Condenado a 17 años de cárcel Martín Pradenas, el violador que movilizó a las feministas de Chile

La justicia chilena ha condenado este viernes a Martín Pradenas, de 31 años, a 17 años de cárcel por siete delitos sexuales perpetrados contra seis víctimas entre 2010 y 2019. Este caso, que se arrastra desde hace tres años, es simbólico en la lucha feminista del país sudamericano. Arrancó en 2019 con la denuncia de violación a Antonia Barra, cuando ella tenía 21 años. La joven se suicidó tres semanas después de la agresión, sacando a la calle a miles de mujeres en busca de justicia. La Fiscalía y la familia de Barra pedían 40 años de prisión para el “depredador sexual”.

Pradenas, quien siempre se declaró inocente, se encuentra en prisión preventiva desde mediados de 2020. Esos tres años se le descontarán a la condena, por lo que cumplirá 14 tras las rejas. Alejandro Barra, padre de Antonia, se mostró en contra de los años de sentencia: “El hecho de que no estemos conformes no significa que vayamos a sufrir más. Solamente es un remedio que no nos calma totalmente. Y ninguna pena, ni los 40 ni los 100 años que se le pudieran dar al imputado, nos calmará la tristeza de haber perdido a nuestra hija”.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco (a unos 650 kilómetros al sur de Santiago) lo declaró culpable a comienzos de julio por dos delitos de violación a personas mayores de 14 años, cuatro abusos sexuales a una mayor de 14 y otro a una menor de 14. Esa fue la resolución del segundo juicio al victimario, después de que la Corte Suprema acogiera el pasado diciembre el recurso de nulidad presentado por la defensa de Pradenas, que acusó falta de imparcialidad por parte de uno de los jueces. El máximo tribunal anuló ese juicio, en el que había condenado a 20 años de cárcel.

El juez José Ignacio Raul Atria sostuvo al finalizar el segundo juicio que las pruebas de las víctimas, testigos y agente de la Policía de Investigaciones fueron “concordantes, consistentes, complementarias y suficientes”. Pradenas no podrá trabajar de por vida en centros educativos o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, sostuvo, previo a conocerse la sentencia, que más “más allá de la pena” valoran “la decisión de condena del tribunal, que implica dar por establecidos los hechos que fueron materia de la acusación y también permite reconocer la verdad de las víctimas”.

El caso de Antonia Barra ha sido un símbolo de la lucha feminista en Chile. De acuerdo al relato del fiscal, Barra llegó el 17 de septiembre de 2019 a una discoteca de Pucón, en la sureña región de la Araucanía. En el recinto, Pradenas la acosó por horas y la convenció para salir del lugar. Entre las pruebas del Ministerio Público, un vídeo la muestra caminando con dificultad junto a Pradenas. Según las pruebas, estaba en estado de ebriedad. A la mañana siguiente, la víctima llamó llorando a la amiga con la que fue a la discoteca y le dijo que Pradenas la había encerrado en una cabaña.

Según el fiscal, cuando sus amigos fueron a buscarla, Barra se veía muy afectada y no contó lo ocurrido. El 12 de octubre le relató a su exnovio que Pradenas la había violado, de acuerdo a los mensajes encontrados en su móvil. Al día siguiente, se despidió del chico, y a las pocas horas, se quitó la vida.

En julio de 2020, los tribunales ordenaron solo el arresto domiciliario a Pradenas, pese a las peticiones de la Fiscalía de decretar la prisión preventiva. La decisión sacó a la calle a miles de mujeres en diferentes ciudades del país. Días después de las protestas, el Ministerio Público revocó la medida cautelar y dictó la prisión preventiva por considerar que Pradenas constituía un peligro para la sociedad. El caso de Barra impulsó a otras víctimas del agresor a contar sus testimonios ante la justicia.

Desde entonces, Alejandro Barra, padre de la víctima, junto con organizaciones feministas, se han movilizado para que el suicidio feminicida tenga persecución penal. A finales de 2022 se promulgó la Ley Antonia, la que establece que la persona que “con ocasión de hechos previos constitutivos de violencia de género, cometidos por este en contra de la víctima, cause el suicidio de una mujer, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio feminicida”.