Contradicciones en el seno de la izquierda chilena

En las últimas dos semanas, hemos sido testigos de lo que especialistas en comunicación denominan escándalo político, al ser denunciado el traspaso de recursos públicos a fundaciones vinculadas a Revolución Democrática (RD), uno de los principales partidos del Frente Amplio (FA) chileno e integrante del actual Gobierno. Se utiliza la expresión escándalo político para dar cuenta de hechos que comprometen al Gobierno de turno, remeciendo a la opinión pública y generando una alerta en sectores de la oposición y del oficialismo. En la América Latina de los años noventa, situaciones d...

En las últimas dos semanas, hemos sido testigos de lo que especialistas en comunicación denominan escándalo político, al ser denunciado el traspaso de recursos públicos a fundaciones vinculadas a Revolución Democrática (RD), uno de los principales partidos del Frente Amplio (FA) chileno e integrante del actual Gobierno. Se utiliza la expresión escándalo político para dar cuenta de hechos que comprometen al Gobierno de turno, remeciendo a la opinión pública y generando una alerta en sectores de la oposición y del oficialismo. En la América Latina de los años noventa, situaciones de escándalo por corrupción derivaron en juicio político al Presidente de la República, provocando su caída y posterior reemplazo, tal como sucedió con Fernando Collor de Mello (1990-1992) en Brasil.

Más allá del problema legal, lo ocurrido con el tema de las fundaciones tiene enormes repercusiones políticas y, al mismo tiempo, refleja una suerte de contradicción vital en el discurso y ethos de la izquierda chilena, cuya apuesta ha sido la superación del neoliberalismo y el reemplazo del actual Estado subsidiario. A su vez, lo de las fundaciones se entremezcla con otros temas igualmente contradictorios para la izquierda.

El problema de las fundaciones deviene controversial al ser denunciados los traspasos de recursos que recibió Democracia Viva ligada a RD. Conocido lo ocurrido, las actitudes de sus dirigentes pusieron en evidencia un comportamiento errático, y un notorio doble estándar, junto a carencias frente al manejo de la crisis que se desató internamente, la que a reglón seguido salpicó al propio Gobierno. La escasa habilidad para manejar la crisis también quedó expuesta en el resto de los dirigentes del Ejecutivo y en el propio presidente de la República, quien en un momento señaló que no “metería las manos al fuego por nadie”. Tales dichos contrastaron con sus recientes declaraciones de apoyo a la delegada presidencial de la Región del BioBío y a uno de los secretarios regionales ministeriales (Seremis) del Maule.

Partidos como RD estarían utilizando las fundaciones como mecanismos de financiamiento político y sostén de sus redes clientelares a nivel territorial. Siguiendo a Richard Katz y Peter Mair, RD y otros partidos del actual Gobierno se transformaron en los últimos años en prototipos de partidos cartelizados, al depender de recursos del Estado y de una militancia integrada principalmente por funcionarios públicos.

Cabe destacar que la verdadera contradicción, entre figuras de izquierda y en especial del FA, no está en la defensa hacia quienes tienen la responsabilidad política y administrativa más directa, sino en cómo se ha justificado la existencia de las fundaciones. Es cierto que, bajo las actuales condiciones, el funcionamiento del Estado requiere de una mayor colaboración público-privado, en diferentes ámbitos. Pero también es cierto que el actual Gobierno ha superado a los precedentes en traspaso de recursos hacia las fundaciones. En tal sentido, el fortalecimiento de las fundaciones, y su mayor involucramiento en la ejecución de políticas públicas y asistenciales, se transforma en una reafirmación del principio de la subsidiaridad. ¿No pretendía la izquierda superar el Estado subsidiario? ¿En qué se diferencia la presencia de fundaciones, vinculadas a partidos de izquierda, o que operan de manera directa en los territorios, con la idea de los cuerpos intermedios pregonada por Jaime Guzmán y los gremialistas en su defensa de la subsidiaridad?

Con el problema de las fundaciones, así como con la movilización del Estado frente a incendios forestales, como los ocurridos en el verano, y los recientes temporales de lluvia, aparece otro problema no resuelto: el rol de los delegados presidenciales. Durante el funcionamiento de la Convención Constitucional hubo un consenso en amplios sectores, incluyendo la izquierda, de avanzar hacia un Estado descentralizado. En los dos últimos años, el papel de los gobernadores electos se ha visto anulado con la nominación de delegados presidenciales por el Primer Mandatario. Es decir, a un gobernador electo en la región se le contrapone un delegado presidencial nominado por el Gobierno central. En vez de racionalizar los recursos, estos se distribuyen para dos entidades cuyos papeles se superponen.

Desde la izquierda también se ha hecho una apuesta por la profundización y, en especial, por la transparencia y la rendición de cuenta (accountability), requisitos básicos para lo que se ha denominado una democracia de calidad. Por ende, no se entiende que a través de un decreto se defina una comisión que regule la desinformación bajo el argumento de evitar las noticias falsas. Se trata de algo preocupante dado que, por un lado, se puede transformar en arma de doble filo si es que el Gobierno queda en manos de sectores contrarios al actual. Asimismo, preocupa el hecho que un tema tan sensible no se haya discutido en el Congreso ni por una comisión, sino que haya sido planteado a través de un decreto. Con la cantidad de recursos que se traspasa a organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las fundaciones, ¿por qué a estas alturas no existe una prensa independiente?; ¿o por qué las fuerzas políticas que emergieron en las dos últimas décadas no se empeñaron por desarrollar medios de comunicación alternativos? Regular la comunicación, por quienes ni siquiera han desarrollado una buena política comunicacional controlando los recursos del Estado, no puede ser garantía para evitar la desinformación por más que se quiera, para darle apariencia de seriedad, involucrar al Ministerio de Ciencia, una de las reparticiones con más problemas de gestión durante el Gobierno anterior y el actual.

Gobernar por decreto, saltándose a los órganos de representación y deliberación, como el Congreso Nacional, es siempre delicado pensando en evitar cualquier amenaza al sistema democrático. En el pasado, gobernar por decreto le costó caro a este país, junto con provocar el alejamiento entre el oficialismo y quienes adoptaban una posición más moderada o de independencia.

A 50 años del golpe de Estado de 1973, tales contradicciones denotan una falta de proyecto por parte de la izquierda y su derrota ideológica frente a la derecha, no obstante haber llegado accidentalmente al Gobierno a fines de 2021.