Reforma notarial: cambios urgentes aquí y ahora

Llevamos muchos años y varios proyectos de ley intentando modificar el sistema de notarios, el cual tiene serias deficiencias que se expresan en diferentes dimensiones: i) sistema de nombramiento poco transparente, ii) oligopolios entregados por el Estado sin un adecuado control, iii) rentas excesivas y iv) sistema arcaico en materias de modernización y uso de tecnologías de la información.

En todos estos intentos por reformar el sistema se ha tenido que luchar muy fuertemente con el cabildeo realizado por los notarios y los gremios que los agrupan, que han buscado por todos los medios detener este proceso de modernización, con el argumento de que muchos de estos cambios atentan contra “la fe pública”, existiendo mejores formas de garantizarla, por ejemplo, con un sistema de nombramiento más transparente y basado en reglas claras.

Veamos algunos de los problemas que se han suscitado en cada una de esas dimensiones.

Desde un punto de vista de los nombramientos, hay amplia evidencia de abusos con la inclusión de parientes en dichos procesos. Sin ir más lejos, los últimos días ha estado en los medios la discusión respecto del nombramiento de una persona en una notaría que no tendría las competencias necesarias y que pone de manifiesto nuevamente el abuso de las relaciones de parentesco. La fundación América Transparente demostró en un análisis que el 26% de los notarios y conservadores tienen relaciones de parentesco con exnotarios, conservadores, exconservadores, archiveros o exarchiveros, bastante por sobre el promedio de otros sectores.

Por otro lado, las notarías cuentan con un mercado garantizado, el cual se establece con una lógica de asignación geográfica, un criterio que hoy en día, con las nuevas tecnologías, resulta bastante poco entendible y menos aún justificable.

Respecto de las tarifas: si bien son reguladas o debieran serlo, un estudio de la Fiscalía Nacional Económica mostró que no se respetan. Incluso los ingresos de estos proveedores de servicio son extremadamente altos: las ganancias de los notarios en promedio son de 14 millones de pesos mensuales, ubicándolos en el 0,5% más rico del país.

Finalmente, las notarías persisten en el uso de procesos del todo arcaicos con una mala calidad del servicio a la ciudadanía, y que no se condicen con el avance tecnológico actual. Actualmente existen tecnologías que permiten que muchos de esos procesos no requieran una actuación presencial para llevarse a cabo, reduciendo en forma significativa los costos directos e indirectos de los mismos. El estudio de la Fiscalía Nacional Económica estimó un potencial ahorro de 149 millones de dólares anuales de modernizarse el sistema.

Una reforma más profunda a la actual, y que hubiera incluido a los Conservadores de Bienes Raíces (que adolecen de los mismos problemas), era el escenario ideal, estableciendo un modelo operacional diferente, por ejemplo, separando las tres capas del servicio que dicho proceso tiene, y entregarlo cada una de ella a diferentes actores, como ya lo señalé varias veces en estudios e intervenciones en el Congreso: i) procesos de ventanilla y atención de público, utilizando en forma intensiva mecanismos tecnológicos y modelos de atención con menores niveles de presencialidad, ii) procesos de negocios vinculados a la fe pública (evaluación documental, certificación y firmado) y iii) y finalmente los procesos de repositorio documental en todos ellos utilizando un uso más sofisticado de tecnologías de información.

Sin embargo, la reforma que se está discutiendo ya sería un primer paso, más aún considerando las indicaciones con las que va a insistir el ejecutivo, esto es:

• Sacar al Poder Judicial del sistema de selección y conformación de ternas de nombramientos de notarios y conservadores, entregando dicho proceso al Sistema de Alta Dirección Pública.
• Incluir normas de prohibición en el nombramiento de parientes en el sistema de notarías.
• Fortalecer mecanismos de control de la calidad del servicio que proveen notarios y conservadores.
• Establecer que el cargo cese cuando las personas cumplan 75 años.

Si bien los notarios han logrado aguar varias cosas del proyecto original, y las ideas fuerza de las recomendaciones del estudio de la Fiscalía Nacional Económica, avanzar con la reforma actual ya sería un gran avance, porque parafraseando a un exfiscal económico: “El sistema notarial no está a la altura de los tiempos y de la sofisticación de la economía chilena”.