La trampa de la segunda vuelta

En Perú, hoy basta con menos de 10% de intención de voto para soñar con la presidencia. Un humorista conocido por imitar a Michelle Bachelet aparece disputando el paso a segunda vuelta cerca de un 9%. No es solo una curiosidad. Es una advertencia institucional. Cuando un sistema político se fragmenta demasiado, la segunda vuelta deja de ser un mecanismo de legitimación y pasa a ser apenas un mecanismo de selección entre candidaturas cada vez más pequeñas.

Los datos peruanos muestran esa trayectoria con claridad. En 2001, para entrar al balotaje todavía se necesitaba cerca de 25% de los votos; en 2006, 24%; en 2011, 23%; en 2016, 21%; y en 2021 bastó con apenas 13%. Hoy, con más de 30 candidaturas en competencia, las encuestas sugieren incluso que el segundo lugar podría clasificar con menos de 10%. La segunda vuelta, pensada para ordenar la competencia, empieza así a operar sobre una base cada vez más estrecha.

La institución, por supuesto, tiene una lógica atendible. En Chile, la segunda vuelta se introdujo para evitar el problema de legitimidad de origen que simboliza la elección de 1970: un presidente electo con poco más de un tercio de los votos, en un sistema de tres tercios donde era posible ganar sin mayoría. La promesa del balotaje era sencilla: si nadie logra mayoría al comienzo, al menos que el ganador final pueda reclamar el respaldo del 50% más uno.

Pero esa promesa suponía un sistema que ya no existe. Suponía que la primera vuelta ordenaba el mapa político y permitía identificar dos candidaturas relativamente amplias, capaces de estructurar coaliciones coherentes. En otras palabras, suponía que el problema era pasar de tres bloques grandes a dos. Pero ya no vivimos en un mundo de tercios. Vivimos, cada vez más, en un mundo de quintos, sextos o séptimos.

Y Chile, aunque todavía no llega al nivel peruano, viene recorriendo la misma pendiente. Si uno mira el porcentaje de votos en primera vuelta del presidente que finalmente gana la elección, la caída es evidente. Lagos partió con 47,9%. Bachelet en 2005 con 45,9%. Piñera en 2009 con 44,1%. Bachelet en 2013 con 46,7%, en una elección excepcionalmente desmovilizada. Después esa elección el descenso se vuelve claro: Piñera en 2017 gana con 36,6%, Boric en 2021 con 25,8%, y Kast el año pasado con 23,9%. Chile no está en la escala peruana, pero ya se mueve en la misma dirección.

Eso importa porque la segunda vuelta no crea una mayoría política: apenas agrega una mayoría electoral transitoria. Quien gana en diciembre no necesariamente llega con una coalición más sólida, un mandato más claro o mayor capacidad de gobernar. Muchas veces llega, más bien, con una suma táctica de votos prestados: electores que no votan por un proyecto, sino contra el otro. Esa es una mayoría útil para ganar una elección, pero bastante menos útil para sostener un gobierno.

Por eso la legitimidad que entrega la segunda vuelta es, en buena medida, legitimidad prestada. Sirve para cruzar la meta, pero no necesariamente para gobernar después. Y esa fragilidad se nota rápido. Si entendemos la luna de miel presidencial como el tiempo que tarda un gobierno en perder diez puntos desde su primera medición la historia es elocuente: Bachelet II duró 26 semanas, Piñera II 37, Boric apenas 10, y la de Kast terminó el domingo pasado. La mayoría electoral existe, pero su traducción política dura cada vez menos.

La segunda vuelta se inventó para evitar presidencias débiles. Pero en sistemas hiperfragmentados puede terminar haciendo exactamente lo contrario: investir con mayoría electoral a gobiernos políticamente frágiles. No resuelve el problema de origen. Apenas lo posterga.