La oposición carga contra la “reforma tributaria encubierta” de Kast

El Gobierno de José Antonio Kast aún no ingresa al Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional, la primera gran reforma legislativa de su mandato, y ya se vaticina compleja su tramitación. Si bien el presidente anunciará los detalles del proyecto que suma unas 40 medidas la noche del miércoles en una cadena nacional, las conocidas hasta ahora, como la rebaja al impuesto corporativo de 27% a 23% o limitar la gratuidad a los estudiantes de educación superior, han sacado ronchas en la oposición, que se ha alineado al considerar que en el gran paquete de propuestas hay una reforma tributaria encubierta. También hay algunos reparos de parte en la derecha tradicional, pero por el tema de la gratuidad y por más medidas para la clase media. La izquierda aboga para que la megarreforma, que incluye propuestas en materias económicas, ambientales y educativas, entre otras, se divida en varios proyectos de ley para discutirlos de a uno o, al menos, que se separe el tema tributario del resto del paquete. Postulan que el Ejecutivo es incoherente al proponer una rebaja del impuesto corporativo al mismo tiempo que defiende un ajuste fiscal porque alegan que no hay dinero en las arcas y le traspasan los costes del alza del precio del petróleo a los consumidores con un alza histórica de los combustibles.

Al mediodía de este lunes estaba previsto que la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, y la mesa directiva de la formación, se reunieran con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, el encargado de conducir las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Vodanovic, que se había quejado de la falta de voluntad de diálogo del Gobierno, suspendió el encuentro tras enterarse de que los diputados de su formación no habían sido contactados durante la negociación prelegislativa de la megarreforma. “Esto es algo inédito, porque siempre en los gobiernos lo que se busca es hacer un trabajo prelegislativo, un trabajo de diálogo para informar y para buscar los apoyos, no para hacer tabla rasa y pasar por encima de todo el resto”, dijo Vodanovic.

Los parlamentarios socialistas decidieron entonces entregarle una carta al presidente Kast en La Moneda comunicando que la inciativa no contará con su apoyo “debido a su carácter regresivo, fiscalmente riesgoso e institucionalmente impropia”. Y señalaron que no serán “parte de un proyecto que debilita al Estado en su rol protector y profundiza la desigualdad. No están las condiciones políticas ni técnicas para su aprobación”.

La senadora socialista Daniella Cicardini, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, aseguró que la reducción impositiva, sin compensación fiscal, “no solo es una inconsecuencia, es una provocación”. “No vamos a respaldar una reforma tributaria de contrabando que después termina pagando la clase media y los trabajadores”, añadió.

La exministra del Interior del Gobierno de Gabriel Boric, Carolina Tohá, del PPD, de la centroizquierda moderada, sostuvo que, de las medidas que se conocen del proyecto de ley, “es una reforma tributaria de tomo y lomo, y como consecuencia, debe ser discutida como tal”. “Podríamos estar de acuerdo con bajar la tasa corporativa si hubiera compensación. En lo que no estamos de acuerdo es en bajar la recaudación fiscal, porque ya estamos muy apretados, y tampoco en compensarlo de manera regresiva. Es decir, que paguen los pobres lo que dejan de pagar los ricos”, planteó este lunes en T13 Radio. La Democracia Cristiana, de la centroizquierda, también se opone a la reducción impositiva a las grandes empresas, y el diputado del PPD, Raúl Soto, remarcó que el principal problema es que no se separe la rebaja tributaria del resto del paquete de reformas. “Es contradictorio una rebaja tributaria a la gran empresa mientras hablan de estrechez fiscal y traspasan el alza de los combustibles a la clase media”, señaló.

El líder del Partido de la Gente, por su parte, Franco Parisi, de corte populista y con una bancada de 13 diputados, también ha señalado sus reparos a la medida, proponiendo otras más prioritarias, como rebajar el impuesto a los medicamentos y pañales. La discusión legislativa se prevé ardua y pondrá a prueba la capacidad de negociación de la Administración que lidera Kast. La derecha tradicional ha intentado estos días que se incluyan medidas que generen un impacto en el corto plazo en la clase media y ampliar las excepciones a los límites que el Ejecutivo pretende instalar a la gratuidad en la educación superior para neutralizar el relato de la oposición.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la tarde del lunes que 150.000 empresas se van a ver afectas a la rebaja de impuestos, que emplean la mitad de los trabajadores de Chile. “Esto no es un impuesto que baja (los impuestos) para los ricos. Es un impuesto que baja para las empresas, para que tengan más dinero para invertir“, apuntó. El minstro García Ruminot dijo este fin de semana en La Tercera que para él era “irrenunciable” la baja del impuesto corporativo, argumentando su necesidad para mejorar la competitividad y aumentar la inversión en Chile, aunque dejó abierta la puerta a una mayor gradualidad. Inicialmente se había hablado de realizar la baja tributaria en los cuatro años de mandato -un punto por año-.

Guillermo Ramírez, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), de la derecha tradicional, adelantó este lunes que el proyecto de ley será “controvertido” y “difícil” de sacar adelante, pero “absolutamente necesario para la reactivación económica”. Defendió que su aprobación era fundamental para impulsar el crecimiento, una de las tres grandes promesas de campaña de Kast -junto a la seguridad y el control de la migración irregular- y criticó a la izquierda. “No creo que la oposición esté hoy día en condiciones de decir qué es lo que necesita Chile para reactivar la economía, rechazando este proyecto, siendo que ellos destruyeron la economía. Déjenos gobernar”, afirmó.

La discusión legislativa ocurre en un momento complejo para el Gobierno de Kast. Su popularidad ha sufrido una fuga de apoyos desde que decidió que los consumidores asumieran los efectos del alza del petróleo, lo que, además, tendrá un impacto inflacionario. La oposición está apostando porque las expectativas económicas han dado un giro en el último mes y ahora quienes creen que la situación del país empeorará en los próximos seis meses llegan al 43%, prácticamente el doble que el 15 de marzo, a los pocos días de que Kast jurase el cargo, según la encuesta Criteria. Por eso, durante la discusión de la megarreforma, quieren centrarse en explicar cómo las decisiones de Kast impactan en la calidad de vida de los ciudadanos e instalar la idea de que este es un Gobierno para los privilegiados, que ayuda a los ricos y perjudica a la gente común.

Después de años donde la seguridad ha sido la principal preocupación de los chilenos, ahora es la economía, segúnlos sondeos de opinión pública. Según la última encuesta Criteria, un 64% considera que la principal prioridad del país debe ser el crecimiento, y un 72% cree que para lograrlo se deben aumentar los impuestos a las grandes empresas, todo lo contrario a lo que está postulando el Gobierno de derechas.