El itinerario judicial que viene para Manuel Monsalve, en prisión preventiva por violación

Fue este martes por la noche cuando el juez Mario Cayul, junto con ordenar la prisión preventiva para Manuel Monsalve, el exsubsecretario del Interior del Gobierno del presidente Gabriel Boric formalizado violación y abuso sexual a una asesora, también decretó cuatro meses de plazo para la investigación. En adelante, la indagatoria experimentará episodios cruciales, entre ellos la definición del momento en que el médico y exmilitante del Partido Socialista, de 59 años, entregue su declaración ante el fiscal Xavier Armendáriz, la toma de nuevos testimonios de testigos de contexto y las pericias sicológicas a la víctima de evaluación el daño.

La formalización es la primera etapa del caso e implica que la Fiscalía le ha comunicado a Monsalve, quien hasta el 17 de octubre estaba a cargo de de la seguridad pública en la Administración de Boric, de que existe una investigación en su contra. En paralelo hay una arista política, distinta a la penal, que si bien por ahora está en manos de Armendáriz, la próxima semana nombrará a otro fiscal para que se haga cargo de esa línea.

Monsalve fue trasaldado la noche del viernes desde el penal de Rancagua, ubicado a unos 80 kilómetros de la capital chilena, hasta la cárcel Capitán Yáber, en Santiago, conocida pues la mayoría de los detenidos están allí por delitos llamados de ‘cuello y corbata’: escándalos económicos y de corrupción. Fue una determinación que ordenó el juez Daniel Urrutia después de que el médico fuera amenazado por Antonella Marchant, líder del clan narco Los Marchant. Este sábado, el subsedirector operativo de Gendarmería, Leandro Pincheira, ha revelado que hubo “otras amenazas” al exsubsecretario, por lo que entregó los antecedentes a la Fiscalía.

La declaración de Monsalve

La denuncia en contra de Monsalve fue presentada el 14 de octubre. Armendáriz ha reconstruido las horas previas a los hechos que mediaron la acusación. La noche del domingo 22 de septiembre el médico actuaba como ministro del Interior subrogante —en reemplazo de Carolina Tohá— y fue junto a su subalterna a cenar a las 18.30 a un restaurante de comida peruana. Allí el exsubsecretario, que estaba sin sus escoltas, pagó una cuenta de más de 100 dólares en efectivo y, entre los dos bebieron ocho copas grandes de pisco sour. Tanto la denunciante como el exalto funcionario han señalado no recordar nada hasta al día siguiente. Ella despertó el lunes 23 al lado de Monsalve, en la misma habitación del hotel Panamericano, en el centro de Santiago. Por la mañana la víctima refirió una segunda agresión, cuando estaba despierta, que para el Ministerio Público fue un abuso sexual.

En el caso solo ha declarado la víctima, pero no Monsalve. El 15 de octubre, un día después de la denuncia, Armendáriz llegó hasta el Hotel Panamericano, donde residía el médico, con una orden judicial de entrada, registro de la habitación e incautación de su teléfono. Allí el fiscal sostuvo un breve encuentro con el médico, quien le señaló que le “gustaría declarar” de que “no me acuerdo nada”. Ese breve diálogo ha sido desestimado por un juez como testimonio, por lo que Monsalve debe entregar su versión de los hechos. No se sabe el momento en que ocurrirá: si declarará en el transcurso de los cuatro meses de investigación o si se dará en un eventual juicio oral.

Pericias a la víctima y nuevos testimonios

En la resolución en la que el juez Cayul decretó la prisión preventiva, citó una serie de testimonios, entre ellos el del taxista que los trasladó la noche del 22 de septiembre hasta el hotel, que resultó clave para la Fiscalía para constatar el estado en que ella se encontraba por la cantidad de alcohol que bebió. Pero también el de sus padres, y el de una médica y un sicólogo de un centro asistencial que la atendió en los días posteriores. Para el magistrado, Monsalve se aprovechó de que su asesora “estaba incapacitada para oponerse”.

Sin embargo, otros testimonios que se recabarán en adelante, de tipo psicológicos, son el de los profesionales que actualmente atienden a la denunciante. Se suma una pericia, que ya está ordenada, de evaluación de daño, que podría realizarse o en el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS) de la Policía de Investigaciones o en el Servicio Médico Legal (SML).

La arista política y los gastos reservados

El fiscal Armendáriz ha separado la indagatoria en dos partes: una, sobre el delito sexual; otra, relativa a la reconstrucción de cómo se fueron enteraron las autoridades de Gobierno y el círculo cercano a la subalterna. Cuando se hizo público el caso, el 17 de octubre, día en que renunció Monsalve, se señaló que solo sabían de la denuncia, 48 horas antes de la dimisión, la ministra del Interior —que fue informada por el jefe de la PDI Eduardo Cerna— y Boric. Pero en las últimas dos semanas la prensa chilena ha revelado, por cuenta gotas, que hasta el momento una docena de funcionarios tenían conocimiento, entre ellos los dos principales asesores del mandatario.

La Administración de Boric ha sido cuestionada en especial por la oposición, pero también por parte del oficialismo, porque permitió que Monsalve, que habló con Boric el 15 de octubre, permaneciera en funciones otros dos días. La información quedó encapsulada en un pequeño grupo y varios ministros del comité político, entre ellos la portavoz Camila Vallejo y la ministra de la Mujer Antonia Orellana, se enteraron de la denuncia horas antes de que a Monsalve se le pidiera la renuncia.

El exministro de Justicia, Luis Cordero, también se enteró en forma tardía. Y hoy es quien reemplaza a Monsalve. Según publicó el viernes El Mercurio, declaró ante la Fiscalía que al abrir la caja fuerte de la subsecretaría del Interior solo encontró un millón de pesos (unos 1.022 dólares) de los 50 millones de pesos (unos 511.000 dólares) que se asignaron a la repartición el último semestre de este año. La información la derivó a la Contraloría y ante ello el diputado opositor Andrés Celis ha presentado una ampliación de una querella en contra de Monsalve para que la Fiscalía investigue también una presunta malversación de fondos públicos.