rotundidad este martes que “Navacerrada tiene que seguir abierto”, además de defender los deportes de invierno y reivindicar las actividades “del entorno rural” que contribuyen según él a combatir la despoblación.

Los argumentos que esgrimió el Ejecutivo para decretar este cierre se apoyaban en que en los últimos 50 años la temperatura media del puerto de Navacerrada aumentó casi dos grados. Además, la nieve se ha reducido en un 25% según los datos de la estación meteorológica del lugar. El cambio climático ha influido en que la temperatura media de las mínimas se haya elevado en 0,77 grados, además de que hayan disminuido también los días de heladas y de nieves. Esta zona ocupa 7,6 hectáreas y cuenta con un elevado valor ecológico y forestal.

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