Las deudas del nuevo ministerio de Seguridad Pública
A pesar de las buenas intenciones, surge la pregunta de si este cambio estructural es suficiente para encarar los complejos desafíos de seguridad que enfrentamos
La reciente aprobación de la creación del ministerio de Seguridad Pública ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social chileno. Esta iniciativa busca responder a la creciente preocupación ciudadana por la seguridad y la necesidad de enfrentar de manera más eficiente los desafíos que plantea la delincuencia y el crimen organizado en el país. Al separar las funciones políticas del ministerio del Interior, de las tareas específicas de seguridad, se pretende lograr una mayor especialización y enfoque en la gestión de estas problemáticas.
Este nuevo ministerio tendrá bajo su mando a instituciones fundamentales como Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, con el objetivo de coordinar y fortalecer las acciones destinadas a proteger a la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones que motivan esta reforma, surge la pregunta de si este cambio estructural es suficiente para encarar los complejos desafíos de seguridad que enfrentamos.
Uno de los puntos críticos que se han señalado es la exclusión de organismos clave del nuevo sistema integrado de seguridad. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), por ejemplo, desempeña un rol esencial en la detección y prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Al no estar incorporada directamente en la estructura del nuevo ministerio, se podría limitar la capacidad de abordar de manera integral estos delitos, que son parte fundamental de las operaciones del crimen organizado.
Asimismo, el Servicio Nacional de Migraciones queda fuera de la órbita del nuevo ministerio. En un mundo globalizado, los flujos migratorios tienen un impacto significativo en la seguridad nacional. La migración irregular y la trata de personas son fenómenos que requieren una respuesta coordinada entre las distintas entidades del Estado. La ausencia de este servicio en la estructura ministerial podría dificultar la implementación de políticas efectivas en materia de control migratorio y seguridad fronteriza.
Otro punto crítico es el rol de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Según la minuta oficial del gobierno, la ANI será parte del nuevo Sistema de Seguridad y estará alineada con la Estrategia de Seguridad Pública. Sin embargo, es importante aclarar que dicho organismo no dependerá jerárquicamente del nuevo ministerio, sino que continuará funcionando como un ente autónomo que coordina con diversas instituciones. Este diseño plantea desafíos para garantizar una coordinación efectiva y evitar brechas en la implementación de políticas de seguridad. Si bien esta autonomía permite flexibilidad operativa, también refuerza la necesidad de establecer canales claros y eficientes de comunicación entre la ANI y el nuevo ministerio, ya que sin una integración efectiva se corre el riesgo de que existan brechas en la organización y el intercambio de información estratégica, lo cual podría mermar la eficacia de las acciones de seguridad.
La falta de control sobre el sistema penitenciario también plantea interrogantes significativas. Gendarmería, encargada de la administración de las cárceles y de la reinserción social de los reclusos, estará bajo el alero del nuevo ministerio. No obstante, sin una estrategia clara que aborde la rehabilitación y la prevención de la reincidencia, se podría estar desatendiendo un elemento fundamental para reducir los índices de criminalidad a largo plazo. Las cárceles, si no se manejan adecuadamente, pueden convertirse en escuelas del crimen donde las bandas reclutan y fortalecen sus operaciones.
Además, la creación de Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública introduce una nueva dinámica en la gestión territorial. Estas autoridades tendrán la responsabilidad de coordinar las acciones de seguridad en cada región, pero la dualidad de responder tanto al ministro de Seguridad Pública como a los Delegados Presidenciales Regionales podría generar conflictos de competencias y diluir la claridad en la toma de decisiones. La efectividad en el combate al crimen requiere de una cadena de mando clara y una coordinación fluida entre las distintas entidades.
En este contexto, es válido cuestionar si la reforma propuesta, a pesar de sus avances, logra articular una visión holística y coordinada que integre todos los frentes necesarios para enfrentar los desafíos actuales. La complejidad de la delincuencia moderna, que incluye cibercrimen, narcotráfico, corrupción y delitos transnacionales, exige soluciones integrales que abarquen desde la prevención hasta la persecución y sanción efectiva de los delitos.
Es fundamental considerar que la seguridad no es solo responsabilidad de las fuerzas policiales y de inteligencia. Requiere la participación activa de múltiples sectores, incluyendo áreas como educación, salud, desarrollo social y justicia. Por otro lado, la participación ciudadana es esencial para construir comunidades más seguras. Programas de prevención comunitaria, educación cívica y fortalecimiento de la confianza entre la población y las instituciones de seguridad pueden generar un impacto positivo significativo. Ambos enfoques no están incorporados en la nueva institucionalidad..
La creación del ministerio de Seguridad Pública es un avance importante hacia la especialización en la gestión de la seguridad, pero su éxito dependerá de su capacidad para coordinar de manera efectiva a los actores clave ya mencionados. Además, será fundamental adoptar una visión integral que priorice tanto la reinserción social como la prevención de la delincuencia. Sin estos elementos, es probable que esta reforma no alcance plenamente los objetivos de seguridad que demanda la ciudadanía