Una maternidad sin redes y pagar deudas: los motivos que impulsaron a las chilenas a vender los datos del iris

Cuando Worldcoin aterrizó en 2021 en Chile, lo hizo en plena pandemia. El proyecto, representado por el Grupo Optimistic SpA en el país, fue instalando paulatinamente puestos o corners estratégicos cerca de centros comerciales con un único objetivo: obtener información personal a través del iris. Así, más de 200.000 personas de norte a sur hicieron largas filas, entre las ciudades de Santiago, Valparaíso o Concepción, para escanear sus ojos a cambio de criptomonedas. Sin embargo, las mujeres que cedieron esta característica única que permanece estable a lo largo de la vida, lo hicieron impulsadas por una mayor precariedad económica. Así lo sugiere un informe pionero realizado por la ONG Amaranta, que hace una retrospectiva de este caso y analiza los motivos detrás de la entrega del dato biométrico por género.

Aunque el análisis contiene una muestra no probalística de entrevistadas, constituye el primer acercamiento a las vulnerabilidades que experimentó la población femenina entre los 18 y 42 años al participar del proyecto que en octubre de 2024 cambió al nombre a World. “Existen relatos muy desiguales. Identificamos a muchas mujeres que vendieron sus datos a cambio de salvar sus economías y ellos, en cambio, lo hicieron impulsados por la curiosidad”, explica a EL PAÍS Cecilia Ananías, coautora del informe y directora de proyectos de la entidad que investiga en temas de género, tecnología y derechos humanos desde hace seis años.

Una vez que los aparatos denominados orbs escanean el iris, estos generan un código o hash que queda encriptado y guardado en la base de datos de la empresa, cuyo propósito es “emitir un documento de identidad digital”. En aquel entonces, los pagos se realizaban mes a mes y su valor fluctuaba según el precio de la criptomoneda. Los montos pueden ser gestionados por los usuarios a través de la aplicación World App, creada por Tools For Humanity, una empresa fundada por Sam Altman, quien está detrás de OpenAI y ChatGPT. Durante los seis meses que duró el sondeo, las investigadoras detectaron que gran parte de las encuestadas que cedieron información de este músculo que regula el tamaño de la pupila, estaban cesantes.

Otras, en cambio, habían sido madres, no contaban con redes de apoyo y evidentemente no podían salir a trabajar con un bebé recién nacido. Hay quienes lo hicieron para suplir necesidades básicas como comprar comida o ayudar a sus padres a llegar a fin de mes. El informe enfatiza en que la venta de datos se hizo a partir de un consentimiento viciado. Esto sucede, según las investigadoras, porque no es posible otorgar autorización sin tener la información correcta, y más aún, enfrentando una situación de emergencia económica.

“Algunas de las mujeres entrevistadas no comprendían totalmente los términos y condiciones. No sabían, por ejemplo, que el dinero estaba en criptomonedas”, complementa Karen Vergara, que se desempeña como directora de incidencia del organismo. Estudiantes, reponedoras de supermercados o abogadas, muchas de ellas expresaron sentimientos de vergüenza y arrepentimiento en las entrevistas. En ocasiones, a algunas les ocurrió en plena venta del dato biométrico.

“Las personas encuestadas sentían que lo que habían vendido era mucho más valioso de lo que se les había pagado”, agrega Ananías. Además, ellas tendían a depender de terceros para transformar las criptomonedas en pesos chilenos: desde la pareja, amistades, personas de su entorno o desconocidos encontrados a través de grupos de Facebook.

Solo tres mujeres de la muestra declararon ser capaces de girar el dinero por su cuenta, ya sea utilizando el depósito en la cuenta corriente de su banco o en aplicaciones como Binance.

Un avance para resguardar la privacidad

Otro de los aspectos que detectaron las investigadoras es lo difícil que es retirar el consentimiento inicial. La empresa, inclusive, captó información de menores de edad. Hace poco el Congreso chileno aprobó la nueva Ley de Datos Personales, que entrará en vigor a partir de 2026 y que creará por primera vez una Agencia Nacional de Protección de Datos Personales.

“Creemos que es un primer avance y una base para no estar tan vulnerables como país ante compañías que se aprovechan de economías emergentes”, sostiene Cecilia Ananías. La agencia, cuya misión será fiscalizar y velar por la debida protección de los datos personales, podrá recibir denuncias y tendrá la facultad de monitorear este tipo de casos.

Sin embargo, Ananías y Vergara insisten en que es necesario implantar la alfabetización digital en la población. “La falta de conocimiento sobre tecnología y datos personales también generan estos vacíos bajo los cuales las empresas se aprovechan y que están marcados por las brechas de género”, sostiene Vergara.

¿Qué sucederá con los datos personales?

Word continúa su expansión en América Latina, a pesar de que por ejemplo, el escaneado del iris de miles de europeos infringió el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la normativa europea que vela por la privacidad digital. Recientemente, las autoridades brasileñas ordenaron la suspensión inmediata de las operaciones de la compañía. El año pasado en Chile, el Servicio Nacional del Consumidor detectó infracciones porque la compañía “incentiva a captar información del iris sin informar el uso futuro de esos datos”. Por el contrario, en Argentina sigue operando a pesar de la existencia de denuncias.

“Siempre es bueno hacerse la pregunta a quién pasan estos datos cuando caen en malas manos”, plantea Vergara. Para la experta, aunque esto lleva a un “terreno especulativo”, lo que señala la literatura comparada y la experiencia es que los países suelen utilizar estas herramientas para el “control policial, la hipervigilancia o el perfilamiento”.

Esto puede suceder especialmente en “países de democracias débiles, atravesando conflictos o derechamente, regímenes autocráticos”. Un ejemplo de ello es China y sus más de 1.400 millones de habitantes que están sometidos a la vigilancia de cámaras de policía.

Otro caso grave que menciona el reporte es la situación que atraviesa Irán. En 2015, el país introdujo la Tarjeta Nacional de Identidad Biométrica. A través de esta herramienta, el Gobierno vigila y censura a activistas, organizaciones y minorías religiosas.