Jorge Bermúdez, contralor: “Ojalá el proceso constitucional en Chile se cierre por los próximos 30 años”

El 17 de diciembre, Jorge Bermúdez (54 años, Valparaíso) dejará el cargo de contralor general de la República de Chile después de ocho años. Su período abarcó tres presidencias: la de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018); la de Sebastián Piñera (2018-2022) y la del actual mandatario, Gabriel Boric. En cada una, el órgano contralor levantó auditorias complejas, entre ellas el escándalo de las pensiones millonarias en Gendarmería en 2017, el cuestionamiento a Carabineros durante ...

El 17 de diciembre, Jorge Bermúdez (54 años, Valparaíso) dejará el cargo de contralor general de la República de Chile después de ocho años. Su período abarcó tres presidencias: la de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018); la de Sebastián Piñera (2018-2022) y la del actual mandatario, Gabriel Boric. En cada una, el órgano contralor levantó auditorias complejas, entre ellas el escándalo de las pensiones millonarias en Gendarmería en 2017, el cuestionamiento a Carabineros durante el estallido social de 2019 y, en 2023, la explosión del caso Convenios, que ha golpeado a parte importante de la nueva generación que está en el poder.

Bermúdez, abogado, recibe a EL PAÍS este jueves en la Contraloría después de participar en un acto de balance de gestión 2015-2023. Precisamente, entre los asistentes se encontraban Bachelet, Piñera y Boric, su casi vecino en el céntrico barrio Yungay. Su salida del cargo ha coincidido con un evento clave para Chile: el plebiscito del próximo domingo para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución. De ese proceso, del caso Convenios, y de sus momentos más complejos en el cargo profundiza en esta entrevista.

Pregunta. Desde que asumió en 2015, la percepción de la corrupción en Chile ha aumentado en 14 puntos, hasta el 84%, según la encuestadora Cadem. ¿Qué pasó?

Respuesta. Así como se pone ese resultado de encuesta, uno puede poner otros índices. El que más se utiliza es el de Transparencia Internacional, donde se ve que la percepción de la corrupción está estancada.

P. En ese índice, Chile era el país con mejor resultado de América Latina y hoy está detrás de Uruguay.

R. Sí, pero no quiere decir que lo estemos haciendo peor que Uruguay, sino que hay alguien que ha mejorado rápidamente. La corrupción es muy difícil de medir, porque es un fenómeno que se produce en la oscuridad y nadie está diciendo “yo soy corrupto”. Va a depender de cómo reaccionan las instituciones, pero también está en cuestión decir si hay o no corrupción cuando se mide solo la percepción. Si uno le pregunta a una persona si hay más corrupción que antes, va a decir que sí, pero si le pregunta si ha pagado un soborno o ha sido víctima de un acto de corrupción, más del 90% dirá que no. Hay una dicotomía bien grande entre la percepción y lo que ocurre.

P. Sobre el caso Convenios, ¿no era posible advertirlo?

R. Como Contraloría lo hemos advertido en el Congreso desde 2018. Por lo menos 10 veces dijimos que había un problema con la forma en que se transferían los recursos a privados, a fundaciones, porque no existía una regulación. Nos respondieron que lo iban a considerar, pero que era muy difícil de regular. En 2018 le hicimos llegar propuestas de regulación al Ejecutivo que se consideraron parcialmente y después en la Ley de Presupuesto no quedó mucho. Por eso estamos mucho más conformes con lo que viene en la próxima Ley de Presupuesto, donde la regulación es mucho más completa.

P. ¿Por qué la Contraloría autorizó en 2022 que los gobernadores hicieran transferencias sin pasar por el Consejo Regional?

R. Fue lo que nos plantearon los gobernadores regionales. Era lo que querían porque le daba agilidad a su gestión, pero en realidad era una facultad que ya estaba en la ley. La Contraloría no puede innovar respecto de algo que no está establecido en la ley. El problema es que uno puede terminar validando algo que sabe que está mal, porque no tiene un ordenamiento jurídico respecto del cual contrastarlo. Se validó algo mirando las pocas reglas que había, pero eso es la toma de razón.

P. La generación que está hoy en el poder no tenía experiencia en el sector público. ¿Eso se notó?

R. Se notó absolutamente. A diferencia de lo que me ocurrió en los dos Gobiernos anteriores [Bachelet; Piñera], cuando los ministros y subsecretarios solicitaban reuniones permanentemente. Si tenían un problema con una concesión o con los tiempos de los decretos, por ejemplo, me preguntaban. Esas cosas están dentro de la colaboración que tiene que haber entre el fiscalizador y el fiscalizado y eso nos ha faltado en este último tiempo.

P. ¿En qué se ha graficado esa falta de experiencia?

R. Precisamente, en no conocer bien la manera y la incidencia que tiene la Contraloría en el funcionamiento del Estado. Creo que fue no haber visto que la Contraloría no solo es el ente fiscalizador, sino también colaborador de la gestión pública.

La capacitación frustrada

P. ¿Qué herramientas cree que le faltan a la Contraloría?

R. No creo que deba existir una mega Contraloría con superpoderes, ni que esa sea la solución a los casos de corrupción que de cuando en cuando aparecen en el sistema público. Desaconsejaría un sistema con una especie de zar anticorrupción, porque basta con que alguien lo coopte a él para que colapse todo el sistema.

P. La propuesta de nueva Constitución contempla una Agencia Anticorrupción. ¿Qué opina de ella?

R. La Contraloría ha quedado resguardada en su facultad en las dos propuestas constitucionales. ¿Qué me preocupa? La Agencia Anticorrupción que coordinará a los órganos que tienen competencias anticorrupción. El artículo [de la propuesta] es tan escueto que todo dependerá de cómo quede configurada la agencia en la ley. Y ahí puede haber un riesgo, porque la Contraloría es un órgano autónomo que tiene contrapesos.

P. ¿Qué le parece que Chile esté intentando cambiar por segunda vez su Constitución en tres años? ¿Es una historia de nunca acabar?

R. Lo único que yo podría decir en este momento, porque todavía desempeño el cargo, es que pase lo que pase el 17 de diciembre [la fecha del plebiscito], espero sinceramente que por la estabilidad del país, por el desarrollo económico, por la tranquilidad espiritual de sus ciudadanos, ojalá se cierre el proceso. Ese día debería quedar cerrado por los próximos 30 años, porque de verdad que esto desgasta mucho y entraba cualquier otra discusión.

P. ¿Por qué cree que es importante que exista ese periodo largo de calma constitucional?

R. Por muchas razones. Chile es un país pequeño que necesita mostrar ciertas virtudes para ser atractivo a quienes quieren venir o invertir. Su propia sociedad necesita tranquilidad para hacer un proyecto de vida. ¿Qué persona va a querer proyectarse en una sociedad donde no sabe cuáles son las reglas fundamentales que la rigen? Chile necesita demostrar ciertas virtudes que eran las que tenía, como su fortaleza institucional y su estabilidad. Eso no lo hemos tenido producto de la discusión constitucional. No digo que no haya reformas a la Constitución, lo que digo es que abrir de nuevo toda una discusión constitucional con órganos nuevos fuera del Congreso y con plebiscitos, es muy estresante para la ciudadanía, a diferencia de lo que puede pasar en el Congreso.

P. ¿Qué se hace con el descontento del estallido social si se cierra la alternativa de cambiar la Constitución por 30 años?

R. Asumirlo, porque ese descontento no ha desaparecido, pero ha sido precluido por otras necesidades más importantes del momento. Tenemos una grave crisis de seguridad que ha acallado los problemas graves que estamos teniendo sobre todo en educación. Eso es una catástrofe y no veo que haya realmente un plan que diga hacia dónde vamos. Voy a decir algo súper políticamente incorrecto. En dos años, vi una vez al antiguo ministro de Educación [de Boric, Marco Antonio Ávila] cuando vino a una visita protocolar y al actual [Nicolás Cataldo] no lo conozco. Los ministros de Educación que tuvo el presidente Piñera venían cada dos meses. O sea, cómo no vas a tener algo que ver con la Contraloría si tienes problemas con la construcción de jardines infantiles, con la educación superior, con el crédito universitario, hay universidades en quiebra y súmale y súmale.

P. ¿Las autoridades de esta Administración recibieron una capacitación?

R. Fue un episodio un poco frustrante. Habíamos preparado una capacitación muy bonita para todos los ministerios y subsecretarios con un programa que nos les iba a quitar más de tres horas para entender sobre todo cuál era el rol de la Contraloría. La programamos y la reprogramamos varias veces hasta que en algún momento tuvimos que decir ¿sabes qué? Otro día la hacemos y nunca se hizo. Cambiaron cuatro veces la fecha.

“En el nivel municipal hay que poner atención”

P. ¿Qué casos han marcado su gestión?

R. En todas las presidencias ha habido casos importantes. En Bachelet, por ejemplo, el tema del pago de jubilaciones en Gendarmería, que costaba cientos de miles de millones al fisco. En Piñera estuvieron los temas relacionados con los recursos de la pandemia, el número de fallecidos… Esto último no tenía tanta importancia por el dinero, sino por las medidas que se adoptaban. Como señalaban un número de fallecidos muy bajo, las medidas eran muy laxas. Nosotros les decíamos que no eran los números que teníamos con los datos del Registro Civil. Era evidente lo que pasaba ahí. Antes de eso estuvo el estallido, una situación bien extrema. Hicimos los sumarios al alto mando de Carabineros y determinamos que hubo incumplimiento de sus reglamentos para el uso de la fuerza. Recibimos más de 600 denuncias.

P. En septiembre, un tribunal anuló el dictamen argumentando que la Contraloría no tenía las competencias para fiscalizar a Carabineros.

R. Eso lo vamos a seguir discutiendo. Los generales, por muy generales que sean, son funcionarios públicos que están sometidos al rol fiscalizador de la Contraloría. Ellos tienen su regulación y tenían que observarla y no lo hicieron. Eso genera responsabilidad. Esto es mucho más grave porque aquí hubo gente que terminó con los ojos mutilados. Otro momento crítico fue la reunión del Cosena (Consejo de Seguridad Nacional) [el 7 de noviembre de 2019, semanas después del estallido]. Ahí dije: “No me parece que estas circunstancias ameriten haber citado al Cosena. Esto no es una crisis internacional, no es una situación de guerra, es un problema de orden público interno”. Me parecía que no era procedente tener ahí a todos los generales de la Fuerzas Armadas porque además recordaba una época de otro momento histórico…

P. La dictadura de Augusto Pinochet.

R. Ver a los comandantes en jefe sentados en el Cosena me recordó mucho la época de la dictadura. De hecho, dije: “Esto corresponde a una época aciaga de nuestra historia reciente”. También le dije al entonces general director de Carabineros [Mario Rozas]: “General, se gastan cientos de millones de pesos en inteligencia policial y aquí todavía no sabemos qué ha pasado. Eso es responsabilidad suya”. Él se deshizo en disculpas, pero obviamente no fue capaz de dar una explicación coherente de lo que estaba pasando. Nunca tendremos la respuesta de cómo no lo vieron venir, porque no tenían la información.

P. ¿Ha habido algún cambio en Carabineros?

R. Con este general director [Ricardo Yáñez] uno ha visto que se han tomado en serio la función policial. Antes era muy de oído. La formación del carabinero era de menos de un año. Hoy es el doble de tiempo. Han sido capaces de mostrar que era posible avanzar en una policía más profesional sin tener que refundar Carabineros.

P. ¿Cuál cree que es la institución donde más hay que poner ojo hoy día?

R. Como hay niveles grandes de autonomía, el nivel municipal es donde hay que seguir poniendo mucha atención. Pero también me preocupan los gobiernos regionales. El proceso de descentralización va a ir incrementándose y se les van a ir traspasando cada vez más competencias y más recursos. Con una estructura institucional muy básica, con regiones que no tienen la capacidad para desarrollar proyectos ni mucho menos ejecutarlos…, esa plata al final termina, como acabamos de ver, transfiriéndose para que se entienda ejecutada cuando en realidad no.

P. ¿Cuál fue el momento más difícil en sus ocho años?

R. Uno pensaría que son los relacionados con el trabajo, pero esos son propios del ejercicio de un cargo. Un momento realmente difícil fue que un viernes de mayo de 2018 se murió mi papá y el lunes tuve que dar la cuenta pública. Fue una situación muy difícil porque uno podría haber dicho: “Voy a suspenderla”, ... o tal vez debí hacerlo, no lo sé. Era la primera cuenta pública con un presidente nuevo [el segundo mandato de Piñera]. Fue súper duro en lo personal. Además, uno como que pierde el techo cuando se le muere el papá. Tal vez lo peor es después, cuando no tuviste tiempo ni para hacer duelo, sino que seguiste la moledora de carne.