Lo que esconde el caso de ‘la manada de Cobreloa’

Valentina recibió el documento firmado por la doctora Alejandra Ledezma en urgencias del Hospital Carlos Cisternas de Calama. Mientras la ciudad festejaba las Fiestas Patrias del 2021, ella sentía aún los dolores físicos y la angustia de la noche previa, donde había sido violada por ocho futbolistas en la residencia de los juveniles del plantel de Cobreloa, llamada La Casa Naranja.

Valentina leyó el informe que certificaba “signos físicos sugerentes de violencia sexual flagrante”, y decidió estampar la denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI) de Calama. Comenzaría allí un calvario de casi tres años que demuestra la negligencia, impericia y deshumanización de las instituciones deportivas, policiales y judiciales para abordar el más grave de los casos de violación grupal denunciados en el fútbol chileno.

Ese 17 de septiembre del 2021 Valentina narró los hechos a los oficiales de la PDI, que sin embargo la llamaron a desistir de la denuncia “porque no hay pruebas y estas cosas no llegan a ninguna parte”. La conminaron a firmar una declaración señalando que las relaciones con los ocho autores del delito habían sido “consentidas”.

Por protocolo, la investigación tras el informe médico debió seguir su curso en el Ministerio Público, pero el 12 de mayo del 2022 los fiscales cerraron la causa “por falta de elementos probatorios”.

El club Cobreloa, dos veces finalista de la Copa Libertadores y ocho veces campeón del fútbol chileno, instruyó a sus juveniles –entre los que estaban los ocho futbolistas acusados– de no dar detalles de la fiesta, del consumo de alcohol y drogas, como tampoco de la violación perpetrada y grabada por uno de los futbolistas.

El caso se activaría a comienzos del 2023 por las denuncias públicas de María Elena Saavedra, una de las madres de futbolistas no involucrados en los hechos, pero que estuvieron presentes en la fiesta. “Era un acto de conocimiento público”, dijo en los mails enviados al club y a la Asociación de Fútbol Profesional (ANFP).

Cobreloa encargó, en marzo del 2023, una investigación a un grupo externo de abogados, que concluiría en que “no hay antecedentes probatorios de los hechos contenidos en la denuncia”. La negación de los hechos no terminaría ahí. La Asociación que aglutina a los clubes del fútbol chilenos desestima las acusaciones, pese a la existencia del Decreto 22, sobre prevención y sanción de conductas de abuso sexual en sus reglamentos, argumentando que “la supuesta víctima no es parte de la actividad”. Dos años después de los hechos no hay sanciones ni sumarios sobre los supuestos responsables. Aún más, según Fernando Ramírez, presidente de Cobreloa (hasta abril de 2023), “por instrucción del directorio”, no había intención de perseverar ante el Ministerio Público y se habían firmado contratos para los jugadores involucrados, dos de los cuales habían sido ascendidos al primer equipo.

Por el contrario, los jugadores cuyas madres hicieron las denuncias habían sido marginados del plantel. El caso sólo se reactiva después de que Valentina –ya de 21 años– decidió conceder una entrevista a Canal 13 y a que el medio digital El Ciudadano decidiera recopilar los antecedentes de la fiesta, con lo cual el caso comienza a ser conocido como La manada de Calama. Otros medios periodísticos levantan el tema, ya con tintes de escándalo.

El caso escala hasta la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, empujado por la diputada independiente Marisela Santibáñez y sus pares, quienes impactados por el testimonio de Valentina y los evidentes vacíos del proceso deciden iniciar una investigación, de la cual participa el Ministerio de la Mujer.

A fines del 2023 el Ministerio Público reabre la causa y se la entrega al fiscal Eduardo Peña, que con las mismas pruebas disponibles el 2021 emana una orden de detención contra los ocho acusados. La PDI es encargada de detener a los sospechosos, que tras la formalización quedan en prisión preventiva. Dos de ellos, Rivaldo Hernández y Luciano Parra son esposados mientras entrenan en el complejo deportivo del club. Sobre todos los inculpados no recaían, hasta ese entonces, sanciones deportivas. Los agentes que habían conminado a Valentina a firmar la declaración inicial fueron suspendidos.

Tras el dictamen judicial, son provisoriamente marginados de la actividad por la ANFP, que finalmente aplica el Decreto 22 de sus reglamentos, el mismo que no había sido invocado en la denuncia original.

El debido proceso judicial determinará las responsabilidades de los futbolistas. Pero lo que el caso de Valentina, o de la manada de Cobreloa, dejó en claro es la insólita y dolorosa cadena de errores, irregularidades y eventualmente delitos cometidos en un proceso que, como nunca antes, evidenció la frágil estructura del deporte chileno para lidiar con la agresión sexual, una red de protección vasta y sospechosa, además de un silencio que, en muchos casos, fue complicidad para entorpecer la búsqueda de la verdad.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS Chile y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.